Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP
Claves y quién es quién en la red de empresas y tráfico de influencias
El seis de febrero, el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) destapan una trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP y luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales. Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.
Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tenía en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada).
Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas.
La trama alcanza Valencia
Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez y que figura en el organigrama de la presunta trama investigada por el juez Baltasar Garzón, es la principal proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La firma organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Y esa estrecha relación con la dirección del PP ha contribuido a que Orange, pese a su reducida dimensión empresarial, se haya adjudicado importantes contratos.
El Ejecutivo autónomo que preside Francisco Camps sostiene que sólo ha adjudicado a Orange Market en 2005, 2006, 2007 y 2008 el concurso para montar el pabellón institucional valenciano en las ferias de turismo de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En todos esos ejercicios la adjudicación se hizo por importes en torno al millón de euros. El Gobierno admite también que se encargó a esta empresa parte de los festejos de la salida de la regata Volvo Ocean Race en Alicante, aunque no desvela por cuánto dinero. El Ejecutivo que preside Francisco Camps se ha negado a facilitar la relación de contratos con Orange Market.
La red corrupta fuerza tres dimisiones en el PP de Madrid
La red corrupta de Francisco Correa golpeó con fuerza al PP madrileño. El 9 de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y el gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega, habían "presentado la dimisión". Ambos han tenido relación con los empresarios investigados. También dejó su cargo el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros).
Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.
Ese mismo día, Garzón detuvo a Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market en Valencia. La sede de Orange Market en Valencia fue inspeccionada para buscar documentación sobre contratos suscritos por esta empresa, perteneciente al principal imputado del caso, Francisco Correa, con la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat valenciana. Pérez Alonso también aparece relacionado con el negocio urbanístico del que habla Correa en una grabación, en concreto un proyecto en La Nucia (Alicante).
El 10 de febrero, la lista de imputados asciende a 37. Además de los cargos destituidos por Esperanza Aguirre, y un asesor de un concejal del PP madrileño afín a la presidenta autonómica, en la lista hay abogados y empresarios de la construcción o del sector inmobiliario (que aprovecharían las relaciones de los cabecillas de la red para obtener recalificaciones urbanísticas o negocios del mismo tipo en ayuntamientos gobernados por el PP). Muchos imputados aparecen en las grabaciones aportadas al sumario.
El 11 de febrero, el juez Baltasar Garzón encarceló a los tres cabecillas de la trama. Garzón decretó prisión incondicional contra Francisco Correa, presunto cerebro de la red de empresas que organizaban eventos para ese partido, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo.
El juez dejó libres a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, y a Felisa Isabel Jordán, ambas ex administradoras de cuatro de las sociedades investigadas, con la condición de que acudan al juzgado una vez al mes. A Carmen Luis, que también se encontraba en la lista de imputados, ni siquiera le impuso esa cautela.
Rajoy habla de una teoría de la conspiración. El líder del PP, Mariano Rajoy, cuestiona la investigación del juez Baltasar Garzón. Rajoy se rodea de dirigentes populares para hacer una dura acusación: "No hay una trama del PP; hay una trama contra el PP".
El líder del PP cuelga de esta frase ataques al Gobierno, en particular el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y a Garzón. El líder popular arremete contra Bermejo por acudir a una montería en Jaén en la que participó Garzón: "Es un acto obsceno que daña la independencia del Poder Judicial". Rajoy anuncia que su partido recusará al juez.
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, lo ve todo "correcto". Es su respuesta a las preguntas formuladas por la oposición en las Cortes Valencianas acerca de las relaciones de su Administración con Orange Market y los empresarios Álvaro Pérez y José Luis Ulibarri, imputados por el juez. Camps afirmó que nunca pregunta "por expediente alguno", y aseguró que todo es "correcto". Es la primera de una larga lista de negaciones y evasivas del presidente valenciano.
La fiscalía implica al presidente valenciano
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps en la trama corrupta en un informe que entrega a Baltasar Garzón el 16 de febrero. En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
La Fiscalía Anticorrupción respondió el 5 de marzo a una pregunta que le hizo Garzón sobre la presunta implicación de diputados y senadores del PP en la trama de corrupción. El Ministerio Público, a diferencia del juez de la Audiencia Nacional, no encuentra indicios suficientes "por ahora" para enviar la causa a la Sala de lo Penal del Supremo.
