La Universidad pública de Madrid, ‘mode d’emploi’

Las universidades públicas madrileñas no tienen tiempo que perder, no. En un año en el que hay más estudiantes de Medicina matriculados en universidades privadas, pagando una media de 20.000 euros anuales, que en universidades públicas, el tiempo se agotó. Cuando Madrid sigue siendo la comunidad con el profesorado peor pagado, con tasas de temporalidad que doblan las del maltrecho sector hostelero, con las matrículas más altas, con menos becas por estudiante, que menos invierte en ciencia, que más talento expulsa, cuando todo eso ocurre en la comunidad más rica de España y en una de las más ricas de Europa, y cuando pese a esa asfixia una única universidad madrileña, la Complutense, produce más tesis doctorales que 46 universidades privadas, todas las de España, juntas, entonces se puede decir, sí, que el tiempo se ha acabado. Se acabó en realidad hace mucho tiempo, pero cristaliza hoy con la caída de una consejería casi al completo.

Con los ceses y dimisiones desaparece el equipo de Educación al que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encargó elaborar, redactar y defender la LESUC, acrónimo de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que la presidenta calificó como el proyecto estrella de su legislatura. Un equipo sale, pero la asfixia a las universidades continua; un equipo nuevo entra, y la asfixia a las universidades tiene que acabar. La nueva consejera tiene que aclarar cómo va a girar el timón que ha llevado a una crisis de gobierno de esta magnitud.

Ahora bien, como en el largo plazo las diferencias seguro que son más grandes, seré telegráfico y me referiré solo a tres puntos que de manera telegráfica deben abordarse el primer día:

En primer lugar: reinicio del diálogo para la elaboración de una nueva ley. Esto implica decir algo obvio, pero por si acaso lo diré: se debe asumir el fracaso y la caída definitiva de la LESUC una vez salen de la ecuación los artífices y defensores de la misma. Damos por hecho que la conferencia de rectores exigirá el inicio de un nuevo proceso democrático y consensuado con ellos y con la comunidad educativa.

En aquella fallida ley, elaborada de espaldas al legislativo, se mezclaban ámbitos educativos de naturalezas muy distintas: universidades públicas y privadas, Formación Profesional, ciencia y enseñanzas artísticas. Aquella noche en la que todos los gatos son pardos imposibilitaba en esencia el debate, la justicia y la seriedad con la que deben tratarse cada uno de esos ámbitos. Se sumaban problemas de inconstitucionalidad obvios denunciados por académicos y expertos, falta de reconocimiento a la aportación del sistema público y, por si fuera poco, un régimen sancionador draconiano.

La consejera entrante debe aparecer con un plan presupuestario de choque

En segundo lugar: un Plan de emergencia presupuestario para el día I. En una expresión mínima de la voluntad de acabar con la asfixia a la que están sometidas las universidades públicas, la consejera entrante debe aparecer con un plan presupuestario de choque, que anuncie a su vez el desarrollo inmediato y dialogado de un plan de financiación plurianual. La situación madrileña destaca a nivel estatal, sorprende a nivel internacional, y aleja al Partido Popular de consensos democráticos que muchos de partidos del ala derecha europea todavía respetan. Existen mecanismos —“fondo de contingencia” o “créditos centralizados”— para este tipo de emergencias. Sino se hace sabremos desde el día 1 que la Consejería quiere seguir diseñando mediante la asfixia sistemática unos números rojos que de manera humillante las universidades públicas se verán obligadas a aprobar. Si hacen falta datos de cómo hacerlo que pidan ayuda a otras consejerías. Se darán cuenta de que los 200 millones de euros que pedían los rectores, sumado a la “deuda” de la Complutense y a lo que falta para alcanzar la media de inversión estatal es poco en comparación con los miles de millones de sobrecostes que religiosa e instantáneamente se pagan al grupo Quirón

En tercer lugar: Declaración firme de poner fin a la proliferación de universidades privadas, asumiendo el probado incumplimiento de los estándares mínimos de calidad, la falta de interés investigador, la mercantilización de la enseñanza. Han contribuido a la creación de un Madrid de dos velocidades que nos ha colocado en la cima de los rankings de desigualdad a nivel europeo.

Con estas propuestas de día 1 no solucionamos el problema de las universidades públicas, pero la cortesía parlamentaria me exige ceñirme al mínimo que exigen autoridades y expertos y que sin duda es posible, exigible y deseable. Del segundo día hablamos cuando llegue, sabiendo la consejería que tendrá que primar el desarrollo del plan plurianual, que todos los años se promete y que ningún año llega. Para el tercer día me reservo afirmar o negar si la Consejería de Educación ha sido solo el disfraz de cordero de la Consejería de Hacienda…, y de Miguel Ángel Rodríguez.