Flexibilidad obligada

Quizá no hacía falta que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera tan explícita acerca de las consecuencias adversas de la intransigencia alemana en la gestión de la crisis económica y financiera que sufre la eurozona. Es evidente para cualquier observador que las principales orientaciones de política económica dominantes hasta ahora —a saber, la aplicación en exclusiva de las políticas orientadas a reforzar la austeridad presupuestaria y la ausencia de intervención suficiente por el BCE para frenar el grave deterioro de la deuda pública de las economías periféricas— han resultado perjudiciales para la estabilidad del área económica y para la confianza de los mercados en la viabilidad del euro.

Desde el primer momento de la crisis europea se advirtió que las políticas de ajuste para estabilizar las finanzas públicas debían hacerse en plazos medidos, nunca a plazos de uno o dos años, y tenían forzosamente que combinarse con estímulos al crecimiento, con el fin de alejar el riesgo de un enquistamiento de la recesión. Si se proponen objetivos inalcanzables de déficit, los mercados dejan de creer en que los países podrán devolver sus deudas. Si algo ha demostrado la política aplicada en Europa durante la crisis es que la austeridad, por sí sola, lejos de ser expansiva, contrae todavía más el crecimiento. España es una buena muestra de la inadecuación de esas recetas restrictivas a un problema que deriva del exceso de endeudamiento privado y de su casi total bancarización.

El tratamiento de esta dimensión de la crisis, la asociada a la vulnerabilidad bancaria de algunos países, está hoy en el centro neurálgico de la inestabilidad financiera del euro. Mientras las condiciones económicas no favorezcan el saneamiento de los balances bancarios, seguirá viva la presunción de que será necesario aumentar la deuda pública para mantener a flote a los bancos más expuestos. Por eso hubiera sido razonable que las ayudas financieras fuesen directamente a ese sector, sin necesidad de ser contabilizadas directamente como mayor deuda pública.

Sobre ambos aspectos se ha pronunciado claramente el FMI. No es fácil, sin embargo, que las autoridades alemanas den su brazo a torcer de forma pública e inmediata. Esa flexibilidad necesaria acabará imponiéndose si se quiere preservar la moneda única. Desde la formación del Gobierno en Grecia hasta los términos conocidos de las necesidades de recapitalización del sistema bancario español favorecen un escenario menos crispado. A ello tiene que contribuir el BCE, no solo reduciendo su tipo de interés en la próxima reunión del Consejo de Gobierno, sino actuando con el programa de compra de bonos italianos y españoles en el mercado secundario, como ya hiciera en agosto pasado. Porque las cotizaciones observadas en los mercados de bonos públicos en España e Italia no guardan relación con los fundamentos de las economías respectivas. No es cuestión de entrar en vericuetos legales para decidir quién produce esas perturbaciones en los mercados: es el momento de usar los medios que la normativa vigente permite. Y eso significa romper el círculo perverso entre deterioro bancario y depreciación excesiva de la deuda soberana. Hoy, la flexibilidad cotiza casi tanto como la urgencia. Intervención en los mercados y estímulo de la demanda son tareas urgentes.