El PP madrileño suspendió el 5 de marzo a cinco altos cargos imputados por Garzón en Madrid, entre ellos, el alcalde de Pozuelo y su homólogo de Arganda. Consulta aquí la lista de cargos del PP de Madrid implicados por el juez.
Garzón destapa sobornos a Camps. La investigación del juez Baltasar Garzón, interrumpida el 5 de marzo para inhibirse a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP. En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas.
El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos.
Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana. Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad".
Garzón imputa el 27 de marzo a otras 10 personas en el caso Gürtel por blanqueo de dinero, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias en un auto con fecha del 17 de marzo. Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrendo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebreros, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colman González, Luis Agramunt, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso. Algunos están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. Tras declarar ante el juez, quedan en libertad.
Garzón implica al tesorero del PP, Luis Bárcenas
El 4 de abril, Garzón implica al tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el cobro de 1,3 millones de la trama corrupta, y al eurodiputado del PP, Gerardo Galeote, que recibió supuestamente 652.000 euros. Garzón remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid todos los indicios de criminalidad existentes.
El Tribunal acepta la competencia sobre la totalidad de la causa de corrupción por existir indicios de delitos contra los aforados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Garzón había seguido investigando los hechos relativos a la implicación de aforados nacionales en la trama corrupta y así, tras recibir nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), pudo determinar, "sin género de dudas", que Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por pagos de la trama corrupta en 1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310. La medida produce "el rechazo más absoluto" por parte del PP y la presentación de una nueva querella de Bárcenas contra Garzón.
Sin embargo, los hechos parecen incontestables, pues de la documentación intervenida en poder del contable de la trama corrupta, incluida la caja B de las empresas de Correa, se desprende que Bárcenas disponía de un archivo personal con apuntes contables encabezado por la frase "detalles entregas L.B." Las pruebas del juez acaban por disparar el malestar en las filas del PP.
Los tomos del sumario judicial del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps.
El informe de la Fiscalía Anticorrupción, fechado el pasado 4 de marzo y donde rectifica algunas apreciaciones anteriores, se basa en distintas pruebas conseguidas durante la investigación para culpar a Costa, número dos de Camps, y atribuirle la supuesta recepción de dádivas de la red de Correa por parte de algunos dirigentes de la trama que afecta a altos cargos del Partido Popular.
El 23 de abril, EL PAÍS publica una conversación telefónica captada por la policía en el curso de la investigación sobre la trama corrupta vinculada al PP acreditan que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, mantenía una estrechísima relación con Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red empresarial que dirigía Francisco Correa. La grabación, fruto de pinchazos telefónicos autorizados por el juez, también muestran cómo Pérez hizo regalos de alto valor a Camps, a su mujer y a su hija en enero de 2009. La esposa del presidente valenciano consideró que era un regalo excesivo, a tenor de las expresiones utilizadas durante la conversación que ella mantuvo con Álvaro Pérez, hasta el punto de sugerirle que le iba a devolver el regalo. Camps elude responder a las preguntas de los periodistas sobre su relación con Pérez, e insiste en que "todo es un montaje".
Nuevos imputados en Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cita a declarar como imputados al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado para declarar sobre su implicación en la trama corrupta de empresas que salpica a administraciones del Partido Popular.
El magistrado del TSJM, Antonio Pedreira, que instruye la parte del caso Gürtel que implica a aforados madrileños, citó el 6 de mayo como imputado al ex consejero de Deportes del Gobierno regional y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo. Según ha informado el TSJM, Pedreira tomará también declaración a Antoine Sánchez -primo del supuesto líder de la trama, Francisco Correa, y junto a éste y Pablo Crespo uno de los tres imputados encarcelados-, y al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez.
El TSJV imputa a Camps y Costa
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) cita a declarar el 19 de mayo como imputados al presidente valenciano, Francisco Camps, y su número dos en el partido, Ricardo Costa, por la red corrupta dirigida por Francisco Correa. El ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret han sido llamados también a declarar como imputados el día 20 de mayo.
La dirección nacional del PP expresa su "plena confianza y apoyo" a Camps y Costa a través de un comunicado en el que manifiesta que "la citación supone acabar con la situación de indefensión que han padecido en los últimos meses y les permitirá demostrar su inocencia en el foro adecuado". La oposición les acusa de doble rasero porque el Comité de Garantía del partido había resuelto hasta entonces la suspensión cautelar de militancia de todos los imputados por la trama que investigan los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Así se ha hecho con los diputados madrileños Alfonso Bosh, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco.
