Superado el debate del móvil, las familias inician una nueva guerra para vetar el uso de las tabletas en la escuela

Unos meses antes de que acabase el curso, Mónica (43 años) recibió un burofax de la escuela de sus dos hijos en el que la dirección le comunicaba que en septiembre no habría plaza para ellos por “diferencias insalvables en torno a la tecnología”. Ella, que ha hecho todos los esfuerzos posibles para que en su casa no se consuman pantallas, se mosqueó cuando sus hijos (menores de siete años) llegaban a casa y le contaban que habían aprendido con vídeos en el cole. Mónica inició conversaciones con el director del centro, un privado de Madrid, para tratar de entender la razón pedagógica de ese visionado. No la encontró. Esa tensión se disparó cuando se enteró de que les habían creado cuentas en gmail sin su consentimiento expreso. Fue cuando decidió recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene el caso en estudio. “Cuando se enteraron, me mandaron el burofax y alegaron que habíamos incumplido el reglamento del colegio, ¿de verdad una madre no puede defender los derechos de sus hijos?”, cuenta desanimada en una cafetería de Madrid.

Ella, que como muchas otras familias consultadas para este reportaje prefiere mantenerse en el anonimato por temor a nuevas represalias de los centros contra sus hijos, es una de las 1.500 firmantes de la carta por una Escuela Off, un escrito que desde comienzos de septiembre circula entre grupos de familias de diferentes autonomías y que reclama que los manuales escolares estén siempre disponibles en formato papel, eliminar las pantallas en educación infantil y usarlas excepcionalmente en educación Primaria, que se garantice la posibilidad de realizar los deberes sin estar conectado, y que se ofrezca una línea “sin pantallas” en cada curso que respete el derecho a la desconexión de los menores. Una vez superado el debate de los móviles —todas las autonomías han prohibido el uso y lo han limitado a fines pedagógicos, excepto País Vasco, donde depende de la decisión de cada centro—, la nueva lucha es contra las tabletas.

A Diego Hidalgo, impulsor de la campaña y autor de Anestesiados. La humanidad bajo el imperio de la tecnología (Catarata), le resulta sorprendente que el despliegue tecnológico que se ha hecho en la educación no sea objeto de debate cuando ya empieza a haber evidencia científica de que el uso de tabletas no mejora el aprendizaje. Sin embargo, desde la pandemia (2020), el Gobierno ha adquirido 800.000 tabletas para 17.000 centros escolares (de un total de 22.000), así como pizarras digitales para todos ellos y ordenadores para controlarlas, según datos del INTEF.

“Tiene que prevalecer el principio de precaución tanto en términos de beneficios como de riesgos”, expone Hidalgo, también coordinador de la comisión de impacto de la Fundación Hermes, dedicada a la defensa de los derechos digitales. Otro de los puntos que critica la carta es la disonancia entre el mensaje que reciben los menores de pasar menos tiempo con dispositivos y la obligación de conectarse promovida por los centros, el límite “borroso” entre el uso educativo y recreativo, y el riesgo de explotación de los datos de los jóvenes sin garantías suficientes por parte de las plataformas tecnológicas.

La digitalización masiva de las escuelas se aceleró a partir de 2020 como consecuencia de la pandemia, el confinamiento y la urgencia de dotar al alumnado de dispositivos para poder seguir las clases desde casa. Al presupuesto del Estado se sumaron los préstamos a fondo perdido de la Unión Europea, los Next Generation, destinados a ese mismo fin. El Gobierno destinó 260 millones de euros a la compra de 500.000 tabletas y ordenadores para prestar a los alumnos en situación de vulnerabilidad —se calculó que había 800.000 menores sin dispositivos en casa—. En ese momento, el 50% de las aulas españolas no tenían ningún equipamiento digital. A esa cantidad, se sumaron 827 millones de los fondos europeos que se destinaron a la compra de otras 300.000 tabletas, así como pizarras digitales y ordenadores, entre otros aparatos. “Vimos la oportunidad de digitalizar la escuela”, cuenta Julio Albalad, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación.

