Pilar Alegría, la ministra de Educación que gana peso con la portavocía del Gobierno

Pilar Alegría (Zaragoza, 46 años) seguirá al frente de la cartera de Educación, a la que sumará las competencias de Deporte que la legislatura pasada estaban adscritas al Ministerio de Cultura, y será también portavoz del Gobierno. Alegría fue nombrada ministra de Educación en 2021, en plena reforma educativa. Y, un año más tarde, a las puertas del superaño electoral de 2023 ―con comicios locales, autonómicos y generales― asumió, además, la portavocía del PSOE. Las quinielas de las últimas semanas apuntaban a su continuidad en el Gobierno, pero con responsabilidades distintas, lo que finalmente se ha confirmado con el anuncio, que viene a premiar la labor que ha desarrollado en el Ejecutivo y en el partido.

Sus dos predecesores en el cargo, Isabel Celaá (del PSOE, durante la primera parte de su mandato) e Íñigo Méndez de Vigo (con el PP) también compatibilizaron las carteras de Educación y portavoz del Gobierno.

Antes de ser nombrada ministra en sustitución de Isabel Celaá, principal autora de la nueva ley educativa, la Lomloe, Alegría, que estudió la carrera de Magisterio, había sido responsable de Educación en su partido y consejera de Universidad en Aragón. Después de una primera parte de la legislatura durante la que la tramitación de la Lomloe generó una fuerte movilización de la derecha y de la escuela concertada contra el Gobierno, Alegría llegó al ministerio con la doble misión de completar la reforma educativa y tranquilizar al mundo educativo a base de diálogo. La ministra aprobó los nuevos currículos de todas las etapas educativas y otras normas de desarrollo de la Lomloe, que también fueron criticados por la derecha y por un sector del profesorado, pero que encontraron una oposición mucho menor que la que despertó la elaboración de la ley. Alegría tuvo éxito a la hora de reconducir la relación del Gobierno con la escuela concertada, y al evitar que al Ejecutivo se le abrieran nuevos frentes, por ejemplo, con la Iglesia católica a cuenta de la nueva regulación de la asignatura de Religión. Durante su mandato se aprobó la Ley de Formación Profesional, apoyada, en general, por la comunidad educativa, además de por sindicatos y empresarios.

Con Alegría, el ministerio continuó la reforma educativa, pero a un ritmo no tan acelerado como el de Celaá, en parte por el intento de llegar a acuerdos. La convocatoria de las elecciones generales de julio frenó la aprobación de la nueva Selectividad ―después de que los servicios jurídicos del Gobierno concluyeran que estando en funciones el Ejecutivo no podía aprobar decretos―, que en principio se aprobará ahora para que empiece a funcionar en verano de 2025. Se retomará igualmente la Ley de Enseñanzas Artísticas, que también quedó pendiente de aprobar.

El otro gran cambio que el ministerio tiene por delante es la reforma del profesorado, desde la formación inicial ―qué se estudia en las carreras de Educación y en el máster de secundaria― y el modo de incorporarse a la docencia ―oposiciones y primeros pasos en los centros educativos―, hasta la carrera profesional. Y tendrá que hacerlo en un contexto territorial distinto, después de que los últimos comicios autonómicos dejaran la mayor parte de los gobiernos regionales en manos del PP.

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