Las empresas de la trama:
- Correa está ligado a Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Markets recibe encargos del PP valenciano. Correa aparece en Ekobaby (comercio de frutas) y Formación Comunicación y Servicios (viajes).
- Rodríguez Quijano figura en Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor).
- Crespo está relacionado con la inmobiliaria Welldone 2002 Special Events, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Pasadena Viajes, Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva, (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias) y Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos).
- Jordán Goncet figura en Good and Better, e Easy Concept.
- Sánchez está en Catalunya Nord Recor, Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial y Technology Consulting Management.
Mapa de instituciones contaminadas:
- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas el viernes.
- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.
- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.
- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.
- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.
FRANCISCO CORREA
Empresario y supuesto cerebro de la trama, detenido e imputado el 6 de febrero. Permanece detenido en la prisión de Soto del Real. Es amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag, y testigo en su boda con Ana Aznar. Es responsable de la empresa Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Market recibe encargos del PP valenciano. Habitual organizador de actos del PP, Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003.
PABLO CRESPO
Ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña, número tres de la Xunta de Galicia. Entre 1996 y 1999 Special Events monopolizó todos los actos del PP gallego y muchas de las inversiones de la consejería de Obras Públicas que dirigía Xosé Cuiña. Tras la caía de Cuiña, Crespo se mudó a Madrid como cargo directivo de la sociedad con la que tanto había tratado, Special Events. Siguió organizando actos y campañas del PP en todo el país, a excepción de Galicia, donde se le había cortado el grifo. Fue detenido e imputado el día 6 de febrero y se encuentra en la prisión de Soto del Real.
ANTOINE SÁNCHEZ
Empresario detenido e imputado el día 6 de febrero, permanece en la prisión de Soto del Real. Administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani, dos empresas implicadas en la trama de corrupción.
FELISA JORDÁN GONCET
Relacionada con empresas investigadas. Fue detenida el día 6 de feberero y puesta en libertad por la Policía.
MARÍA DEL CÁRMEN RODRÍGUEZ QUIJANO
Esposa de Francisco Correa, ex jefa de Gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio. Fue detenida el día 6 de feberero y puesta en libertad por la Policía.
ÁLVARO PÉREZ ALONSO
Conocido en el PP como El Bigotes, por los amplios mostachos que luce, es el responsable en la Comunidad Valenciana de Orange Market, empresa filial de Special Events, que se registró en julio de 2003 y que ha obtenido numerosos encargos del PP valenciano y de otras entidades que están bajo su influencia. Amigo de Alejandro Agag. Fue detenido el lunes 9 de febrero por la noche en la capital del Turia y trasladado a Madrid por orden del juez Baltasar Garzón.
GUILLERMO ORTEGA
Ex alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa. Aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Era gerente, hasta el lunes 10 de febrero, del Mercado Puerta de Toledo (designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid). Al día siguiente de presentar su dimisión, el juez Garzón le imputa en el caso.
ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, presentó su dimisión a Esperanza Aguirre el lunes 9 de febrero, después de que su nombre fuera relacionado con la trama. López Viejo ha sido implicado formalmente por el auto del juez Garzón en el que éste se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. López Viejo fue responsable en 2003 de las escenografías electorales de la presidenta de Madrid, que montaba la compañía Special Events regida por Correa. Adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005.
ARTURO GONZÁLEZ PANERO
Alcalde popular de Boadilla, presenta su dimisión el martes 10 de febrero, apenas unas horas después de que el juez Garzón le imputara en la causa. El PP consiguió mayoría absoluta en Boadilla en 2003, y fue a partir de esa fecha cuando se tiene constancia de la relación de González Panero con Francisco Correa. El 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, y volvió a repetir en julio de 2003. El viernes 6 de febrero la policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre la relación de González Panero con las empresas Easy Concept, Pasadera Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción.
BENJAMÍN MARTÍN VASCO
Diputado autonómico del PP, ha sido implicado por el juez Garzón en el auto en el que éste se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue designado presidente de la comisión de investigación sobre la otra trama que afecta a Madrid, la crisis de los espías, hasta que dimitió ante las protestas de PSOE e IU.
GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".
Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.
JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".
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