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Cerco judicial al 'caso Gürtel'

El PP se enroca en defensa de Camps pese a la acusación del fiscal

El fiscal acusa a Camps de cohecho por recibir 14.000 euros en regalos.- Anticorrupción pide una multa y recuerda que hoy el delito implicaría cárcel

La posición del presidente de la Generalitat valenciana es cada vez más difícil de defender. Y parece que, después de un nuevo revés judicial en el caso de sus trajes, la primera conclusión de Francisco Camps es que las penas se pasan mucho mejor en compañía. Por eso hoy tiene previsto presentar en Alzira (Valencia), junto a una selección de altos cargos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, a los candidatos del partido en los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las próximas elecciones.

El PP espera que la asistencia al acto sea multitudinaria, y que los militantes hagan olvidar que ayer Camps recibió varias comunicaciones judiciales que resultaron todas contrarias a sus intereses. El popular había instado al ministerio público a pedir el archivo del caso de los trajes, y la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un severo escrito de conclusiones en el que pide sentarlo en el banquillo por un delito de cohecho continuado: haber recibido en consideración de su cargo "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008. Su abogado había intentado, paralelamente, dilatar el procedimiento planteando nuevas diligencias, y tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, las rechazaron.

Anticorrupción pide para Camps una pena de multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros. En total: 41.250 euros. La fiscalía recuerda que el castigo que reclama para el presidente valenciano es acorde con el Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos. Con la nueva redacción del Código Penal, pactada el año pasado por PSOE y PP, el mismo comportamiento está castigado con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

El Partido Popular reaccionó a la noticia con extrema cautela. El presidente de la Generalitat -que se encontraba en ese momento de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berlín con escala en Madrid- logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada.

Génova ve "doble rasero"

Génova sostiene que una vez más la fiscalía aplica un "doble rasero" al investigar el escándalo de la trama Gürtel y casos que afectan a los socialistas, como las supuestas prejubilaciones falsas en la Junta de Andalucía.

En Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido.

La dirección del PP hace hincapié en que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción recoge la acusación de cohecho impropio, pero no alude en ningún momento al cohecho propio ni a una posible financiación irregular, desmontando en su opinión "la campaña de insidias" de aquellos que pretendían hacer del caso Gürtel una causa general contra el PP. La supuesta financiación ilegal del PP no forma parte, de momento, del caso de los trajes, y aún está pendiente de ser asumida por el Tribunal Superior valenciano. Además, en contra de lo que afirma el PP, la Fiscalía, en el escrito entregado hoy en Valencia, vuelve a solicitar la acumulación de más delitos a la causa de Camps, entre ellos el de financiación ilegal, delito electoral, cohecho y contra la Hacienda Pública.

La dirección del PP insiste en la inocencia del presidente de la Generalitat y cree que así lo acabará demostrando la Justicia. Además, da por seguro que será su candidato a las próximas elecciones autonómicas. El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hace un par de semanas que estaba convencido de que Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes.

Petición de dimisión

La oposición se ha mostrado menos comprensiva y ha pedido de nuevo que Camps deje el cargo. La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y diputada en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, destacó que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción le acerca a Camps "al banquillo de los acusados". En opinión de la coordinadora de EUPV "lo que debería hacer Camps es evitar la fotografía de un presidente de la Generalitat sentado ante un juez por cohecho, dejar al cargo y acudir al tribunal sin ostentar el cargo".

En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, opinó que el escrito de la fiscalía "deja bien claro que Camps recibió regalos de la trama Gürtel en atención a su cargo" y que el caso "conduce irremediablemente al presidente al banquillo de los acusados". Morera ha exigido de nuevo que Camps "deje su cargo y deje así de perjudicar la imagen de la institución que preside".

Intento de dilatar el caso de los trajes

La decisión de los jueces frustró ayer lo que a estas alturas parece el único objetivo de la defensa de Camps: retrasar hasta donde sea posible la apertura de juicio oral. Tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, desestimaron las nuevas diligencias solicitadas por la defensa.

El entorno del presidente tenía puestas sus esperanzas en el recurso de apelación visto el martes por la Sala Civil y Penal. La misma que archivó la causa en 2009 con una interpretación que vaciaba de contenido el delito de cohecho pasivo impropio, lo que llevó al Tribunal Supremo a reabrir el caso en 2010.

El abogado de Camps solicitaba incorporar a la causa una conversación entre Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y su abogado, grabada en prisión, porque consideraba que beneficiaba a la defensa. Pero esas grabaciones, recordó ayer la sala, fueron declaradas ilegales por el TSJ de Madrid y no es posible rescatarlas. Crespo, además, ha declarado en la causa lo mismo que decía en las grabaciones.

Es probable que la sala tenga que volver a pronunciarse. Flors también rechazó ayer dos peticiones de la defensa, y parece seguro que esta recurrirá.

Misma pena para Costa

La fiscalía solicita la misma pena de Camps para Ricardo Costa, que en el momento de los hechos era secretario general del PP valenciano y hoy es diputado regional; y Rafael Betoret, que era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es ahora jefe de protocolo de la Diputación. Para Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat, pide una multa de 35.000 euros. Los cuatro habrían recibido regalos de la trama por valor de 40.374 euros en tres años.

El ministerio público considera acreditado que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de los imputados, "les hicieron llegar de forma continuada y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir". Y que los acusados los recibieron siendo conscientes de que les eran entregados por su cargo, "desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre materias en relación con las cuales Correa, Pérez y Crespo mantenían importantes intereses económicos".

Entre 2004 y 2009, Orange Market, la empresa de El Bigotes (a quien Camps se refería como "amiguito del alma"), obtuvo contratos del Gobierno valenciano por unos 16 millones de euros.

Los regalos, señalan las fiscales, eran adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y eran abonados por seis empresas de la trama: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good & Better, Servimadrid y Orange Market. Los pagos a veces eran en efectivo y otras, a través de cheques y transferencias. Previamente, los empleados de las tiendas contactaban con los imputados para tomarles medidas. Camps y los otros tres acusados recibían las prendas en sus domicilios, en casa de El Bigotes, o en Orange Market.

Anticorrupción ofrece un anticipo del circo en el que se convertirá el TSJ valenciano si, como todo apunta, se abre juicio oral. La fiscalía solicita interrogar a los acusados y que comparezcan 22 testigos y peritos policiales, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ante un jurado popular.

El ministerio público insiste en suspender el procedimiento hasta que no se resuelvan las dos inhibiciones del juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, en favor del TSJ valenciano. Su aceptación implicaría el traslado a Valencia de nuevos delitos (cohecho, financiación ilegal, delito electoral, contra la Hacienda pública y otros) en los que estarían implicados 14 miembros del Gobierno y el PP valencianos.