Seguridad en América Latina: los desafíos para dejar de ser la región con la principal tasa de homicidios en el mundo

El crimen organizado y la violencia están socavando el desarrollo y el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe. Las organizaciones criminales impactan el día a día de los ciudadanos y hoy se ubican como una de las principales preocupaciones de la población y de los líderes políticos. Es una realidad que según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le cuesta a la región el 3,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual, y le resta recursos para necesidades urgentes como la educación y la salud.

En esta parte del mundo, la tasa de homicidios es tres veces superior al promedio mundial (18 versus 5,6 por 100.000 habitantes) y el 50% de los homicidios está asociado al crimen organizado, en comparación al 24% del resto del globo.

“El crimen organizado es un factor significativo en toda la violencia de la región y eso hay que reconocerlo. El hecho que aporta el 50% de los homicidios y que entre el 20% y el 50% de los hogares en América Latina tengan miedo y que sienten que su seguridad está amenazada, es algo que nos debe llamar mucho la atención”, dice Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID.

En el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del organismo multilateral que se desarrolla desde este miércoles en la ciudad dominicana de Punta Cana, la experta advirtió que para combatir este flagelo es crucial entenderlo. “Es un fenómeno complejo, que involucra una diversidad de delitos y en el que convergen además muchos factores de riesgo, algunos que son estructurales en la región, como la falta de oportunidades socioeconómicas, la baja debilidad institucional, inclusive factores individuales o comunitarios como vivir en violencia. Todos esos son factores que se han identificado como que favorecen al crimen organizado”, señaló Alvarado.

Es un problema en el que el BID ha invertido 1.600 millones de dólares en 15 países desde 2009 y en el que ahora se hará un incremento importante. La cartera de proyectos en discusión de Seguridad Ciudadana y Justicia para 2024 y 2025 suma cerca de 1.000 millones de dólares. El organismo aborda estos temas desde dos enfoques: la prevención social y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, como policías, el poder judicial, fiscalías y el sistema penitenciario. Sus iniciativas han permitido, por ejemplo, lograr una reducción de 26% de los robos en lugares públicos en solo tres meses en Paraná, Brasil, gracias a una intervención de vigilancia en puntos de concentración de delincuencia, así como también un aumento de 5% en las tasas de resolución de casos judiciales y una disminución del costo de resolución de 75% en Costa Rica, debido a una iniciativa de modernización de la administración de justicia.

Por otra parte, el banco ha desplegado una serie de iniciativas que buscan abordar las causas que originan el crimen través de la protección de las personas más vulnerables a ser víctimas o perpetradores de delitos y violencia, como jóvenes, mujeres, niños, migrantes y personas de minorías étnicas, sexuales o en situación de discapacidad. En la región oriental de Puerto España en Trinidad y Tobago, donde se intervino con programas de cambio de comportamiento y reintegración a jóvenes, se registró una reducción de 55% en los homicidios y de 60% en los tiroteos. La iniciativa de crianza positiva aplicada en Jamaica ayudó a reducir en 22% los casos de abuso infantil y a disminuir en 33% el ausentismo escolar. Y en Chile una asociación entre el sistema penitenciario y el sector bancario a través de microcréditos, capital semilla y preparación para el trabajo, logró la inclusión económica y una reducción del 50% en la reincidencia de mujeres en conflicto con la ley.

Grandes corporaciones ilícitas

Pero el problema del crimen organizado, que avanza como grandes corporaciones dedicadas al delito, sigue haciendo mella en la población y el desarrollo de los países. Nathalie Alvarado alerta sobre el avance de estos grupos cuya influencia logra permear la política a través del lobby y la corrupción y transformarse, en los casos más críticos, en una gobernanza criminal. Entender las lógicas con las que operan estas organizaciones, dice la experta, es clave para frenar su avance. Bajo esa mirada, dice, el BID avanza en base a tres objetivos.

Uno tiene que ver con entender el contexto donde opera el crimen organizado. “Saber escuchar a las comunidades para entender cuáles son las que están más en riesgo, las que están cooptadas por el crimen y cuáles son los ecosistemas de las economías ilícitas y los mercados en los que funcionan sus ingresos y su estructura, son mecanismos importantes que van más allá de las estadísticas”, explica Alvarado.

Otro objetivo es reducir las oportunidades de estos grupos para crecer, haciendo más complejo el reclutamiento de jóvenes. “Hay que aumentar los costos laborales del crimen organizado, esto significa justamente invertir en la educación y en las oportunidades laborales de nuestros jóvenes para crear esa resiliencia ante el reclutamiento. Pero también incrementar las capacidades especializadas de inteligencia, investigación y persecución penal va a ser fundamental en nuestras instituciones y, por supuesto, incrementar los mecanismos de acciones contundentes contra el lavado de activos”, señala la experta.

La tercera meta es crear resiliencia frente al crimen organizado. “Es necesario crear resiliencia en el sector público y privado a través de impulsar la integridad para que no sean cooptadas por el crimen organizado”, plantea Nathalie Alvarado. Y agrega que, en esa línea, una de las estrategias que se están hoy testeando en América Latina, dice, es la disuasión focalizada, es decir concentrar los esfuerzos en aquellos delitos que causan el mayor impacto como las extorsiones y los homicidios, así como también promover la resolución no violenta de conflictos. “La mediación es fundamental para reducir los niveles de violencia y encontrar espacios de convivencia en nuestras sociedades, y sobre todo en las comunidades”, explicó.