No sin consenso

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una reforma electoral para reducir en 14 escaños el Parlamento de su comunidad, pasando así de los 75 actuales a 61. El PP gallego defiende esta propuesta con argumentos como dedicar a guarderías el dinero que se ahorre (1,3 millones de euros al año) o reducir el número de políticos, ahora mal vistos por la ciudadanía. El mismo partido que esgrime razones de austeridad se niega a rebajar más el sueldo de los diputados gallegos, de forma que se consiga el ahorro pretendido con la disminución de escaños, y decenas de sus alcaldes se han subido las retribuciones.

Feijóo intenta convertir su propuesta en una batalla nacional para todo el Partido Popular y, a partir de la última reunión de responsables autonómicos con Rajoy, proliferan las sugerencias para desmochar las Cámaras autonómicas. Pero la confusión es grande porque Castilla-La Mancha, la comunidad presidida por María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, acaba de imponer el movimiento contrario: el número de diputados en esa comunidad aumenta de los 49 actuales a 53.

Lo que realmente pretende la maniobra de Feijóo es garantizarse la siguiente mayoría. La reforma pretendida dará algún escaño más al PP, en el supuesto de que el voto ciudadano en la próxima elección sea similar al de la anterior. El procedimiento técnico para lograrlo es simple: se atribuye un elevado número de escaños a cada provincia, nada menos que 10, tanto a las más pobladas como a las que menos, y los restantes se distribuyen según fracciones de población. El resultado es que sube el peso parlamentario de las provincias menos pobladas, pero tradicionalmente conservadoras, que son Lugo y Ourense —esta última ha vivido las prácticas de los Baltar—; y se disminuye el de las más pobladas, A Coruña y Pontevedra, donde los socialistas y el BNG cuentan con los principales graneros de votos. Todo ello a pocos meses de las elecciones gallegas, previstas para marzo —si el presidente de la Xunta no decide adelantarlas—.

Los propósitos de Feijóo recuerdan los que la dirección nacional del PP apuntó para el Congreso en vísperas de las últimas elecciones generales. Algunos dirigentes populares defendieron entonces la reducción a 300 del número de diputados, en vez de los 350 actuales, una idea que no ha reaparecido en los últimos meses, si bien el criterio de fondo es el mismo que el empleado ahora por el PP gallego. A priori no hay que descartar un debate serio sobre el tamaño de las instituciones representativas ni sobre su coste, pero en España rige el sistema de representación proporcional y no deben alterarse las reglas del juego para perjudicar a la oposición en beneficio de quien está en el poder. Todo se puede reformar, las leyes electorales también, siempre que exista un amplio acuerdo político y social. Cuando se imponen unilateralmente surgen las sospechas de prefabricar las mayorías y actuar con ventajismo.