España bate el récord de alumnos provenientes de fuera de la Unión Europea

Nunca ha habido tantos estudiantes llegados desde fuera de la Unión Europea en las universidades y centros de formación españoles. Un cambio en la normativa que regula el ingreso de extranjeros en el país permite desde mediados de 2022 que estos alumnos puedan compaginar su formación con trabajos de hasta 30 horas semanales. Una oportunidad que no ha tardado en ser aprovechada. Según los datos del Ministerio de Inclusión y Migraciones, España emitió 122.460 permisos de estudio (grado, posgrado, FP y otras formaciones) o prácticas profesionales el pasado año, un tercio más que los 81.346 registrados en 2021, antes del cambio de la norma. El crecimiento de alumnos rusos es el más llamativo, aunque la presencia de población de América Latina es la que lidera, seguida por la de matriculados de Estados Unidos, China y Marruecos, países que aportan más de 5.000 cada uno.

Las universidades coinciden al señalar este cambio normativo como la clave para que muchos puedan costear su estancia en España. Antes de la reforma, un matriculado dependía de sus ahorros o de la capacidad económica de su familia para mantenerse, pero al abrir la puerta a que los alumnos puedan cubrir sus gastos con unas horas de trabajo a la semana, las barreras de clase se diluyen, potenciando la diversidad en la educación superior en el país.

Los últimos datos ofrecidos por el Observatorio de Migración, vinculado al Ministerio de Inclusión, reflejan que la mayoría de los que llegan son mujeres (el 56%) y la edad media de estos alumnos es de 26 años. Respecto a la distribución geográfica, más de la mitad de los alumnos extranjeros tramita su autorización de estancia en la Comunidad de Madrid (25,94%), Cataluña (24,45%) y la Comunidad Valenciana (15%). En el extremo opuesto, se encuentran La Rioja (0,29%), Asturias (0,57%) y Cantabria (1,05%).

En el caso de los latinoamericanos, el aumento del desempleo juvenil y la inseguridad, en auge en la región desde la pandemia, ha empujado a muchos jóvenes a seguir formándose en Europa con la esperanza de encontrar un trabajo después, según Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, dedicada a apoyar a los migrantes. Aunque de momento Paspuel observa que los empleos que estos jóvenes encuentran mientras cursan sus estudios suelen tener “salarios bajos y duras condiciones”.

Fiorella Espinosa, peruana de 30 años, vivió esta realidad en primera persona. Llegó en 2022 tras inscribirse en un máster en ingeniería hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia e intentó compaginar su formación académica con algún empleo cualificado de su rama; pero las únicas ofertas llegaron de restaurantes. Acabó aceptando un empleo como cocinera que le permitía ahorrar para sus futuros proyectos en su país, aunque admite que ha tenido que hacer “malabares” para compaginar trabajo y formación.

Espinosa es testigo de cómo ha cambiado la composición de las aulas de estudios superiores. En su clase de 40 alumnos, 26 proceden de Latinoamérica, un porcentaje especialmente alto. En un cómputo más concreto, Migraciones contabilizó que un total de 75.857 estudiantes extracomunitarios radicaban en España a finales de 2023, de los cuales cerca de la mitad pertenece a un país hispanoparlante. El sistema universitario español cuenta con 1,6 millones de alumnos inscritos.

Otro factor que alienta las llegadas es el bajo coste de algunos programas españoles. Por ejemplo, Arantxa Suárez, de 28 años, llegó desde Colombia en 2022 para estudiar un máster en administración de empresas en la Universidad de Cádiz. Eligió la ciudad andaluza por el coste de la matrícula: 1.000 euros en promedio, muy lejos de los 5.000 que valen este tipo de programas en los campus del país caribeño. Esta realidad, sumada a otros factores, genera una tendencia que se explica en cifras. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, el incremento de estudiantes latinoamericanos fue del 160%: de 331 en el curso anterior al cambio normativo, a los 861 matriculados en el actual, un salto sin precedentes.

Además de la simultaneidad entre clases y trabajo, el cambio en el reglamento de la Ley de Extranjería también pretende facilitar la incorporación de los alumnos al mercado laboral una vez concluidos los estudios. Antes, era necesaria una estancia de tres años para obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, los datos laborales sobre jóvenes no son tan halagüeños: España cerró 2023 con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, con un 28,36% de empleados de entre 18 y 24 años.

El abogado especializado en movilidad internacional Félix España explica que la ley aún presenta problemas. Detalla que cuando un universitario se gradúa y quiere empezar a trabajar, necesita una persona que le haga un “precontrato” y este es un proceso que puede demorar varios meses antes de que el candidato se integre finalmente a la empresa, por lo que a muchos empleadores, concreta, no les interesa esperar tanto tiempo. Además, la complejidad de los trámites o la limitación de las 30 horas laborales a la semana que ofrecen los alumnos graduados suelen tirar para atrás a las compañías a la hora de contratarlos definitivamente.

La propia Suárez es consciente de la dificultad que aguarda una vez concluida la formación. Mientras estudiaba, la joven colombiana encadenó empleos en un restaurante y como cuidadora de mascotas antes de entrar en una empresa de recursos humanos. Al titularse, no fue contratada a tiempo completo y la única vía para permanecer en España era empezar de cero utilizando los estudios —se fue a cursar otro máster a Zaragoza— como un recurso para alargar su estancia y continuar con su búsqueda de empleo.

Su caso es similar al de José Estévez, dominicano de 25 años, llegado a España a finales de octubre de 2022 para cursar un máster en big data en un centro de formación en Madrid. Su mayor reto fue encontrar unas prácticas donde pudiese trabajar las 30 horas semanales permitidas. “La mayoría prefieren analistas que trabajen 40 horas”, lamenta. Llegó a tocar las puertas de hasta 100 empresas y cuando su permiso de estancia se iba a terminar, una compañía de seguros lo aceptó como becario en el área de datos; aunque para formalizar su contrato de prácticas tuvo que inscribirse a otro máster para poder alargar su estatus legal durante otro año. Entre trámite y trámite, hace casi dos años que no regresa a su país natal, donde además de su clima, su coche y su comida, extraña principalmente tener “más control” sobre su vida y su destino.