Un plan racional

Tras varios meses de paralización a causa de resistencias internas, el Gobierno ha lanzado de nuevo su proyecto de reforma de la Administración Local, en este caso por medio de consultas con el principal partido de la oposición y también con la Federación de Municipios y Provincias. La fusión de ayuntamientos o la gestión conjunta de algunos de ellos, junto con la reducción del número de concejales, es una operación que puede ser dolorosa para los círculos políticos locales, pero necesaria en cualquier programa de racionalización administrativa que se pretenda abordar en España. En el fondo se trata de decidir si tiene sentido mantener más de 8.000 municipios, sobre todo tras la sequía de la burbuja inmobiliaria, que era la artificial fuente de ingresos para muchos de ellos.

Las cúpulas de los dos partidos principales están de acuerdo en delimitar competencias y en reforzar el control sobre las cuentas municipales. Más complejas son otras cuestiones. Sorprende que pueda haber consenso para reforzar las diputaciones provinciales, atribuyéndoles la gestión de municipios pequeños y medianos, cuando la supresión de tales organismos fue una propuesta de Rubalcaba en las elecciones generales de 2011. De momento, el PSOE niega un acuerdo al respecto. También es difícil eliminar las mancomunidades (agrupaciones de servicios comunes para varios ayuntamientos), una idea contestada expresamente desde el PSOE. A su vez, la Generalitat de Cataluña se considera al margen de las medidas que puedan pactarse entre partidos estatales, porque interpreta que dispone de competencias plenas en materia de organización local.

Mucho más fácil es ponerse de acuerdo para reducir los elevados sueldos de alcaldes de ciudades grandes, estableciendo el tope retributivo en el de un secretario de Estado (67.000 euros). Fácil porque, aunque de escaso efecto en la reducción del gasto público, resulta una medida con valor simbólico. Pocos llorarán la poda de la autonomía municipal en ese aspecto, sobre todo cuando una ciudadanía acosada a recortes reclama austeridad en los cargos públicos. Pero conviene cuidarse de no confundir la situación de algunas grandes ciudades con la de alcaldes y concejales de pequeños municipios, muchos de ellos sin sueldo público.

En todo caso, un recorte de retribuciones municipales sería una reforma alicorta. El plan de reestructuración administrativa debe insertarse en un proyecto más amplio, que afecte al conjunto de los niveles políticos y a su sostenimiento. Una reforma de la Administración Local tiene más sentido si se inserta en la reconsideración del Estado de las autonomías y de su evolución federal, como solución no traumática a los problemas territoriales de mayor cuantía planteados ahora mismo en España. El liderazgo de esa operación corresponde a las corrientes centrales de la política, pero será ineficaz sin contar también con otros partidos.