La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha obligado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente del Gobierno regional, Alfredo Prada, a retirar el recurso contra el archivo que decretó la juez en el proceso que investiga los seguimientos que empleados de la Comunidad de Madrid, dirigida por Esperanza Aguirre, realizaron sobre ellos mismos y otros miembros de su propio partido. Cospedal, en una rueda de prensa tras la última ejecutiva nacional del PP antes de las vacaciones del verano, ha confirmado que ha sido el partido quien ha solicitado a Cobo y Prada que desistan en su intención de recurrir el sobreseimiento de la causa. «Como partido, se lo agradezco», ha respondido a la retirada del recurso. Cospedal ha aclarado posteriormente que no está prevista una reunión del Comité de Derechos y Garantías del PP, por lo que el partido no tiene previsto levantarle la suspensión de militancia, al menos de momento, informa Natalia Junquera. Cobo está suspendido temporalmente por dicho comité después de criticar duramente en EL PAÍS a Aguirre. En su recurso, Cobo aseguraba que que en el Ejecutivo regional hubo «carta blanca, aparentemente» para esa actuación ilegal. Y apuntaba que, en contra de lo que dictó la jueza en su auto de sobreseimiento, los hechos sí constituían delito. Precisamente, la mano derecha de Gallardón echaba en cara a la juez que no investigara más a fondo ya que no se realizó «la práctica de pruebas que, propuestas por las partes, no han sido proveídas; además hubo diligencias pedidas por el fiscal que no se practicaron por no dar cumplimiento a las mismas la Comunidad de Madrid». Entre las pruebas vetadas por la juez figuran los datos sobre el uso de teléfonos móviles y vehículos oficiales por parte de los sospechosos en los meses del espionaje, y el coste que supuso para el erario público, elemento clave para valorar el posible delito de malversación. Pero el escrito también echa en falta en la investigación judicial otros muchos elementos. Caso vivo Pese a que Cobo y Prada han decidido retirarse del proceso por indicación de la dirección de su partido, el caso seguirá vivo al menos de momento. El PSOE, que ejerce la acusación popular, mantiene el recurso que presentó poco después del sobreseimiento al entender que supone «la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa» y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.