¿Qué estipula la ley educativa sobre la digitalización? Siguiendo la normativa europea, la Lomloe (aprobada por el PSOE en diciembre de 2020) contempla la competencia digital y establece los hitos que los alumnos deberán haber adquirido al finalizar las diferentes etapas. En el caso de Primaria, los alumnos tienen que haber aprendido a realizar búsquedas guiadas en internet, a crear contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo...), entre otros. En el caso de Secundaria, se incluye el desarrollo de “aplicaciones informáticas sencillas”, entre otras. Además, es obligatorio que los alumnos entre 1º y 3º de la ESO cursen durante un año la asignatura Tecnología y Digitalización. Sobre la utilización de los dispositivos digitales, la ley no contiene ninguna orientación, ya que son las autonomías las que tienen la competencia y las que diseñan los currículos, así como los propios docentes en sus programaciones didácticas.

Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea —del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023—, se aprobaron, entre otras recomendaciones, las “actividades desconectadas” y “sin pantallas” en Infantil y adaptadas a la edad en Primaria (la Asociación Española de Pediatría aconseja un consumo cero para los menores de tres años, menos de una hora al día entre los tres y los cinco años, y a partir de esa edad no superar las dos horas al día). “En Ceuta y Melilla, que es donde tenemos la competencia en educación, se siguen usando los libros de texto como material principal, no se han sustituido por las tabletas”, indica Albalad.

Ese es precisamente uno de los problemas que más están combatiendo las familias, la sustitución de los libros de texto por tabletas a partir, generalmente, de 5º de Primaria. Hay historias de éxito como la de un colegio público de Las Rozas (Madrid) donde un padre ha conseguido que la dirección ceda y a partir de este curso los alumnos de 5º y 6º de Primaria —que en este centro usan la tableta en todas las asignaturas— puedan utilizar libros de texto para hacer los deberes en casa. “Hemos abierto esa posibilidad por la insistencia de ese padre, pero no vamos a retroceder en nuestro proyecto de digitalización, estamos muy contentos con los resultados y no quiero volver a oír hablar del tema”, zanja la directora del colegio por teléfono, que pide que no aparezca el nombre. Como en otros públicos, son las familias las que costean la compra de las tabletas.

Murcia (PP) es, por el momento, la única autonomía que ha anunciado en firme que a partir del curso 2025-2026 no se emplearán dispositivos digitales en la enseñanza de la lectura, escritura y Matemáticas en las aulas hasta 5º de Primaria (cuando los alumnos tienen 10 años) y, a partir de ese curso, se utilizarán solo cuando “aporten valor añadido al aprendizaje”, según dijo el presidente Fernando López Miras.

Madrid fue la primera en anunciar el pasado diciembre la creación de un “sello sin pantallas” para aquellos centros que se quieran adherir de forma voluntaria, pero aún no se ha concretado nada más. Hace unas semanas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se sumó a la apuesta de Murcia sobre la prohibición en Infantil y Primaria (en lectura, escritura y Matemáticas), pero no se ha concretado cuándo se pondrá en marcha.

Centros que vuelven a lo analógico

Dentro de esta ola antitecnológica en la escuela, hay centros que apostaron por la enseñanza con tabletas y que ahora están dando marcha atrás. “Ya no nos vendemos como centro digital, eso ya no funciona”, cuenta Ana (59 años), profesora de Lengua y Literatura en un instituto público de Albacete, que después de cuatro años dentro del proyecto Carmenta —impulsado por Castilla-La Mancha desde 2018 para el uso de licencias digitales en asignaturas troncales desde 3º de Primaria y al que se han sumado casi 300 centros—, están volviendo al soporte de papel. “Al principio, veíamos a los alumnos muy callados y aparentemente concentrados, fuimos comprobando que estaban a otras cosas en sus pantallas, saben puentear los controles, se descargan juegos o miran otras cosas”, añade la docente.

Lo más grave para Laura (48 años), compañera de trabajo de Ana y profesora de Formación Profesional, es que con las pantallas ha disminuido la capacidad de atención en clase. Cuenta que de un curso para otro, cinco familias sacaron a sus hijos del centro y el claustro actuó. “La consejería ha dejado que cada departamento decida si libro o tableta, en mi centro ninguno ha querido mantenerlas... se nos vendió como la solución a los problemas de peso en la mochila de los chavales y ha resultado un desacierto”.

Preguntado por esta cuestión, el director general de Innovación y Centros de Castilla-La Mancha, Lucio Calleja (PSOE), explica que la decisión corresponde a los centros, pero que “la digitalización nos envuelve” y “el acierto está en un término medio”. En la práctica, los centros tienen que elegir entre los libros de texto o las licencias digitales para las tabletas, y en caso de decantarse por esta última, tienen que asumir el compromiso de mantener esa metodología durante cuatro años. No existe una opción híbrida en cuanto a los materiales. “La Administración no lo puede costear todo”, justifica Calleja.

