La nueva concertada mercantilista: un modelo desleal para la sociedad

Mientras los políticos protagonizan un nuevo enfrentamiento público, a favor y en contra de la EBAU única para atraer la atención de los medios, sin escuchar la voz de los profesionales de la educación, se ha publicado una noticia en el ámbito educativo que apenas ha tenido repercusión mediática y que, en mi opinión, es especialmente preocupante.

Me estoy refiriendo al reciente caso de la orden de cese de actividad del centro educativo Gredos San Diego Valdebebas, dictada por el Ayuntamiento de Madrid, la pasada semana. Esta lamentable situación no nos sorprende, ya que hace mucho tiempo que CICAE viene denunciando las deficiencias de este nuevo sistema de adjudicación de conciertos, con cesión de suelo público a entidades mercantiles con evidente afán de lucro.

En este caso ha sido especialmente grave pues, además, los plazos administrativos eran totalmente inalcanzables, pues era evidente que los trámites requeridos no se iban a cumplir, como así ha ocurrido, lo que ha derivado en la mencionada orden del cese de actividad por el Ayuntamiento de Madrid.

Desde la asociación que represento, siempre hemos defendido la existencia del modelo concertado tradicional, con carácter social y vocación de servicio educativo, impulsado por el PSOE en 1985 para centros privados ya autorizados, entidades sin ánimo de lucro que eran congregaciones religiosas y donde se optó por una educación mixta.

La actual crítica se basa en el modelo que la Comunidad de Madrid ha impulsado con cerca de 100 colegios, durante los últimos 20 años. Basado en la cesión de suelo público, desde 50 a 75 años, con la concesión inmediata del concierto educativo, sin existir un centro autorizado previamente, permitiendo una doble vía de financiación pública y privada, con las elevadas cuotas irregulares que le cobran a las familias.

Esto atrae a empresas que encuentran en este modelo una forma de negocio muy alejada del carácter benéfico social, y que tienen una vocación más mercantil que educativa. Colegios subvencionados con fondos públicos que funcionan como privados “baratos” y supone un grave perjuicio, además de para muchas familias, para la escuela pública, para la reputación de los propios centros concertados tradicionales y, por supuesto, para a la iniciativa realmente privada independiente.

Un modelo desleal también para las familias que están cautivas en este sistema, como en el caso del barrio de Valdebebas donde, existiendo la necesidad de plazas escolares públicas, se impone como casi única opción este nuevo centro concertado concedido con las características anteriormente expuestas. Estas familias, y sobre todo sus hijos, son las víctimas inocentes de que la Comunidad de Madrid no haya hecho las cosas adecuadamente.

De hecho, la manifiesta barrera económica que esto supone se comprueba cuando el centro, desde antes de obtener ningún permiso o comenzar siquiera con la construcción, ya pedía una aportación mínima por niño de 1.750 euros al año como contribución a la prestación de la educación. Además de otros costes por servicios complementarios desde que se inició el curso, como puedan ser el comedor o el transporte escolar. Ahora estas familias se encuentran, además de indefensas por este sistema de copago de un servicio que debería ser gratuito, también con la incertidumbre del posible cierre del colegio de forma inmediata… Y lo que pueda ocurrir después del verano.

El sistema de concesiones generó muchas dudas desde su nacimiento, porque la adjudicación de estos concursos recaía, de manera casi sistemática, en instituciones con ánimo de lucro y/o afines a determinados poderes político-sociales, cuyo negocio estaba financiado con dinero público. Las actuales vías de financiación de estos centros, ya asentados con el paso del tiempo, han demostrado que afectan directamente a los bolsillos de las familias que deberían poder matricular a sus hijos en estos centros, financiados con fondos públicos, de forma gratuita.

Y de nuevo, los grandes perjudicados de este modelo, que distorsiona significativamente el imprescindible modelo concertado de nuestro país, son las familias y sus hijos. A los ciudadanos y a los alumnos, que lamentablemente se encuentran ante un sistema educativo con demasiadas deficiencias, me gustaría darles voz a través de estas breves líneas... “Debería primar, por encima de cualquier otro interés, el derecho de los padres a elegir el centro educativo que mejor se adapte a sus necesidades y a las de sus hijos”.

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