El delegado de la Zona Franca gestionó sus negocios desde el despacho oficial, según el PSOE

El pasado 11 de octubre de 2000, Manuel Rodríguez de Castro recibió en su correo electrónico -a nombre de la Zona Franca- varios documentos remitidos por José Luis Almeida, con el que participa en la empresa Oda móviles, dedicada a la comercialización de aparatos y accesorios de telefonía e informática. Su socio le remite la relación de pagos y los trámites a efectuar para la apertura de un punto de venta de la empresa en el centro comercial Larios, en Málaga, donde posee un stand. En el mismo envío le remite los logotipos de la empresa. El correo electrónico fue distribuido, por error, al correo general del organismo fiscal, al que puede acceder cualquier trabajador de la Zona Franca gaditana. El PSOE asegura haber recibido los documentos 'de forma anónima'. Rodríguez de Castro declinó ayer confirmar la existencia de esa comunicación así como responder si es usual que haga gestiones privadas desde su despacho público.

Incompatibilidad

El delegado de la Zona Franca de Cádiz administra o pertenece a los consejos de administración de cinco empresas privadas y cuatro públicas. El Ministerio de Administraciones Públicas está tramitando un expediente para dictaminar si incurre en incompatibilidad alguna, ya que, como alto cargo, está invalidado para poseer empresas privadas, salvo en los casos que afectan a su patrimonio.

Rodríguez de Castro no ha respondido con claridad hasta ahora a estas cuestiones. Por un lado, sostiene que las empresas en las que participa no tienen actividad, lo que supone una contradicción con la ley, que sólo le permite la posesión de empresas para administrar su patrimonio. Además, otra de las firmas, Netharssis S.L., dedicada a la gestión de sociedades mercantiles, está registrada en la misma dirección de Madrid del gabinete de apoyo a la Zona Franca gaditana, departamento que ha cobrado 23 millones de pesetas por sus servicios en los últimos años. En otros casos, como el de Trasnteech Internacional, la actividad de la empresa (telecomunicaciones) coincide con alguna de las actividades que se desarrollan en la Zona Franca gaditana. Los socialistas creen que estos datos confirman que en la gestión del delegado del Estado 'no hay separación entre lo público y lo privado' y que 'desde su despacho oficial dirige también su entramado privado de empresas', según afirmó ayer en rueda de prensa, Francisco González Cabaña, secretario general del PSOE.

'Cada documento que aparece, cada respuesta que da el Gobierno viene a confirmar que en el Consorcio Zona Franca si algo ha desaparecido no son los papeles, sino la línea que tiene que delimitar lo público de lo privado. Nos preocupa si lo que está desapareciendo son los papeles que pedimos los socialistas. Resulta altamente mosqueante que sigan desapareciendo papeles en ese entorno tan cerrado y hermético y que puedan ser los papeles que estamos pidiendo hace mucho tiempo', dijo González Cabaña.

La limusina de Miami

Los socialistas introdujeron ayer en el debate la posible existencia de una factura a cargo del organismo fiscal gaditano por el alquiler de una limusina en Miami (EE UU), realizado por el delegado de la Zona Franca. 'Al parecer, se hizo uso de una limusina, de un coche de alto standing en un viaje a Miami y no aparece por ningún sitio la factura', denunció González Cabaña.

Fuentes de la Zona Franca cifraron en torno a las 600.000 pesetas el alquiler de ese vehículo de lujo, cuya factura creen que podría estar en la caja fuerte del delegado y que no ha sido ni contabilizada ni pagada aún. 'No nos consta el alquiler de ninguna limusina, y menos por 600.000 pesetas', contestó ayer Rodríguez de Castro a través de un portavoz oficial de la Zona Franca.

Tanto Cabañas como Antonio Perales, y José Fernández Chacón, acusaron al delegado del Estado de haber 'despojado a Zona Franca de su esencia original, el comercio de exportación e importación, para convertir el organismo en un monopolio de gestión inmobiliaria que compite con las empresas de la provincia', lo que representa 'un claro caso de intervencionismo que pone en peligro la libre competencia'.