Siete de las 10 pruebas vetadas por la juez del 'caso espías' las pidió el fiscal en 2009

El auto de archivo del caso de espionaje en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre dictado por la juez Carmen Valcarce se enfrenta a una cascada de recursos, tanto del PSOE como de las víctimas en el PP de los seguimientos: el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde, Manuel Cobo. Aún no los han presentado.

El argumento en todos ellos es, a falta de conocer algunos detalles, que la investigación dista de estar concluida. El recurso del PSOE sostiene que el auto supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa", y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.

Afirma el PSOE que el veto de la juez es lo que le ha impedido cuantificar la malversación, motivo aducido por esta precisamente para archivar el caso. "En modo alguno resulta imposible, hubiera bastado con practicar la prueba solicitada y se habría podido obtener. Pero no se ha practicado, ignoramos por qué razón". La Fiscalía, tras estudiar los recursos, decidirá si se adhiere a los mismos. Pero se da la circunstancia de que siete de esas diez pruebas rechazadas fueron solicitadas el 20 de marzo de 2009 por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Exigió el fiscal al Gobierno regional el listado de vehículos oficiales (marca, modelo y matrícula) asignados a la Dirección de Seguridad -en manos de Gamón- y al grupo de asesores sospechosos de espionaje entre marzo a mayo de 2008; los justificantes de repostaje; los datos de las tarjetas Solred correspondientes; y los teléfonos móviles que usaron, junto con los detalles de sus facturas.

No obtuvo respuesta. Distintos letrados volvieron a pedir a la juez los mismos datos, también sin éxito. "Ni siquiera ha habido resoluciones de la inadmisión de las mismas, sino más bien las solicitudes han sido aparcadas, sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", afirma el PSOE.

Los socialistas volvieron a insistir el pasado 23 de junio; el 13 de julio la juez se dio por enterada y quedó pendiente de "resolver lo que proceda". Dos días después de notificada esa providencia, decretó el archivo provisional. El PSOE considera que lo hizo "de forma precipitada e intempestiva", y concluye que "repele al derecho y al más mínimo sentido común que una conducta de ese tipo y gravedad resulte impune". Denuncia además la equiparación que hace la juez de la prueba caligráfica oficial -que identifica a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior, como autor de las anotaciones de matrículas en los partes del espionaje- y de la privada, que en su opinión "ni se encuentra en autos ni se ha practicado con las debidas garantías procesales".

El PSOE ve chocante que "el fundamento jurídico que se da al archivo sea la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que dichos usos se produjeron".

Porque la juez admite "coincidencias" de los partes de los espías con los posicionamientos de los hombres de Gamón durante los seguimientos a Cobo y Prada, revelada por sus teléfonos móviles. Y "lo importante no es lo que hacían sino que lo que hacían está totalmente alejado de los fines públicos y que alguien los utilizaba para fines privados", añade el PSOE.