La universidad pública se flexibiliza: ofrecerá formación continua a los trabajadores con cursos de menos de 150 horas
Los campus ofertarán microcredenciales de especialización, en ocasiones a la carta de las necesidades de una empresa concreta
La automatización y la inteligencia artificial destruyen puestos de trabajo y crean otros nuevos que requieren formación especializada, el talón de Aquiles de España, cuyos trabajadores están a la cola de Europa en formación continua y con carencias en comprensión lectora, habilidad matemática, conocimiento de idiomas o competencias digitales. Por eso, Bruselas no solo ha dado un tirón de orejas al Gobierno español, sino que le ha provisto de fondos ―50 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia― para que desarrolle un plan de microcredenciales universitarias (cursos de formación especializada en un ámbito de conocimiento de menos de 150 horas y no solo dirigidos a graduados) entre enero de 2024 y junio de 2026. La idea es crear con esta partida 1.000 formaciones y acreditar al menos a 60.000 trabajadores (parte becados) con el Plan Microcreds de microcredenciales universitarias; pero este es solo el primer paso.
Menos de un 5% de estudiantes de grado y menos del 20% de los de máster de las universidades públicas presenciales tiene más de 30 años, y el ministro del ramo, Joan Subirats, insiste en todos sus discursos en la necesidad de conquistar a los mayores. “Hay que atraer a la universidad a gente entre los 25 y 64 años con estudios más flexibles que los grados y los posgrados”, ha subrayado este lunes Subirats desde la Universidad de Málaga. Al acto han acudido representantes de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y asociaciones de pymes. “Esto no es algo que España va a hacer de manera autónoma, sino que es una a estrategia europea de formación a lo largo vida. Antes terminabas en cuatro o cinco años un grado y tenías trabajo toda la vida, ahora no”, ha proseguido.
Esta intervención de Bruselas garantiza que la formación proseguirá más allá del 2026, también aunque este julio hubiese cambio de Gobierno. Previsiblemente, las empresas invertirán en que sus empleados se formen y otros lo harán a título personal para no quedarse rezagados.
La intención, aunque no se ha abordado en el acto, no es solo recualificar a los trabajadores ―esencial en la sociedad del conocimiento―, sino que las aulas no se vacíen con la crisis de natalidad. Con los 50 millones se pretende poner en marcha en los dos años microcredenciales, otorgar becas para quien no pueda pagarlas por su vulnerabilidad social y actividades de intermediación entre universidad y los sectores productivos.
“Las microcredenciales se pueden convertir en un magnífico instrumento de inclusión y de generar igualdad de oportunidades”, se ha felicitado la nueva presidenta de los rectores, Eva Alcón, presente también en Málaga. “¿Cuántas personas no han podido tener estudios y a lo largo de su vida profesional tienen necesidades y van a cumplir ese sueño? ¿O cuántas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad probablemente no iban a poder a una formación y ahora sí?”.
La idea es crear una ventanilla única digital en la que se presente toda la oferta de microcredenciales universitarias, de forma que un interesado pueda hacer búsquedas inteligentes y matricularse casi de forma inmediata si cumple el perfil. Además, se pretende fomentar el Permiso Individual de Formación (PIF), que ya existe, que permite al trabajador ―con autorización de la empresa― dedicar parte de su jornada laboral a cursar un reciclaje reconocido con una acreditación oficial, en este caso los microcredenciales. Ahora la empresa puede bonificarse por el coste salarial del tiempo que el empleado se ausente (hasta 200 horas laborables por año natural o curso lectivo).
Tabla de salvación
Los gobiernos autonómicos deben incluir las microcredenciales en sus planes de financiación, pero a la larga estas pueden convertirse en una pequeña tabla de salvación de las universidades públicas, que en su mayoría están infrafinanciadas. El negocio de los cursos de formación lleva años en manos de universidades privadas, que lanzan cursos propios sin ninguna acreditación oficial y una calidad en algunos casos muy mejorable. De hecho, un decreto ministerial de reconocimiento de los campus va a obligar a que el 50% de los alumnos de una universidad sean de grado para frenar el negocio a veces desbocado en esos campus, que a juicio del ministerio están concebidos para vender esta formación continua con un sello universitario. Además, el decreto de organización de las enseñanzas universitarias de 2022, obliga a que todos los títulos propios tengan a un responsable de plantilla y una programación aprobada: que no se dé gato por liebre.
El Ministerio de Universidades tiene una estructura mínima y sabe que para poner en marcha este ambicioso plan los campus tienen que entrar en programas de recualificación de otros departamentos y comunidades, sobre todo en sectores y actividades estratégicas en las que falte personal cualificado o haya necesidades de reciclaje profesional.
Y en este camino, las universidades no pueden identificar solas las necesidades de recualificación del mundo laboral, por lo que para que el programa no fracase es necesario mejorar el diálogo de estas con las micro, pequeñas y medianas empresas. Los cursos podrán coproducirse con otras universidades. El ministerio no olvida que la inteligencia artificial puede ayudar a diseñar la oferta, detectando conocimientos, habilidades y competencias que tengan una alta demanda no cubierta en los sectores productivos.
Además, el ministerio pretende elaborar documentos y vídeos que expliquen a la ciudadanía adulta y a los empleadores qué son las microcredenciales y para qué sirven. Y se tiene que formar a los profesores, habituados a formar a jóvenes de entre 18 y 24 años, sin la experiencia previa de unos trabajadores ya curtidos.
En un segundo escalón, tras esta formación de menos de 150 horas, la intención es que los interesados puedan dar el salto a un grado o máster universitario relacionado con el campo que dominan. En Estados Unidos, la South New Hampshire University (SNHU) ha multiplicado en 18 años por 64 sus alumnos (de 2.800 a 180.000) ofertando a distancia microcredenciales que se pueden encadenar hasta lograr un título. Subirats ha apuntado esta posibilidad, pero no se recoge en ninguna legislación.
Estas certificaciones tendrán que quedar reflejadas en el nuevo Europass, una versión estandarizada de los curriculum vitae que sirve para encontrar trabajo en toda la eurozona.
Como ocurre en los campus privados, los campus públicos diseñarán cursos a la carta de las empresas interesadas en formar a sus empleados en algo muy específico. La intención es que estos 50 millones sean solo el punto de arranque y que los trabajadores se conciencien de la necesidad de reciclarse durante toda su vida profesional o formarse en nichos de empleo sin cubrir.
Apertura de las aulas en varios frentes
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya prevé que un nuevo alumnado llene las aulas de los campus públicos. De modo que una persona con experiencia acreditada en un campo de conocimiento va a poder matricularse en una carrera relacionada con su ámbito, aunque no tenga título de bachiller. Esta opción ya existía para mayores de 40 años experimentados que son seleccionados en una entrevista, pero era muy minoritaria. En el curso 2021-2022, pasaron la criba 391 mayores de 40 años, solo un 53% de los que se postularon.
Y la LOSU contempla también que una persona con experiencia en una materia pueda cursar una formación permanente sobre ella en un campus, aunque no cuente con un título universitario. Un 48% de la población activa de entre 25 y 64 años no tiene un título de FP o superior.
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