El subdelegado del Gobierno en Cádiz se hace cargo de la Zona Franca

Osuna, que es inspector de finanzas del Estado y licenciado en Historia, llegó a la Subdelegación en 1997, en sustitución de Jesús Hermida. Tras unos comienzos polémicos en los que cosechó fuertes críticas por la intervención de las fuerzas de orden público en dos conflictos laborales y por la multa que impuso al presidente de la Diputación, el socialista Rafael Román (por cortar la autopista durante una protesta contra el peaje), Osuna mantiene cauces de diálogos abiertos con todos los partidos y sectores socioeconómicos.

Accede a una Zona Franca convulsa y situada en la polémica, tras la labor de su antecesor, cuya gestión ha arrojado gastos considerados excesivos en materias protocolarias (viajes, almuerzos, regalos...), y cuya pertenencia a empresas privadas lo situó bajo sospecha, aunque fue exculpado de cualquier incompatibilidad por el Ministerio de Administraciones Públicas. Desde hace dos semanas, la actividad está prácticamente paralizada en el Consorcio fiscal, que depende del Ministerio de Hacienda. El nombramiento de Osuna ha sido bien acogido entre los trabajadores del organismo.

Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, valoró ayer el nombramiento de Osuna 'porque se trata de una persona de reconocido prestigio por su capacidad para gestionar las cuestiones públicas'. Y añadió: 'Va a garantizar el correcto funcionamiento de la Zona Franca desde todos los puntos de vista y, además, va a seguir impulsando, como hasta ahora se había tratado de hacer, la proyección exterior del organismo, para que las empresas allí ubicadas tengan negocio fuera de nuestra bahía y de nuestro país'. La presidenta del recinto fiscal avanzó que Osuna seguirá 'impulsando las relaciones de la Zona Franca con las zonas francas de países iberoamericanos para que sea una plataforma de comercio exterior'.

El anterior delegado firmó numerosos convenios con las zonas francas del cono sur y puso en pie la Red Iberoamericana de Logística y Comercio Exterior (Rilco), que pretende articular el comercio electrónico entre los recintos fiscales y las empresas situadas a uno y otro lado del Atlántico.

Aunque la polémica de la gestión de Manuel Rodríguez de Castro se cerró con su dimisión, que se produjo el 19 de febrero, aún se están conociendo datos, a través de las respuestas del Gobierno al centenar de preguntas sobre el asunto que han ido formulando los diputados del grupo socialista del Congreso.