Acuerdo de principios

El objetivo de déficit, marcado recientemente por el presidente del Gobierno en el 5,8% del PIB para 2012, resulta difícil de alcanzar en condiciones de perfecto acuerdo político entre las distintas Administraciones; pero sería tarea imposible, y, lo que resulta peor, increíble, si las comunidades autónomas no fueran capaces de sujetarse a planes estrictos de control del gasto y aumento de los ingresos. Por esa razón, el acuerdo anunciado ayer al final del Consejo de Política Fiscal y Financiera, según el cual las comunidades autónomas se comprometen a limitar su déficit durante 2012 al 1,5% (con la abstención de Canarias y Cataluña y la oposición de Andalucía), resulta imprescindible para mantener la credibilidad del objetivo de estabilidad para este año y los siguientes.

El juego político desplegado en torno al déficit desde la semana pasada ofrece razones sobradas para la reflexión. El Gobierno ha expuesto en Europa su compromiso de reducir el déficit este año hasta el 5,8% del PIB; el nuevo objetivo, pactado o no con Alemania o la Comisión, supone una flexibilización evidente sobre el 4,4% comprometido con anterioridad. La flexibilidad que se ha reclamado de Europa no se aplica en este caso a la relación entre el Gobierno y las autonomías, cuando es evidente que muchos Gobiernos no podrán cumplir, ni de lejos, el 1,5%. Sin embargo, también es cierto que si no hay una posición firme y una aplicación inflexible de ese objetivo no se puede conseguir la credibilidad necesaria ante inversores y financiadores para el compromiso de déficit estructural del conjunto de las Administraciones públicas.

El ministro de Hacienda negó ayer que este sea el momento adecuado para proponer una nueva financiación autonómica. Sin embargo, esta es una necesidad que se irá haciendo más acuciante con el paso del tiempo. Está sin resolver la financiación de los servicios que prestan los Gobiernos autonómicos. Montoro ofreció ayer un mecanismo de pago a los proveedores de las autonomías, que no resuelve el problema de fondo, pero que todas se apresuraron a aceptar. En primer lugar, convendría asegurarse de que la comunidad díscola (Andalucía) no sale perjudicada simplemente por su voto en contra. A pesar de la ominosa acusación del ministro de Hacienda ("Andalucía está votando en contra de la austeridad"), parece más razonable suponer que el Gobierno andaluz está preocupado sobre todo por la supervivencia de los servicios básicos de educación y sanidad. No está claro, además, si el plan para los proveedores se convertirá, a medio plazo, en carga de deuda para las autonomías.

El momento es delicado para la solvencia exterior española, con nuevas subidas de la prima de riesgo española, originadas entre otras cosas por la desconfianza que pueda crear la modificación del objetivo de déficit anunciada por el presidente Rajoy. No es la única causa, pero si el Gobierno no explica satisfactoriamente, presupuesto en mano, cómo va a cumplir ese objetivo y el 3% en 2013, la tensión en los mercados puede aumentar rápidamente.