_
_
_
_
La trama de espionaje político en Madrid

Granados pide que dimita el ex consejero de Aguirre espiado

Alfredo Prada recurrirá el auto de la juez Valcarce

Pablo de Llano Neira

El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, del PP, pidió ayer la dimisión del diputado del PP de Madrid Alfredo Prada, al que espiaron empleados dependientes de Granados, según admitieron ante la juez del caso, Carmen Valcarce, cuando fueron a declarar como imputados. Prada, que denunció el hecho en los juzgados, precedió en su cargo al actual responsable de Interior y fue vicepresidente regional del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Granados afirmó que el objetivo de Prada y de otra diputada popular que denunció el caso, Carmen Rodríguez Flores, fue "perjudicar al Gobierno" de Aguirre. "Si les queda dignidad, deben dimitir y vivir de otra cosa", afirmó Granados. El consejero, que reiteró que nunca ha habido espionaje en la Comunidad, no pidió la dimisión del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo -el otro objetivo prioritario de seguimiento-, que también fue parte de la acusación. "Los juzgados no le han dado la razón", se limitó a decir.

Cobo: "Está probado, no se discute y la juez tampoco lo niega"
Más información
El PSM cree que la juez constata el espionaje "aunque no sea delito"
La juez archiva 'el caso espías' pese a las pruebas de los seguimientos

Alfredo Prada, hoy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, recurrirá el auto, según fuentes próximas al compañero de escaño de Granados en la Asamblea. Cobo anunció ayer que sus abogados también están sopesando si recurren.

Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en unas declaraciones difundidas por su departamento que el auto de la juez que investigaba el presunto espionaje a políticos madrileños demuestra que "hubo seguimientos" por parte de personal de la Consejería de Interior.

"Está probado, no se discute y la juez tampoco lo niega", defiende el vicealcalde, que entiende que los hechos "son absolutamente reprochables" y consisten en el seguimiento a políticos por parte de personas que "no tenían ni competencia ni legitimidad" para hacerlo.

"Ahora bien, la calificación jurídica corresponde a la justicia", apuntó el vicealcalde de Madrid, "y la juez, con las dificultades del procedimiento, no ha podido determinar la cuantía que habría sido destinada indebidamente a esos seguimientos".

La juez Carmen Valcarce.
La juez Carmen Valcarce.GORKA LEJARCEGI

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_