El 15-M y la promesa de la política

En La condición humana, sostiene Hannah Arendt que la libertad para interactuar por medio del discurso con otras personas y experimentar la diversidad en la que consiste el mundo era, y ciertamente ya no es, el propósito final de la política. Mucho antes, Tucídides decía que en Atenas a quien no tomaba parte en los asuntos públicos lo consideraban no un despreocupado, sino un inútil. Ahora que no parecen correr buenos tiempos ni para la política ni mucho menos para Atenas, se cumple el primer año “oficial” del movimiento 15-M, aunque sin ese nombre ya en los primeros meses de 2011 se habían sucedido concentraciones y manifestaciones que reivindicaban una serie de reformas políticas, económicas, sociales y culturales coincidentes con las que sirvieron para convocar, entre otras, las manifestaciones del 15 de mayo y, más adelante, las del 15 de octubre de 2011, que se celebraron en 951 ciudades de 82 países de los cinco continentes, y las del 12 de mayo de 2012.

Este movimiento tiene, por emplear la terminología de Pierre Rosanvallon, un fuerte componente “contrademocrático”, no en el sentido de que se oponga a la democracia, sino porque aporta una forma de actuación democrática no institucionalizada, que expresa de manera directa las expectativas y decepciones de nuestra sociedad. Porque, además de la democracia institucional de legitimidad electoral, existe, y es necesaria, una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener la lealtad al interés general por parte de las instituciones. Y a la hora de valorar el grado de participación política de una sociedad, no se puede reparar solo en el número de personas que votan en los procesos electorales, sino que debe tenerse en cuenta también la asistencia a las concentraciones y manifestaciones, el respaldo a iniciativas legislativas populares, la demanda de consultas ciudadanas, el activismo electrónico… Por todo ello, si analizamos lo que ha ocurrido en el último año en España, pero también en Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Italia y, por supuesto, en países árabes como Túnez o Egipto, se puede concluir que la pasividad ciudadana es un mito.

Entre otras razones, porque frente a lo que en no pocas ocasiones se dice, el 15-M, además de un movimiento de protesta, lo es también de propuesta y ha contribuido a revitalizar el debate democrático, evidenciando la aspiración a que el discurso político que se expresa y construye en las plazas y calles sea escuchado en las instituciones de gobierno. Por eso, y aunque se ha hablado mucho de la influencia del opúsculo Indignaos, seguramente en el 15-M hay, de manera consciente o no, mucho más de Habermas que de Hessel; no en vano es Habermas el que reclama una democracia deliberativa en la que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados y abiertos a una opinión pública no formalmente articulada.

Si analizamos lo ocurrido en Europa, en EE UU y en algunos países árabes se puede concluir que la pasividad ciudadana es un mito

Cabe recordar que las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 fueron encabezadas con pancartas en las que se leía “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” y para alcanzar unos objetivos que en absoluto pueden considerarse “anti-sistema”. Es probable que, un año después, hayan cobrado todavía más legitimidad: 1. Eliminación de los privilegios de la clase política (supresión de privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones, eliminación de la inmunidad asociada al cargo, publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos, reducción de los cargos de libre designación…); 2. Lucha contra el desempleo (reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral, bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal, imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración…); 3. Derecho a la vivienda (ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos, que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas…); 4. Servicios públicos de calidad (supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos, contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera, contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, financiación pública de la investigación para garantizar su independencia, transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible, aplicación efectiva de la Ley de Dependencia…); 5. Control de las entidades bancarias (elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión, devolución a las arcas públicas de todo el capital público aportado a los bancos, regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria…); 6. Fiscalidad (aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias, eliminación de las SICAV, recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales -tasa Tobin-); 7. Libertades ciudadanas y democracia participativa (abolición de la Ley Sinde, protección de la libertad de información y del periodismo de investigación, referendos obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos) y 8. Reducción del gasto militar.

Este carácter propositivo del 15-M permite calificarlo como un movimiento político y no puramente populista, pues la preocupación por vigilar la acción de los poderes y someterlos a la crítica no se ha transformado en una mera estigmatización de los gobernantes. Desde luego no parece exagerado atribuir a este movimiento parte importante de la consecución de algunos cambios en el ámbito legal, como la obligación de que se haga público el patrimonio de diputados o senadores, el desbloqueo de una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago o la aprobación de un Anteproyecto de Ley de Transparencia —poco transparente dicho sea de paso—.

Es, asimismo, bien conocida la actuación llevada a cabo por las asambleas y grupos vinculados al 15-M para que se conozca la precaria situación de miles de familias que han sido desahuciadas de sus viviendas o están pendientes de procesos que podrían desembocar en ese resultado. Al mismo tiempo se han paralizado varios desahucios y se ha presionado para que tanto el Gobierno como algunas entidades bancarias reconozcan la magnitud de este problema y esbocen algunas medidas para paliarlo.

Por todo ello, y sin olvidar la comisión de innegables errores organizativos, estratégicos y de funcionamiento, no parece exagerado concluir que este movimiento ha contribuido, en estos tiempos especialmente difíciles, a recuperar la promesa de la política de la que hablaba Arendt.

Miguel Ángel Presno Linera es profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo e integrante de la Asamblea del 15-M de Pola de Siero (Asturias).