50 indignados contra un desahucio

Unos 50 indignados, convocados por el Movimiento 15-M y por Democracia Real Ya, se han concentrado a primera hora de esta mañana frente al número 23 de la calle Norte, en el barrio madrileño de Malasaña, para impedir que una inmobiliaria desahucie a una anciana enferma y a su hijo discapacitado, que viven desde hace 55 años en un piso de alquiler de renta antigua del que deben recibos por valor de 5.000 euros, según ha precisado su abogada. Sin incidentes y tras sumarse 50 personas más a la protesta, han logrado que la familia pueda respirar tranquila hasta el 12 de septimbre, fecha del nuevo lanzamiento de la sentencia. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la asamblea ciudadana de Ciudad Lineal llama mañana a impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos, uno de ellos con minusvalía física del 77%, de su vivienda en Pueblo Nuevo, en la capital.

En los casos precedentes, se han reunido entre 100 y 200 activistas, por lo que al ver que a las nueve de la mañana solo eran 50 el Movimiento 15-M y la plataforma Stop Desahucios ha llamado a sus miembros para que corrieran a Malasaña a salvar a esta familia. "Desde la @am_dosdemayo piden refuerzos para parar el desahucio de la calle del Norte . ¡Acude si puedes!", reza un mensaje de Acampada Sol en Twitter. "URGENTE. Somos pocas personas para frenar desahucio calle del norte 23. Metro Noviciado. AYUDA #stopdesahucios", pedía el mensaje de Toma los barrios. Tras esta llamada, se han sumado a la protesta otros 50 activistas.

"Ahora estamos más tranquilos"

"Este desahucio lo vamos a parar", gritaban los jóvenes, que se concentran de forma pacífica ante la casa. A las nueve y media se esperaba la llegada del secretario judicial pero media hora después no se ha producido el desahucio. "Ya han llegado los secretarios judiciales a la calle Norte. Bloqueamos la puerta", cuenta en la misma red social Patio Maravillas. Los abogados de ambas partes han estado negociando una solución para Victoria Sanz, de 84 años y con un cáncer en estado terminal y su hijo Antonio Quiroja, de 55 años y con discapacidad.

La abogada de la familia, Guadalupe Bustos, ha informado sobre las diez y media de la mañana que el lanzamiento de la sentencia se aplaza al 12 de septiembre por cuestiones "de orden público". Hasta esa fecha, buscará una solución al problema de sus defendidos, bien en forma de pago aplazado bien en forma de vivienda social. La mujer cobra una pensión de viudedad de 900 euros y cuida de su hijo, que sufre sordera con un 41% de discapacidad y trabaja para la ONCE. "Anoche no pudimos dormir, hoy ya estamos más tranquilos", ha contado a este diario la anciana. "Estamos muy contentos. Todo esto es muy desagradable. Si Dios quiere, cuando todo esto esté resuelto estaré más tranquila", ha añadido Victoria Sanz. "¡Lo conseguimos! Parado el desahucio. ¡Enhorabuena compañer@s! Se aplaza para el 12 de septiembre", celebraban en la red social.

Se trata del octavo desalojo paralizado en un mes por concentraciones de apoyo desde la eclosión del 15-M y el nacimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, que ya funcionaba en Cataluña.

El primero de ellos se registró el 15 de junio en el barrio de Tetuán, cuando una multitud de indignados se anotó su primera victoria al evitar el desalojo Anuar, un inmigrante libanés de 55 años, su mujer y su hija adolescente. Los concentraron se enfrentaron a Cayo Lara, que acudió al lugar a solidarizarse con Anuar. El segundo desalojo se evitó en el municipio de Parla.

El siguiente se produjo el 6 de julio en la zona de Pueblo Nuevo de la capital y fue un caso de impago de hipoteca. Esta vecina tiene a su cargo a un hijo de 25 años con un 77% de discapacidad. El cuarto fue el 7 de julio y tuvo como escenario en Leganés, donde una mujer y sus dos hijos fueron salvados de quedarse sin techo, al menos por el momento, en un piso del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima). Según el 15-M en Leganés, la mujer que cuida sola a sus dos hijos, lleva "muchísimo" tiempo sin trabajar y tiene una minusvalía, por lo que no puede pagar los 20.000 euros que el Ivima le demanda. Por su parte, desde el Ivima matizan que es una de sus mayores deudoras al acumular una deuda superior a los 22.000 euros y que desde el año 2003 sólo ha pagado 11 mensualidades.

El quinto se produjo el pasado viernes 15 en el barrio de Carabanchel Alto de la capital y fue el primero tras las críticas de jueces, policía y Gobierno regional. Mientras la consejera madrileña de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, advertía de que "la ley hay que cumplirla y eso incluye al 15-M", quedaba aplazado el desahucio de otra vivienda social. Son una mujer y de su hijo, que llevan cinco años viviendo de alquiler en un piso del Ivima, por una deuda de 1.500 euros por 19 recibos impagados más los intereses de demora. Un portavoz del organismo explicó a este diario que la demanda presentada contra la mujer en los tribunales fue por "falta de pago y por su elevada conflictividad", haciendo hincapié más en lo segundo que en lo primero. Según el Ivima, "ha provocado multitud de intervenciones policiales" y tiene "sentencias condenatorias por amenazas e intimidación" e incluso "órdenes de alejamiento" por el mal trato al que somete a sus vecinos.

Ayer se produjeron los dos últimos actos de protesta para salvar viviendas, uno en un barrio madrileño del sur, Vallecas y otro en un municipio de la Comunidad también del sur, Leganés. Se trata en ambos de desalojos por impago de alquiler, uno de un piso del Instituto de Vivienda de Madrid, y el otro, de alquiler de renta antigua. En Leganés Norte, un centenar de personas se congregaron frente a la vivienda, del Ivima y situada en la avenida Carmen Martín Gaite, impidiendo el desalojo de un matrimonio con cuatro hijos, dos parados y otros dos menores de edad. El desahucio de Vallecas afectaba a un matrimonio de ancianos y fue su hija quien trasladó el caso a la asamblea 15-M del barrio, a quien dirigió una carta en la que explicaba el caso de sus padres, que -siempre según su testimonio- viven desde hace 30 años en un piso de renta antigua del que quiere desalojarles el propietario. Unas 60 personas acudieron a la calle Los Riojanos en apoyo del matrimonio que, según Chema Ruiz, de Democracia Real Ya, había depositado los pagos pendientes en el Juzgado a última hora del viernes, ya que el propietario se había negado a aceptarlos.