Una gran coalición para defender el euro

El Eurogrupo aprobó el 20 de julio la concesión de un crédito del MEEF (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera) al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por valor de hasta 100.000 millones de euros para que este, a su vez, inyecte capital a bancos con activos dañados. No se trata de un rescate incondicional; tampoco es la primera vez que un Gobierno español solicita ayuda exterior para solucionar los problemas de casa, pero desde el Plan de Estabilización (1959) no nos decían cómo nos teníamos que gobernar.

Entre aquel ajuste y este hay enormes diferencias, entonces sufríamos la dictadura, hoy disfrutamos de un sistema democrático, aunque de pobre calidad; antes la política económica tenía más herramientas autónomas y podíamos devaluar la peseta, pero ahora estamos obligados a hacer todo el ajuste internamente, lo que deprime la economía, presiona al alza la prima de riesgo, y entorpece nuestra recuperación. La intervención acabará con el despilfarro público, pero certifica el fracaso de las políticas del Gobierno. Las condiciones del rescate, coinciden grosso modo con las que planteé en 2008 en este mismo periódico, pero al llegar casi cuatro años tarde, obligará a medidas adicionales. Por ello, sería conveniente avanzar hacia una Gran Coalición que asuma la defensa del euro.

La economía española necesita reformas estructurales y ajustes, pero hay muchas formas de aplicarlos según los plazos de cumplimiento y la distribución de la carga. Tanto o más que el tamaño del ajuste interesa su calidad. Necesitamos que el ajuste sea justo y no desmantele el Estado de bienestar, si es que aún creemos que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales” (Rawls, Teoría de la justicia). No debemos renunciar al Estado de bienestar porque no podamos financiarlo: podremos reducir su tamaño y adaptarlo a lo que seamos capaces de permitirnos, pero el principio es irrenunciable. Aunque ahora seamos más pobres, no debemos ser menos justos. Las reformas del Gobierno, sin embargo, están fuertemente ideologizadas e inspiradas en el libertarianismo anarquizante. Así ocurre con la reforma laboral, que persigue una flexibilidad ramplona, pero apenas roza las políticas activas del mercado de trabajo, que robustecen la empleabilidad, o las políticas de conciliación laboral, que son atributos de la flexiguridad vigentes en aquellos países de la UE que exhiben las menores tasas de paro. Esta ideología se refleja también en la amnistía fiscal y en el aumento del IVA ¿Con qué fuerza moral pide esfuerzos el Gobierno a funcionarios, parados, y contribuyentes por IVA, cuando amnistía al defraudador o permite que los bancos actúen de forma irresponsable a sabiendas de que el Gobierno, llegado el momento, les rescatará?

El Gobierno no puede parapetarse en la necesidad del ajuste, sino empezar por las instituciones de conducta ejemplar como “el Trono y el Altar”, recaudar el IBI a la Iglesia y reducir los gastos de la Casa Real. Las remuneraciones y pensiones vitalicias de nuestros políticos deben correr parejas con la rebaja del 30% en retribuciones establecida por Hollande para su Gobierno y la clase política francesa. Señor Rajoy, liquide ordenadamente los bancos inviables, pues si quiere que sus beneficios estén moralmente justificados, tienen que poder ser liquidados o quebrar como cualquier empresa. Los bancos esperaban que pasase la crisis para poder vender a precios exorbitantes lo que financiaron especulando, pero se equivocaron, y no quieren asumir ahora los costes de su mala gestión. Pase a continuación a recaudar impuestos de las multinacionales y grandes empresas españolas; y, al tiempo, con la credibilidad y autoridad moral ganadas, diríjase a los contribuyentes, sindicatos y empresarios y reclámeles los sacrificios necesarios para cuadrar la hacienda pública que los poderosos se encargaron de malbaratar. En política, como en economía, siempre se elige el mal menor, pero el orden de las acciones sí altera el producto.

Lo que presiona a la prima de riesgo es la  situación de España, pero también el diseño cojitranco del euro

Para que el euro funcione correctamente los Gobiernos tienen que respetar su regla de oro: el ajuste empieza en casa. Ello significa corregir el exceso de ahorro en algunas economías y, en otras, como la española, el exceso de gasto que nos ha llevado a un nivel insostenible de endeudamiento del sector privado, sobre todo, de empresas e instituciones financieras. El déficit público, en sí mismo, no es un problema económico serio; tampoco el nivel de deuda, si tuviésemos moneda propia, pero la mala gestión del gasto público sí que lo es, como también incumplir los compromisos de estabilidad financiera a los que se comprometió España al firmar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El meollo del problema, sin embargo, no es el déficit público sino el privado.

No está garantizado que podamos pagar la hipoteca de hasta 100.000 millones, ni que podamos ahorrar los 65.000 millones de euros del recorte, pero que el crédito al FROB compute como deuda y no como déficit, a diferencia de Irlanda, suavizará las condiciones de crédito, y la presión para reducir el gasto público. También ayudaría una suavización adicional, la tercera, en el calendario de objetivos de déficit, aunque no nos inmunice frente al rescate total. Los ajustes recientes y los que llegarán en verano serán incapaces de rebajar la prima de riesgo. Además, una nueva rebaja de la nota de España por la agencia de riesgo Ficht, que ahora está a dos peldaños del bono basura, reducirá la capacidad del Tesoro para obtener financiación.

Para que funcione la moneda común  hay que respetar la regla de oro: el ajuste empieza en casa

Parte de la presión sobre la prima de riesgo es resultado de la mala gestión macroeconómica de los gobiernos españoles, pero esa presión subsistirá porque son esos mismos recortes los que generan incertidumbre sobre la capacidad de resistencia de las empresas y sobre la eficacia recaudatoria de las medidas del Gobierno. Lo que presiona a la prima de riesgo es, sobre todo, la penosa situación de España, pero también el diseño cojitranco del euro que conlleva el riesgo de que explote y desaparezca. Ello es el resultado de la obstinación alemana en no querer hacer su parte del ajuste, no movilizar su exceso de ahorro y no expandir sus costes laborales y precios, lo que ayudaría a soslayar una recesión en Alemania, y al reequilibrio de los periféricos. Los alemanes ajustaron más de lo necesario y deben realizar ahora una revaluación interna si no quieren que los periféricos entren en deflación. Además, la negativa del BCE a generar más inflación y a comprar deuda en el mercado secundario condena a más recortes a la periferia. El BCE tiene la obligación de defender la estabilidad de precios, pero también el euro. Por eso, esperamos que Rajoy, al igual que hiciera Monti, exhiba con Merkel la misma determinación que la aplicada con los ajustes, para que la canciller active una revaluación interna en Alemania y persuada, de incógnito, al BCE para que compre deuda.

Como en el dilema del prisionero, estamos ante un juego de muchos actores con estrategias no cooperativas. Mientras, resulta difícil estimar cuánto puede aguantar nuestra economía financiándose a tipos punitivos como los actuales antes de colapsar. Si fuesen dos o tres meses la situación reclamaría un gobierno de concentración nacional, salvo que, como en el dilema del prisionero, lancemos antes una amenaza creíble de abandono del euro que despierte a Merkel de su ensueño nacional y la confronte con la necesidad de adoptar una solución europea a la crisis, en lugar de dejar como herencia una rebaja de calificación de la deuda alemana, y una zona marco como reminiscencia de la eurozona actual. No sería la primera vez que fracasase una unión monetaria en Europa, pero, como en el juego de las canicas, la diversión se termina cuando el país que ha ganado todas las canicas no las vuelve a poner en movimiento.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València e Investigador Asociado del AQR-IREA de la Universitat de Barcelona.