La evidencia científica

En su informe GEM 2023: Tecnología en la educación, ¿una herramienta en los términos de quién?, la Unesco puso sobre la mesa que “no existen pruebas sólidas” sobre el valor añadido de la tecnología digital en la educación, y urgió a los Estados a supervisar las políticas de digitalización de los centros y a crear órganos para llevar a cabo estudios imparciales e independientes a fin de lograr que las decisiones políticas sobre el uso de la tecnología en la educación estén basadas en evidencia. Según el texto, en el Reino Unido, el 7% de las empresas de tecnología educativa habían llevado a cabo ensayos controlados aleatorizados, mientras que el 12% había recurrido a certificación de terceros. Según una encuesta realizada entre docentes y administradores de 17 estados de los EE UU, solo el 11% había solicitado pruebas sometidas a revisión externa antes del uso en los centros.

En el campo de la investigación, el informe PISA 2018 —que mide la competencia de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y comprensión lectora de los países de la OCDE— arrojó que leer en papel permite un mejor rendimiento en esa actividad que hacerlo en una pantalla. Algunos de los experimentos realizados, como uno conducido por el investigador en lectura digital de la Universidad de Valencia Pablo Delgado, mostraron que los que leían en formato papel tenían menos pensamientos ajenos a la lectura que los que lo hacían en la pantalla del ordenador.

En este sentido, una revisión de seis metanálisis publicada el pasado noviembre por el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, concluyó que no existe un beneficio sobre el aprendizaje al tomar notas en un dispositivo digital, y se explicaba que “el estudiante que escribe sus notas usando un teclado tiende reproducir la información escuchada palabra por palabra en lugar de manipularla”, mientras que la toma de notas escritas a mano favorece la interpretación, la reformulación y el resumen. “Los movimientos de las manos realizados para formar cada una de las letras proporciona una codificación motora adicional de información”, señala el estudio. Por ello, los investigadores consideraron importante “planificar la integración de dispositivos digitales individuales en el aula cuestionando el valor añadido que aportan al aprendizaje”.

Javier Zarzuela, autor de Stop TIC infancia: por qué desdigitalizar la escuela (Círculo Rojo) y miembro del comité de 50 expertos creado por el Gobierno para diseñar un plan que proteja a los menores de los riesgos de la tecnología, considera que es perfectamente compatible lo que exige la Lomloe en cuanto a competencia digital con el retraso del uso de dispositivos hasta los últimos cursos de Primaria, y está diseñando un documento con esas especificaciones. “La Administración se está encontrando con datos cada vez más incómodos, entre ellos, el efecto distractor de las pantallas, y van a tener que tomar cartas en el asunto”, señala.

Zarzuela, maestro durante más de 37 años, cita como referente el informe publicado el pasado mayo por encargo del presidente Emmanuele Macron a un grupo de 10 expertos sobre la “hiperconexión involuntaria” de los menores. Entre las conclusiones, recomendaron reconsiderar las dotaciones digitales a la escuela; eliminar las pantallas en Infantil y los equipos individuales en Primaria; no emplear juegos educativos que impliquen recompensa, o contar con una experimentación previa desde el campo científico para evaluar la contribución pedagógica y los riesgos antes de introducir una herramienta digital en la escuela.

Otro de los movimientos surgidos en España para cuestionar el uso de tabletas es la plataforma Desempantallados, en la que ya hay involucradas más de 6.000 familias, y cuyas actuaciones se han realizado en cerca de 200 centros educativos de diferente titularidad. “En muchos casos hemos conseguido la vuelta completa al papel, pero nos encontramos con que muchos colegios se niegan porque tienen las licencias digitales compradas por periodos mínimos de dos años”, explica Gil María Campos, presidente de la asociación, que arrancó su actividad en 2020 impulsada por familias con hijos escolarizados en colegios concertados de congregaciones religiosas como Agustinos, Jesús-María y Escolapias.

A la espera de que las administraciones actúen, algunas familias se decantan por centros privados sin pantallas. Es el caso de Isabel Parada, miembro del equipo de trabajo de por una Escuela Off. “Soy una privilegiada, tengo medios para llevar a mis hijos, pero muchas familias no pueden costearlo y están desprotegidas”, lanza.

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