Ajuste difícil

El cierre fiscal de 2011, comunicado ayer por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, no ha deparado sorpresas en lo que a los ingresos se refiere. Como consecuencia de las subidas de impuestos, el Estado ha recaudado 11.237 millones más que en 2011 y esta recaudación adicional ha permitido contrarrestar y superar la caída de ingresos, similar al descenso de la demanda interna, que se hubiera producido de no haberse subido los impuestos. En la explicación del ministro se apunta también que la subida ha sido equitativa, que han pagado más las rentas más altas. Discutible, por cuanto las rentas más elevadas del país se escapan al control del IRPF. Solo la imposición de un pago fraccionado mínimo a las grandes empresas en el pago del impuesto de sociedades, y no totalmente, justifica la presunción de reparto equitativo de las cargas fiscales para completar el ajuste presupuestario.

Las explicaciones fiscales del ministro tenían como objetivo preparar el camino a una declaración de éxito, parcial o total, en el ajuste del déficit, que se conocerá en febrero. El argumento es que si se han conseguido los objetivos de recaudación, la parte más difícil del ajuste, los planes de contención del gasto también se cumplirán. Es poco probable. En los tres primeros trimestres del año el déficit apenas se ha reducido; conseguir una reducción sustancial, de más de dos puntos y medio del PIB, hasta llegar al 6,3%, es difícil, aunque se haya conseguido aumentar la recaudación en 11.000 millones. Un ajuste de esa envergadura en un trimestre parece una hazaña. Es verosímil que el Gobierno pretenda cerrar un déficit provisional en 2012 en torno al 7% del PIB, a sabiendas de que la Comisión Europea ha templado su beligerancia respecto al cumplimiento estricto del déficit y de que el cierre definitivo, que tardará varios meses en conocerse, tendrá menos repercusión pública que el provisional.

Por otra parte, la estructura fiscal de la sociedad refleja un grado muy elevado de elusión, el mismo que se mantiene lustro tras lustro. Esta estructura revela que la carga fiscal en España es muy poco equitativa, porque difícilmente se puede creer que solo 7.000 declarantes de un total de 19,3 millones tengan rentas anuales superiores a los 600.000 euros. Son datos que sugieren que una estrategia tenaz contra las rentas ocultas tiene posibilidades de éxito. Si se toma en serio y se hace bien, por supuesto.