El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz se gastó 100 millones de pesetas que no justificó

Un informe del Tribunal de Cuentas al que ha accedido la Cadena SER revela que el ex delegado especial para la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, asumió, entre 1997 y 2000, poderes excesivos que aprovechó para adjudicar obras sin control y cobrar retribuciones al margen de la ley. De Castro fue hombre de confianza de la candidata del PP a la Junta de Andalucía, Teófila Martínez.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre 1997 y 2001 fue aprobado por el pleno del órgano fiscalizador el 17 de diciembre de 2003. Cinco días después, el informe pasó al Congreso de los Diputados y el 23 de diciembre, último día hábil del periodo parlamentario, se admitió a trámite. La disolución de las Cortes el 19 de enero de 2004, por la convocatoria de elecciones, impidió que el informe pudiera ser visto por la Comisión del Tribunal de Cuentas, que no lo estudiará hasta que se constituyan las nuevas Cámaras.

Entre los gastos sin justificar de Manuel Rodríguez de Castro entre 1997 y 2000 figuran 53 millones de pesetas provenientes de restaurantes y viajes que el delegado especial para la Zona Franca cargó a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Según el Tribunal de Cuentas, De Castro pasaba de forma habitual facturas de viajes, hoteles y coches con chófer sin justificar. El órgano fiscalizador confirma que algunas de esas facturas se pasaron dos veces. El Estado pagó además el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo y la Seguridad Social de su empleada de hogar entre 1997 y 2000.

Contrataciones irregulares y donaciones injustificadas

Según el contundente informe del Tribunal de Cuentas, Rodríguez de Castro asumió poderes excesivos que utilizó para contratar obras sin someterlas al control del Comité Ejecutivo de la Zona Franca. Además, al firmar el finiquito tras su dimisión, De Castro incluyó dos millones de pesetas que la ley le impedía cobrar.

Otra de las irregularidades que destaca el Tribunal de Cuentas es la contratación injustificada a empresas privadas ajenas al Consorcio de la Zona Franca de labores de administración y asesoría. Los servicios los prestaron dos empresas que se llevaron más de 36 millones de pesetas en cuatro años. Una de ellas se limitaba a representar a la Zona Franca de Cádiz en Madrid.

Rodríguez de Castro hacía además donaciones a entidades sin ánimo de lucro y participaba en iniciativas empresariales y sociales con fondos del Estado, muchas veces por encima de las posibilidades financieras de la Zona Franca.