El contrato social

La Gran Recesión ha modificado la situación de las clases sociales de las zonas afectadas. Al análisis de estos cambios se programó el seminario Las clases medias y el impacto de la crisis en Europa, América Latina y Estados Unidos, organizado por la Fundación Areces y con la participación del Banco Mundial.

Su economista jefe para América Latina (AL), Augusto de la Torre, presentó un informe (La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en AL) cuya metodología puede ser muy útil para conocer lo que ha sucedido con la estratificación social en cualquier parte del planeta desde que en 2007 asomaron los primeros indicios de la tormenta perfecta. Según tal informe, en AL ya no hay tres grandes clases sociales sino cuatro, pues entre los pobres (un 30% del total de la población) y la clase media (otro 30%) se ha incrustado un número considerable de personas que parecen llegar a fin de mes con suficiente holgura como para que no se les incluya entre los pobres, pero que tampoco gozan de la seguridad económica que se requeriría para pertenecer a la clase media. A esta nueva clase (un 37,5% del total) se la denomina la de “los vulnerables”.

El crecimiento de la clase media y de los vulnerables en AL puede modificar la esencia del contrato social de la zona, que el BM califica de “truncado”. Se entiende como contrato social la combinación de acuerdos implícitos y explícitos que determinan lo que cada grupo contribuye al Estado y lo que recibe de él. A grandes rasgos se ha caracterizado por un Estado pequeño al que la élite contribuía con impuestos bajos y del que se beneficiaba en gran parte mediante un conjunto “truncado” de pensiones, indemnizaciones por despido, etcétera, al cual solo tenían derecho los trabajadores formales del sector privado, no la gigantesca bolsa de economía sumergida.

Ya no hay tres grandes clases sociales, sino cuatro: alta, media, baja y “los vulnerables”, entre la media y la baja

El informe del BM propone tres factores de actuación para mejorar ese contrato social y unir al mismo a la universalidad de la ciudadanía. Primero, la incorporación más explícita del objetivo de la igualdad de oportunidades en las políticas públicas, para asegurar que las clases medias sienten que viven en una sociedad donde esforzarse merece la pena y los méritos son recompensados, en lugar de una sociedad que tiende a favorecer a los grupos privilegiados. En segundo lugar, embarcarse en una nueva generación de reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda social y la seguridad social. Por último, romper el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos que lleva a las clases medias y altas a optar por desvincularse de estos últimos.

Se trata de que la región no pierda la oportunidad iniciada en la primera década del siglo: crecimiento económico, disminución de la desigualdad y reducción de la pobreza. Un entorno benigno que correría el peligro de transformarse en frustración si los cambios se detuviesen.