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Los llamamientos del Gobierno de Madrid y del TSJM no frenan los desahucios

A pesar de la exigencia de los jueces y del Ejecutivo de Aguirre a cumplir la ley, un centenar de indignados para el desalojo de una mujer maltrata y de su hijo de un piso social de Carabanchel Alto por una deuda de 1.500 euros

Continúa la ola de acciones para evitar desahucios en Madrid a pesar de las críticas de jueces, policía y Gobierno regional. Mientras la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, advertía esta mañana de que "la ley hay que cumplirla y eso incluye al 15-M", ha quedado aplazado el desahucio de una vivienda social previsto en el barrio madrileño de Carabanchel Alto, ya que los responsables de ejecutarlo se han personado en el inmueble y se han encontrado con problemas de "orden público", en palabras de un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La protesta, convocada por la asamblea de Carabanchel del 15-M y apoyada la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, ha sido, como todos los casos anteriores, pacífica, y se han limitado a concentrarse ante la puerta de la casa y a gritar lemas contra los desahucios y los bancos. Unas 100 personas según calcula este periódico, 200 según el 15-M , se han reunido a las nueve de la mañana en la estación de metro de La Peseta, lugar donde los convocó el movimiento, y desde allí se han dirigido al inmueble protagonista de esta acción judicial, en el número 3 de la calle Cuevas de Altamira. Los concentrados portaban pancartas con lemas como "no al fraude hipotecario" e "hipotecas más justas" a pesar de que este caso no era por impago al banco, sino a la Comunidad de Madrid, y tampoco una hipoteca, sino un alquiler social para familias en riesgo de exclusión social.

Las dos versiones

El objetivo de hoy era evitar el desahucio de una mujer y de su hijo, que llevan cinco años viviendo de alquiler en una vivienda social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). El año pasado, la afectada no pudo hacer frente al alquiler, pero que este año se ha logrado ponerse al día en sus mensualidades. "Pagó su deuda" al Gobierno regional pero lo hizo "fuera de plazo", sostienen portavoces de los indignados. "Según los convocantes, a la vecina, "además de (sufrir) violencia de género, la han llevado a juicio y se ha encontrado con una orden de desahucio por una deuda de poco más de 1.300 euros". "Actualmente, tras haber ingresado dicha cantidad, tras ponerse al día en los pagos de 2011 e incluso habiendo abonado hasta el mes de septiembre, el desahucio sigue adelante porque el Ivima argumenta que lo ha hecho fuera de plazo", han añadido. A juicio del 15-M, la política del Ivima "ya no sólo es 'si no puedes pagar tu deuda, a la calle', sino que, además, 'si lo haces fuera de plazo, también".

Sin embargo, la versión del Ivima es muy diferente. Un portavoz del organismo ha explicado a este diario que la demanda presentada contra la mujer en los tribunales fue por "falta de pago y por su elevada conflictividad", haciendo hincapié más en lo segundo que en lo primero. Preguntado sobre si la mujer ha saldado o no la deuda, el portavoz ha señalado que "tras la sentencia de marzo de 2010" en la que se ordena su desalojo, el juzgado les informó de que la afectada "ha efectuado consignaciones" para pagar un montante que cifra en "unos 1.500 euros" por 19 recibos impagados de vivienda y garaje más los intereses de demora. Aunque el Ivima suele aceptar el pago a posteriori, en este caso decidió no hacerlo porque así lo aconsejan las "muchas quejas y denuncias" que hay contra la mujer por parte de sus vecinos. Según el Ivima, "ha provocado multitud de intervenciones policiales" y tiene "sentencias condenatorias por amenazas e intimidación" e incluso "órdenes de alejamiento" por el mal trato al que somete a sus vecinos. "El clima de miedo en el bloque", según el organismo, ha sido determinante para optar por su marcha.

A cierta distancia, vigilaban a los concentrados un par de coches de la policía municipal. Aunque por allí no se los ha visto, fuentes del TSJM han manifestado que la comisión judicial encargada de llevar a cabo el desahucio "siempre" se presenta en el lugar en que debe desarrollarse pero no lo ejecuta ante situaciones de desorden público. "En ese caso, el desahucio queda aplazado, ya que se hace un nuevo señalamiento", han concluido. Se trata del primer desalojo paralizado después del toque de atención del presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, que pidió hace una semana que se "busquen soluciones" para que "se cumplan las sentencias". Vieira subrayó que las resoluciones judiciales firmes sobre desahucios "tienen que ejecutarse", aunque reconoció que se trata de "un problema social" que preocupa a este órgano judicial como al resto de la sociedad. "Se pueden buscar mecanismos para que se reduzcan las injusticias, pero lo que nunca se puede hacer es que cuando hay una resolución judicial firme, meditada y motivada" no se ejecute, añadió.

Con el de hoy, son cinco los desahucios aplazados en Madrid por concentraciones de apoyo desde la eclosión del 15-M y el nacimiento de la PAH, que ya funcionaba en Cataluña. El primero se registró el 15 de junio en el barrio de Tetuán, cuando una multitud de indignados se anotó su primera victoria al evitar el desalojo Anuar, un inmigrante libanés de 55 años, su mujer y su hija adolescente. Los concentraron se enfrentaron a Cayo Lara, que acudió al lugar a solidarizarse con Anuar.

2.537 desahucios en el primer trimestre

El segundo desalojo se evitó en el municipio de Parla. El siguiente se produjo el 6 de julio en la zona de Pueblo Nuevo de la capital y fue un caso de impago de hipoteca. La vecina tiene a su cargo a un hijo de 25 años con un 77% de discapacidad.

El cuarto y último hasta el de hoy fue el 7 de julio y tuvo como escenario en Leganés, justo enfrente de Carabanchel, y por cuestiones muy similares. Una mujer y sus dos hijos fueron salvados de quedarse sin techo, al menos por el momento, en un piso del Ivima. Según el 15-M en Leganés, la mujer que cuida sola a sus dos hijos, lleva "muchísimo" tiempo sin trabajar y tiene una minusvalía, por lo que no puede pagar los 20.000 euros que el Ivima le demanda. Por su parte, desde el Ivima matizan que es una de sus mayores deudoras al acumular una deuda superior a los 22.000 euros y que desde el año 2003 sólo ha pagado 11 mensualidades. Convencidos de tener razón y lejos de deponer su actitud, la PAH ha abierto un teléfono público (91, 355 94 21) que, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00, atenderá dudas y consultas relacionadas con la hipoteca o con los avisos de desahucio.

En el primer trimestre del año, se ejecutaron 15.546 "lanzamientos" (desahucios por impago) en España, un 36,8% más que el mismo trimestre de 2010, informa Carmen Pérez-Lanzac. En la Comunidad de Madrid fueron 2.537, más del triple que en el primer trimestre de 2008). Es la tercera comunidad por volumen de desahucios tras Andalucía y la Comunidad Valencia. Ante semejante actividad, el TSJM ha tenido que duplicar el número de comisiones judiciales de seis a 13. Los barrios de la capital donde se ejecutan más desahucios por impago de hipoteca son del sur, donde se registran los niveles Villaverde, Carabanchel, Aluche y Vallecas. Según el testimonio de los funcionarios, la mayoría de los desahuciados son inmigrantes y el día del lanzamiento no están en la vivienda: hay que forzar la cerradura para entrar.