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La Comunidad de Madrid permitirá objetar a Educación para la Ciudadanía

El Gobierno regional espera una "avalancha" de solicitudes tras el fallo judicial.- hasta ahora se han presentado 1.113 peticiones para el curso que viene, la mayoría procedentes de cinco colegios

Dos días ha tardado el Gobierno de Madrid en mover ficha tras la polémica sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoció, por primera vez en España, el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía. El Ejecutivo regional, que este año aún no imparte la materia y que siempre ha mostrado su férrea oposición, ha anunciado que aplicará el fallo judicial a todos los padres que lo pidan. Y espera "una avalancha" de objeciones.

La consejera de Educación, Lucía Figar, se ha reunido esta mañana con las asociaciones conservadoras que se oponen a la asignatura, introducida esta legislatura por el Gobierno socialista. Allí estaban el Foro de la Familia, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Profesionales por la Ética, Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Fundación San Pablo CEU y la Confederación de Padres y Alumnos (Ceapa). Tras la entrevista, Figar ha declarado que, "si no hay ningún cambio legal" tras la sentencia del tribunal andaluz, su Gobierno estimará "positivamente las objeciones de conciencia", es decir, que las dará por buenas.

De este modo, los niños (o, más bien, sus padres) que objeten quedarán eximidos de cursar la asignatura el año que viene, cuando se ponga en marcha en la Comunidad, y, por lo tanto, tampoco serán examinados de ella. Preguntada por qué harán con los alumnos esas horas lectivas, la consejera ha contestado que darán "instrucciones" a los colegios e institutos para que "todos recibirán la atención educativa más adecuada". La alternativa a la asignatura la decidirán los propios centros, que según ha dicho Figar, ya tienen experiencia con otras materias como Religión católica o Educación Física. Figar ha explicado que en estos casos la alternativa consiste en hacer trabajos o en estar en la biblioteca de manera que no sea una "atención discriminatoria" la que reciben frente al resto de los alumnos.

Cinco colegios objetan "en bloque"

"No se les puede dar más clases extra de ninguna asignatura", ha agregado. En la Comunidad de Madrid, la asignatura se implantará el próximo curso 2008-2009 y estará en el temario de 2º y 4º de ESO. La consejera ha cifrado en 1.113 las objeciones recibidas hasta ahora en su departamento, al tiempo que ha revelado que la mayoría proceden de "cinco colegios" que han "objetado en bloque". Sin embargo, Figar no ha querido precisar de qué centros se trata por una cuestión de protección de datos. Con estos datos en la mano y a la luz de la sentencia, la responsable madrileña de Educación espera de aquí a septiembre una "auténtica avalancha" de rechazos a Educación para la Ciudadanía.

La materia de Ciudadanía se ha encontrado desde su creación en 2006 con la oposición frontal de obispos y otros grupos católicos, y el PP la suprimirá si gana las elecciones. La resolución del tribunal andaluz se ha producido a cinco días de los comicios generales y andaluces. En Andalucía, otros 433 alumnos han objetado ante la Junta, que ha rechazado todos los recursos. La Fiscalía ha anunciado que impugnará ante el Supremo la sentencia, que exime a un niño de Huelva. Según cuenta hoy este periódico, uno de los ponentes del fallo, Enrique Gabaldón Codesido, es hijo del presidente de honor del Foro de la Familia y ex vicepresidente del Constitucional, José Gabaldón López, quien lleva llamando a la objeción de conciencia de los padres contra la asignatura en artículos y foros de opinión desde que Educación dio luz verde a la asignatura.

En su comparecencia, la consejera madrileña ha señalado que aunque esta sentencia se refiere a un caso concreto, los argumentos que recoge son "de caracter universal" y les parecen de "plena validez". Mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie, el Gobierno madrileño hará una lectura de la ley "lo más garante posible y lo más favorable posible" a los derechos de los padres.