Marlaska reabre el caso de las identificaciones del Yak

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha obedecido "por mandato de la superioridad" la petición de la Sala de lo Penal y ha reabierto el caso por las supuestas identificaciones erróneas tras el accidente del Yak 42 que causó la muerte a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía). En el banquillo volverán a sentarse los responsables de las identificaciones, el general de división Vicente Navarro y sus dos ayudantes, el comandante José Ramírez y el capitán José Sáez.

Marlaska ha dado ya traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo de diez días formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del procedimiento.

Con la resolución de la Sala de lo Penal, se estiman parcialmente los recursos presentados por las familias de los militares y revoca, también parcialmente, el auto de archivo de Grande-Marlaska porque excluye de la acusación del delito de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, que fue enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. La sección tercera argumenta su decisión de no imputar a Beltrán porque dice que se limitó a firmar el acta de entrega de los cadáveres y coordinó el trabajo realizado por el equipo médico formado por los tres militares acusados, que fue el que hizo las identificaciones.

"Erróneamente identificados"

La Sala considera que los cuerpos "fueron erróneamente identificados y la trascendencia jurídica de las inexactitudes" podría constituir "un ilícito penal". Navarro fue el médico encargado de elaborar la lista de los 62 fallecidos; Ramírez y Sáez redactaron los informes de necropsia. La causa les imputa un delito de falsedad documental, castigado con una multa de seis a 12 meses y suspensión de empleo por el mismo tiempo.

El tribunal califica de "razonables" las dudas que tanto la Fiscalía como las familias han expuesto sobre los posibles errores en la identificación de los cadáveres de los militares, fallecidos en Turquía, y estima que esta conducta "conecta" con un falseamiento de la realidad. Por ello considera que estas cuestiones tendrá que ser resueltas en un juicio que resolverá si se actuó de manera "imprudente" y si se procedió de forma intencionada.

Grande-Marlaska archivó el pasado 22 de noviembre la parte relativa a la identificación de los cadáveres (en concreto, 30 de las 62 víctimas mortales) al considerar que, si bien no se hizo correctamente, ello no supuso "alteración de la verdad en los elementos esenciales", es decir, el fallecimiento y causa de la muerte.

El 15 de abril pasado fue el fiscal del caso, Antonio Burgos, el que pidió abrir de nuevo el caso después de que el ex ministro de Defensa, José Bono, declarase ante el juez que se habían ocultado datos. El hoy presidente del Congreso declaró ante el juez, como el ex ministro Federico Trillo, por la causa abierta por la contratación del avión que causó la mayor catástrofe de de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.