No al unilateralismo

Poco han tardado los partidos que apoyan a Artur Mas en subrayar su voluntad de constituir Cataluña como “nuevo Estado” sobre la base de un choque de legitimidades. Frente a la Constitución, que proclama: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, CiU y ERC pretenden que el Parlamento catalán declare al pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano”. Lo que están planteando no solo rompe con la legalidad constitucional, sino que convierte en papel mojado el derecho a decidir: porque es una posición previa a una secesión que parece decidida y que simplemente se trataría de ratificar por vía de consulta, a tenor del proyecto de declaración que se quiere hacer aprobar a la cámara.

Parece increíble que en Europa, y en pleno siglo XXI, haya partidos políticos responsables que se propongan iniciativas unilaterales de esta naturaleza. Artur Mas se encuentra en abierto conflicto con el Gobierno central desde que Mariano Rajoy rechazó el “pacto fiscal” que le propuso, pero eso no justifica saltarse la legalidad. No hay ninguna circunstancia violenta ni excepcional que pueda alegarse para quemar etapas a la velocidad que lo pretenden los partidos que soportan al Gobierno de la Generalitat. Se entiende aún menos cuando suman 71 diputados del nuevo Parlamento catalán (tres más si se añadieran los de CUP), frente a los 84 que aprobaron la declaración por el derecho a la consulta en septiembre pasado, lo cual evidencia su fragilidad. El PSC, que se abstuvo, e ICV, que estaba a favor de la consulta, rechazan ahora una declaración unilateral de independencia; y el PP y Ciutadans, que no apoyaban la consulta, han aumentado su fuerza parlamentaria tras las últimas elecciones. El ala soberanista de CiU pretende forzar la ruptura de siglos de historia y convivencia en común con el resto de los españoles, tratando así de ocultar la pérdida de apoyos sufrida en las urnas del 25 de noviembre, donde los votos a CiU y ERC no alcanzaron la mitad de los emitidos.

Es posible que una declaración de soberanía unilateral se quede en un acto político, sin efectos jurídicos, pero eso no reducirá el abismo de desconfianza que semejante actitud acentuará entre el conjunto de los españoles, y de los europeos, frente a unas autoridades que no se sienten concernidas por el Estado de derecho y quieren fabricarse otro a su gusto. La España constitucional es el fruto de muchos pactos y ese ha sido también el método comunitario, la base que explica la Unión Europea. Romper con los principios básicos de la negociación y de la búsqueda de consensos es un camino a ninguna parte.

Cuestión distinta es que pueda existir una fuerte mayoría de catalanes que quiere decidir sobre su relación con el resto de España. Desde luego, las reglas de juego de cualquier consulta con trascendencia constitucional tienen que ser acordadas en el marco de la legalidad. Si Artur Mas pretende visitar al Rey y al jefe del Gobierno simplemente para presentarles una declaración unilateral de soberanía, puede ahorrarse el viaje porque quedaría en evidencia la ausencia de toda voluntad negociadora por su parte y el deseo de ir al enfrentamiento. Los ciudadanos de Cataluña deben ser informados plenamente de las consecuencias de tamaña decisión, sin subterfugios retóricos para encubrir el rupturismo ni agitar ante ellos la zanahoria de un inexistente apoyo europeo: suficientes problemas tiene la UE como para ilusionarse con una secesión en la eurozona. A su vez, el Gobierno de Rajoy sabe que los partidos estatales están en contra del unilateralismo de nacionalistas e independentistas, lo cual le da base suficiente para no caer en provocaciones ni cerrarse a hablar de lo que sea necesario. Las sociedades civilizadas se distinguen de las que no lo son por privilegiar la negociación, frente a los actos de fuerza.