Cerco fiscal al juego ‘online’

Puede que, como al campo, nadie sea capaz de ponerle puertas a Internet, pero Hacienda ha demostrado que sí puede cobrarle impuestos. Tras años de alegalidad, el Gobierno se decidió a regularizar el juego online en España, presionado doblemente por las empresas tradicionales del juego presencial y por la necesidad de recaudación. Cuando se puso manos a la obra, los grandes lobbies internacionales del juego por Internet pusieron el grito en el cielo argumentando que era imposible controlar a los jugadores online e incluso apelando a justificaciones tan peregrinas como el derecho a la intimidad para oponerse a cualquier tipo de normativa. En realidad, esas firmas, lo que no querían era perder la bicoca que habían encontrado en la Red española, en la que todo eran ganancias porque, frente a los elevados impuestos que gravan el juego en vivo (bingos, tragaperras, casinos, etcétera), estas no pagaban un euro al fisco. Esa impunidad fiscal absoluta les permitía, por ejemplo, el lujo de patrocinios millonarios de equipos como el Real Madrid, el Sevilla o el Manchester, mientras se quejaban paradójicamente de la persecución de la Agencia Tributaria.

El tiempo ha demostrado que, en efecto, “Hacienda somos todos” si nos lo proponemos. En los seis primeros meses, desde que el Gobierno regularizara la actividad y concediera las licencias con las que operan una treintena de firmas, la facturación total del juego por Internet se ha disparado hasta los 2.354 millones de euros. Y Hacienda se ha llevado un buen pellizco, ya que va a recaudar en el conjunto del año 140 millones en impuestos, muy por encima de lo que había presupuestado.

Como otras muchas actividades, el juego se está desplazando rápidamente a Internet. La mejor prueba de ello es el auge que están teniendo en la web las apuestas tradicionales como la Lotería Primitiva, mucho más cómodo para el jugador y con mayor margen para la Administración. Internet no puede ser un territorio al margen de la ley y del fisco. Hacienda debería tomar nota y lograr que los gigantes tecnológicos que viven de la Red, como Google o Facebook, empiecen a pagar impuestos en España.