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La trama de espionaje político en Madrid

La juez archiva 'el caso espías' pese a las pruebas de los seguimientos

La magistrada no confirma el espionaje pero sí que un agente de Granados anotó en los partes y ve "imposible" cuantificar el dinero público malversado

La juez Carmen Valcarce ha archivado provisionalmente su investigación sobre el presunto espionaje cometido por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra dirigentes de su partido desafectos a ella, como el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo de su Gobierno Alfredo Prada. Todos ellos del PP. La razón principal de dicho sobreseimiento es que la magistrada se declara incapaz de cuantificar la cuantía del dinero público que costaron tales seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. El auto de la juez, que sigue el mismo hilo argumental del escrito del abogado de los acusados, puede resumirse así: aunque hayan existido seguimientos por agentes públicos a cargos del PP no habría delito porque no se puede concretar lo malversado.

Y, además, la juez teoriza que "el hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna, salvo que la información obtenida por este medio se utilice con otros fines que en si constituyen delitos: coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etcétera".

La magistrada pone así fin a sus pesquisas antes de que pudiera comparecer como testigo Yolanda Laviana -prueba requerida días atrás por el PSOE-, la ex esposa del presunto jefe de los espías de Aguirre, Sergio Gamón. Esta mujer, ex secretaria en el Senado de Aguirre, aseguró a EL PAÍS que su ex marido siempre informaba al vicepresidente primero Ignacio González sobre el espionaje a Prada.

"La prueba propuesta por un lado solo amplía el campo de investigación, intentando efectuar una causa general que afecta sin base a derechos fundamentales de numerosas personas", afirma la juez. Hay muchas más pruebas que no ha atendido antes de dar carpetazo al sumario.

La juez da por supuesto, en varios pasajes de su auto, que los seguimientos pudieron haberse producido, pero rebaja su categoría: "Se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos de los señores Oreja, Caro Vinagre y Coronado Martínez [tres ex guardias civiles asesores del consejero de Interior, Francisco Granados] con el contenido de los citados partes [del espionaje]; sin embargo, la generalidad de los contenidos de estos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de esos seguimientos".

La policía, sin embargo, solo reflejó los posicionamientos de los móviles de los agentes que juzgó indudables -tan fiables que la juez les imputó por tales informes- y desechó los discutibles.

Por tanto, los restantes posicionamientos, incluidos los seguimientos de Cobo y Prada cuando acudían a la sede del PP o a sus despachos, fueron considerados precisos y válidos. Y los propios tres ex guardias civiles asesores de Granados confesaron a la juez que siguieron semanas a Prada incluso a localidades ajenas a la ciudad de Madrid, como Chinchón o Brea de Tajo, y corroboraron su marcaje en puntos del centro madrileño. Ahí no había confusión alguna.

Y la juez proclama que un empleado de Granados, José Manuel Pinto, es nada menos que el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje, algo que este le negó reiteradamente. Pero la juez considera que ese dato no conduce a ningún lugar porque no puede establecer una relación de su trabajo con el resto de los imputados.

Casualmente, tanto los tres ex guardias imputados como Pinto estaban a las órdenes de Gamón como liberados, así como los cuatro ex policías (José María Rodríguez, Belén Espartero, Roberto Casielles y Miguel Castaño) a los que no ha llegado siquiera a tomar declaración, al igual que José Palomo.

Los tres ex guardias confesaron a la juez que recibían órdenes de Gamón para hacer sus seguimientos; y Gamón fichó a sus ex compañeros de su época en La Moncloa como asesores.

Seguir con dinero público es gratis

El cerrojazo judicial se produce justo cuando Yolanda Laviana, la ex mujer de Sergio Gamón, había vinculado a la cúpula del Gobierno de Esperanza Aguirre con la trama del espionaje. Y cuando pedía testificar sobre cómo el entonces director de seguridad de Aguirre usaba en beneficio propio coches y motos de la Consejería de Interior y repostaba con la tarjeta pública para sus coches privados. Ahí había un hilo para investigar una posible malversación. Y había otro filón para escudriñar en lo que le solicitó el abogado de Alfredo Prada: qué coches usó Gamón y su equipo, cuánto gastó en teléfonos y en gasolina... No hubo respuesta y ahora la juez afirma que es difícil cuantificar lo malversado en los seguimientos. El PSOE lo cifró en dos millones. Las defensas de las víctimas y la propia fiscalía comparten un criterio: si un funcionario dedica su jornada a labores ajenas a su función, está malversando. Bastaría saber su salario para saber cuánto malversa al día, al mes... La juez emplea argumentos que, en definitiva, benefician a los agentes imputados y asume que tienen unas funciones cargadas de "laxitud e inconcreción". Sin embargo, Gamón y los abogados de sus víctimas del espionaje, paradójicamente, le explicaron a la juez cuáles no podían ser nunca, por ilegales, las funciones de los agentes que trabajaban para Aguirre en la Comunidad: no podían realizar escoltas ni contravigilancias porque no tienen esa competencia. Por tanto, no había ninguna razón legal para que durante un solo segundo fueran la sombra de Cobo o Prada, y, sin embargo, lo fueron durante horas, semanas o meses. Los posicionamientos de los agentes imputados durante abril y mayo de 2008 lo delatan; los partes del espionaje también, y lo corroboraron en su confesión ante la juez sobre Prada. Y tales descubrimientos sobre su labor paralela han sido desvelados por la policía solo cotejando algunos de los teléfonos que usaron los presuntos espías porque Laviana había declarado que dispusieron de más de un teléfono móvil, y ha confirmado este diario. ¿Qué posicionamientos darían el segundo o el tercer teléfono que usaban? Tal vía está ahora cegada. Y la juez tampoco ha concedido una prueba clave: el listado de llamadas -imprescindible para ver si reportaba a González- y posicionamientos del móvil de Gamón en los meses del espionaje. La propia Laviana oyó a su ex marido que los agentes habían perdido a alguien en las mismas fechas en que los partes anotaban que los espías habían perdido la pista de Cobo o Prada. Pero la juez no ha dado pie a un careo o contradicción sobre tal versión. Ha cercenado la posibilidad de que se oyera a la primera testigo de este proceso dispuesta a ratificar la existencia del espionaje. El caso no se archiva tras agotar la investigación, sino cuando quedaban decenas de pruebas sin atender. Entre ellas, el interrogatorio del resto del equipo de presuntos espías de Gamón: cuatro ex policías y el agente José Palomo. La juez ha dado por buena una pericial caligráfica privada al agente Pinto, "hecha de espaldas" al proceso judicial, según la defensa de Prada, ya que no se hizo ante un testigo del juzgado, sino ante dos cargos de Aguirre. El auto podría sentar así un grave precedente: seguimientos ejecutados por agentes que cobran de fondos públicos puede salir gratis penalmente.

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