Los socialistas denunciarán a Rodríguez de Castro ante la Inspección de Hacienda

El PP de Cádiz desconoce si el delegado especial en la Zona Franca gaditana, Manuel Rodríguez de Castro, es un alto cargo del Estado, pese a que fue nombrado directamente por el Consejo de Ministros. Tampoco sabe si el recinto fiscal es una entidad de derecho público e ignora si el delegado vulnera la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos del Estado al ser el administrador único de la empresa privada, Transtech Internacional, S.L.

Ante estas cuestiones, la presidenta del PP de Cádiz, María José García Pelayo, condicionó ayer el apoyo futuro de esta formación a Rodríguez de Castro al informe que han encargado a los servicios jurídicos del Estado. 'El PP no ve ninguna anomalía y lo respalda hasta que estos organismos digan que ha actuado irregularmente', precisó.

Cuando más arreciaban ayer las críticas sobre el delegado de la Zona Franca, este organismo y el PP, contraatacaron con una denuncia sobre la existencia de 'graves irregularidades contables' en la entidad mientras estuvo dirigida por el PSOE, desde 1982 hasta 1996. Según la denuncia, 'el entonces delegado especial del Estado y directivos vinculados al PSOE' percibieron 'sobresueldos en dinero negro' que ascendían a 60 millones de pesetas. Con todo, ni el Consorcio ni los populares acusaron directamente, con nombres y apellidos, a los 'mayores beneficiados'. De ahí que esta denuncia incluya a los dos delegados que gestionaron este organismo en el periodo socialista: Juvencio Maeztu, fallecido en 1994, y Daniel Vázquez.

Este último, actual delegado provincial de Economía de la Junta en Cádiz, declinó hacer declaraciones, aunque anunció que hoy presentará una querella criminal contra sus acusadores. Según la denuncia conjunta del Consorcio y del PP, 'el verdadero caso de la Zona Franca' es el que desvelaron ayer, y las críticas y denuncias sobre los gastos en protocolo y su supuesta incompatibilidad se corresponden con 'una campaña de difamación de directivos vinculados al PSOE, que fueron los que firmaron el informe de gestión' contra el delegado. 'Esto no es más que un burdo intento mafioso de taparle la boca al delegado para que no denunciase las investigaciones que venía realizando desde hace tiempo', dijo García Pelayo.

En el comunicado de prensa emitido por la Zona Franca, el Consorcio informa que el delegado hará públicos los documentos que fundamentan su denuncia en el Comité Ejecutivo que se celebrará el lunes. El PP preguntará en ese órgano todos los datos que se conozcan, al tiempo que anunció que han solicitado que se fiscalice la gestión económica de la entidad desde 1982 hasta el ejercicio en corriente.

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Cádiz, el socialista Rafael Román, cuestionó que Manuel Rodríguez de Castro continúe como delegado especial de la Zona Franca. 'Me llama la atención la actitud defensiva, no clarificadora y de no afrontar los temas como vienen. Este tema viene mal para el PP y para el Ministerio de Hacienda. Me extraña que a estas alturas el delegado no haya dimitido o que no haya sido cesado', declaró.

Román informó además de que el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco González Cabaña, presentará una denuncia ante la Inspección General del Ministerio de Hacienda para que se aclare si el delegado vulnera la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos al compaginar su puesto público con otro privado en una empresa que 'no está destinada a gestionar su patrimonio sino a la venta de material informático'. 'Vamos a presentar una denuncia porque no se puede burlar la ley de una manera tan flagrante', detalló Román.

En esta misma dirección, el diputado socialista Francisco Fernández Marugán, presentó ayer nuevas iniciativas en el Congreso. Este parlamentario solicitó las declaraciones de actividades del delegado de la Zona Franca que obren en el registro de actividades de altos cargos, desde su nombramiento al frente del Consorcio del recinto fiscal.

La Zona Franca de Cádiz siguió sin contestar ayer a las preguntas formuladas por este periódico sobre los gastos de protocolo y la supuesta incompatibilidad de Rodríguez de Castro, así como sobre la denuncia que formuló este organismo y el PP sobre los sobresueldos en la época socialista.