Afrontar el futuro con recetas del pasado

Si el largo proceso de la transición española nos ha llevado al viejo corral hispánico, donde tres nacionalismos irreductibles compiten sin escucharse, este viaje no merecía tantas alforjas. Precedentes históricos, desde luego, sobran: 1814, 1840, 1875, 1898, 1939… fechas que marcaron el derrumbamiento de aquel mundo, más grande y complejo —y menos nacional— que el actual.

Los acontecimientos catalanes de estos meses indican cuánto ha avanzado el desencuentro. Escapar a las etiquetas políticas e intelectuales, superar las barricadas de sentimientos y resentimientos, es cada vez más difícil y se siente uno tentado de tirar la toalla y protegerse del temporal en el espacio doméstico. “Ya estamos hartos de ellos”, “separémonos”, son las frases del día. Pero esa no sería solución de nada sino inicio de otra serie de problemas, seguramente mayores.

Evitemos, para empezar, la sacralización del consenso constitucional de 1978. Es cierto que el acuerdo colectivo plasmado en la Constitución y los Estatutos sustituyó una tradición de administración centralizada, ineficaz y despótica por otra basada en la existencia de una comunidad humana, la española, a la que se añadían otras “comunidades históricas” con capacidad de autogobierno. Fue un pacto valioso y no una mera concesión a la coyuntura ni un esquema lastrado por una ambigüedad destructiva. Aquel modelo de convivencia permitió que muchos ciudadanos se sintieran españoles o catalanes durante unas décadas sin abdicar de otras identidades. Pero eso no significa que sea intocable, que no pueda replantearse si se comprueba que ya no cumple sus objetivos iniciales: resolver —o aminorar— problemas, garantizar la equidad entre los ciudadanos, responder a la complejidad de nuestra sociedad.

Evitemos, para empezar, la sacralización del consenso constitucional de 1978

Si entendemos las cosas de ese modo, en lugar de seguir insistiendo ad nauseam en heridas, incomprensiones y agravios remotos deberíamos plantearnos las insuficiencias de aquel sistema autonómico que pactamos entre todos, como pactamos su integración en una entidad superior, la Unión Europea, cuya lógica exige el desmantelamiento paulatino del Estado nacional. Vivimos un mundo en el que es absurdo ya proclamar la “soberanía nacional” o hablar de “independencia” en términos absolutos. Quien sueñe con una España homogénea y se sienta molesto por los “dialectos regionales” está tan fuera de la realidad como quien sueñe con nuevos Estados independientes y felices, de los que desaparecerán las interferencias a las que imputan todos sus males.

Analicemos, pues, los auténticos problemas, los que deben provocar debate y conflicto, sin refugiarnos en espejismos de unanimidad que ocultan la complejidad de la vida. Ni “Cataluña” ni “España” son entes unitarios, orgánicos, con sentimiento y voluntad unánimes —como quieren los nacionalismos—, sino realidades compuestas por grupos e individuos distintos, entre los que predominan los sentimientos de identidad compartida.

La función del sistema político es resolver problemas, no agravarlos

Un primer pleito real es el fiscal. Aunque es una cuestión técnica sobre la que se manejan cifras muy dispares, es perfectamente creíble que los catalanes sufran una fiscalidad abusiva. Como sociedad rica que es, tributa en principio más que la media. Pero esto también ocurre en otras partes —para empezar, en Madrid—, y los argumentos que esgrimen las comunidades receptoras netas, como sus insoportables niveles de desempleo, son muy atendibles, y muchos pensamos que la redistribución social y territorial es equitativa y necesaria. Que el Estado no realice en Cataluña las inversiones que prodiga en el centro es también posible, pero no debe enfocarse desde la perspectiva del “expolio”. Como no se debe invocar la unidad de la soberanía para exigir el “paga y calla”, ignorando una percepción social muy extendida en Cataluña. Combinando ambos victimismos, la idea de equidad se vería sustituida por el “my country, right or wrong”, lo que aseguraría el choque frontal. La solución es posible en el marco de un debate racional, que lleve a desarrollar y profundizar los aspectos federales del sistema; es decir, la distribución precisa de competencias y recursos y el establecimiento de instituciones de cooperación entre las unidades federadas.

Otro notorio fracaso es el de la pluralidad de lenguas. No su convivencia en la vida diaria, que no es conflictiva, sino su reconocimiento oficial y simbólico. En la Península se hablan desde hace mil años varias lenguas, incluida la portuguesa. Pero el Estado nacional impuso la idea de establecer una jerarquía entre ellas, algo que el régimen franquista llevó al extremo de querer borrar del mapa las no oficiales. Cuanto más nos alejemos de aquel espíritu, mejor será el futuro. La única jerarquía admisible es la que establezcan los propios hablantes en su práctica diaria. El horizonte que se otea, y que nuestras generaciones jóvenes han comprendido, es el multilingüismo, con la casi inevitable necesidad de añadir inglés, alemán y chino mandarín. Pero el Estado central protege el castellano, elevado a “español” hace un siglo, y se desentiende del resto, que eliminaría si estuviera en su mano. Las comunidades gobernadas por otros nacionalismos hacen lo propio y ponen las trabas que pueden al uso del castellano. Los castellano-hablantes en Cataluña, que son muchos, observan cómo su lengua, tan potente socialmente —y en el mundo—, no ocupa espacio alguno en la expresión y los símbolos públicos y se regatea su aprendizaje en las aulas escolares. Lo razonable sería una política más generosa por ambas partes: un lugar más amplio en el espacio simbólico estatal para el catalán —lengua hablada por millones de personas en Cataluña, Baleares, Valencia e incluso Aragón— y un espacio más amplio para el castellano en el mundo oficial catalán.

Manifestaciones y unanimidades esconden cuán compleja es la realidad

¿Por qué no normalizar el uso de las cuatro lenguas en las televisiones públicas españolas, pagadas con el dinero de todos, y en las instituciones parlamentarias, que deben dar ejemplo de pluralismo a la ciudadanía? Tanto castellano como catalano-parlantes negocian cotidianamente su lengua según lo exige la situación, sin pretender regresar a un mundo unilingüe. La existencia de cuatro lenguas debería convertirse en un hecho normal y positivo, no problemático, y reducir su valor al terreno comunicativo, evitando peleas en el de los símbolos —marcadores del territorio propio, y por eso tan importantes para los dirigentes—, donde tan fácil es ofender sensibilidades ajenas.

La función del sistema político es resolver problemas, no agravarlos con inútiles enrocamientos. Convocar manifestaciones y recurrir a referéndums para forjar unanimidades solo sirve para enmascarar la complejidad de la realidad. Los problemas colectivos no pueden resolverse con sencillas preguntas a las que solo cabe responder sí/no. La democracia es más que eso: es hablar y escuchar, pensar y decidir, sobre datos y cifras, sobre intereses legítimos y sobre resentimientos. Lo útil y patriótico sería evitar catástrofes, buscar soluciones en la línea de lo conseguido cuando este país, que tenía fama de anómalo y fracasado, soltó amarras con su pasado cainita y apostó por las reformas realistas, el reconocimiento de la complejidad de nuestras sociedades y la aceptación de las diferencias culturales en el marco de la igualdad de derechos.

José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y Josep M. Fradera es catédrático de Historia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.