Desahucio cumplido... a la tercera

Eran más y han llegado antes. Una docena de furgonetas de la Policía Nacional y de la Municipal se ha apostado a las 5.45 a las puertas de la que durante cinco años ha sido la casa de Mari Carmen y de su hijo de 16 años, una vivienda social situada en el número 3 de la Cuevas de Altamira del barrio madrileño de Carabanchel Alto. Les estaban esperando. Toda la calle estaba tomada por decenas de agentes cuando han hecho acto de presencia, sobre las ocho de la mañana, unos 50 miembros del Movimiento 15-M, convocados por la asamblea de la zona. Sobre sus cabezas, sobrevolaba incluso un helicóptero policial. Han acudido y se han quedado allí congregados hasta que se ha consumando el desalojo, a sabiendas de que todo estaba perdido.

Con la llegada de la comisión judicial, el desalojo ha comenzado sobre las 9.45. Es la vencida tras dos intentos previos, el viernes pasado y el anterior, que los indignados lograron paralizar porque superaban en número a los agentes.

"Me han dejado en la calle"

Es el segundo que no detienen en Madrid desde que comenzó el fenómenos de las brigadas antidesahucios. Una cuadrilla de una empresa de mudanza ha terminado de sacar los enseres de la familia. Los han depositado en un camión de mudanza contratado por su excasero, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en cuyas bodegas podrán permanecer hasta un mes. Esto mientras Mari Carmen encuentra un sitio donde instalarse, porque hasta una de la tarde, cuando ha acabado su desalojo, aún no sabía dónde pasaría esta noche.

"Ahora me han dejado en la calle", ha dicho la mujer, quien ha insistido en que reclamará a las autoridades una vivienda. En las pocas palabras que ha pronunciado tras su desalojo, Mari Carmen ha agradecido a las personas que la acompañaron hasta el final. En la escena, un grupo de manifestantes, unos 40, han permanecido hasta el final para brindarle su apoyo a la mujer. "Es inhumano que te echen a la calle", ha señalado una vecina del barrio, en el que hay muchas familias instaladas en viviendas del IVIMA.

Dos versiones muy distintas

Según los portavoces de los indignados, la afectada es una mujer víctima de violencia de género "con graves problemas de salud" y una deuda de 1.300 euros correspondiente a 2010, cuando atravesaba dificultades económicas. Esta deuda, según sostienen, está ya liquidada, así como los pagos del alquiler del piso hasta octubre de este año. Sin embargo, el Ivima le reclama que el pago de esta deuda se realizó fuera de plazo.

La propia Mari Carmen contó el viernes pasado que "se quedó perpleja" cuando se enteró de que sería desahuciada cuando acudió al juzgado para preguntar por qué no le pasaban los recibos. La afectada aseguró que "ni el procurador, ni el juzgado, ni nadie" le notificaron la orden de desahucio y pedía quedarse en el piso o que le dieran una alternativa justa. Fue entonces cuando acudió a la Asamblea de Carabanchel a pedir ayuda, "hay que besar por donde pisa esta juventud que se vuelca en hacer verdadera ayuda humanitaria", declaró. "Yo estoy muy agradecida al Ivima porque en 2008 me ayudaron, al tener mi marido cuatro órdenes de alejamiento, nos buscaron casa a mi hijo y a mi en unos meses, pero las cosas no se arreglan así, quiero que me den una alternativa", dijo.

Sin embargo, la versión del Ivima es muy diferente. Un portavoz del organismo explicó a este diario el pasado día 15 que la demanda presentada contra la mujer en los tribunales fue por "falta de pago y por su elevada conflictividad", haciendo hincapié más en lo segundo que en lo primero. Preguntado sobre si la mujer ha saldado o no la deuda, el portavoz ha señalado que "tras la sentencia de marzo de 2010" en la que se ordena su desalojo, el juzgado les informó de que la afectada "ha efectuado consignaciones" para pagar un montante que cifra en "unos 1.500 euros" por 19 recibos impagados de vivienda y garaje más los intereses de demora.

Aunque el Ivima suele aceptar el pago a posteriori, en este caso decidió no hacerlo porque así lo aconsejan las "muchas quejas y denuncias" que hay contra la mujer por parte de sus vecinos. Según el Ivima, "ha provocado multitud de intervenciones policiales" y tiene "sentencias condenatorias por amenazas e intimidación" e incluso "órdenes de alejamiento" por el mal trato al que somete a sus vecinos. "El clima de miedo en el bloque", según el organismo, ha sido determinante para optar por su marcha.