El valor de una política científica acertada: Cataluña marca la diferencia

Hace unos días el European Research Council (ERC), institución que financia la investigación científica más vanguardista y de mayor calidad que se hace en Europa, hizo público los resultados de la convocatoria de 2022, referida a proyectos dirigidos por investigadores establecidos (seniors) en todos los campos del conocimiento. Se trata de los prestigiosos ERC advanced grants, que tienen una dotación de hasta 2.5 millones de euros por proyecto. Los investigadores españoles (o extranjeros que desarrollan su trabajo en instituciones españolas) han conseguido 16 ayudas, por detrás de países como Alemania (37) o Francia (32). Aunque los resultados de España son aceptables, muestran claramente el atraso que tenemos todavía en comparación con nuestros vecinos comunitarios. Sin embargo, lo que más llama la atención es la distribución de las ayudas dentro de España; más de la mitad de estas (nueve) van para Cataluña y las otras se reparten entre la Comunidad Valenciana (dos), la Comunidad de Madrid (dos), Andalucía (una), País Vasco (una) y Navarra (una).

Esta asignación tan desigual no parece ser resultado del azar, o de un sesgo en las simpatías de Bruselas hacia las comunidades autónomas españolas, sino que es el fruto de la apuesta por la investigación científica altamente competitiva emprendida hace dos décadas por el Gobierno de Cataluña.

Como es bien conocida la ejemplar ―y justamente admirada― transición democrática española de hace 50 años dio lugar al inicio de una nueva era que, entre otros avances socioeconómicos, supuso el comienzo del fin de nuestro secular atraso científico. El desarrollo posterior es un buen ejemplo del enorme impacto que en poco tiempo tienen las decisiones políticas acertadas, generalmente ejecutadas por personas bien formadas que supieron estar a la altura de su tiempo. En este sentido, son destacables dos momentos de la historia reciente de la política científica estatal y catalana que han demostrado tener consecuencias transformadoras muy importantes. En lo concerniente a la política estatal, un hecho seminal y de gran trascendencia fue la creación del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (PN), resultado del valiente proyecto reformista dirigido por Juan Rojo Alaminos, secretario de Estado de Universidades e Investigación entre los años 1985 y 1992. El PN no solo incrementó los recursos públicos dedicados a la investigación, sino que estimuló la creación en las universidades y otros centros de investigación de numerosos grupos dirigidos por científicos jóvenes, en muchos casos recién incorporados a España tras un periodo de formación en el extranjero.

Una de las acciones más importantes impulsadas por el PN fue la evaluación por méritos de los investigadores, implantando un sistema de valoración objetivo, llevado a cabo por científicos nacionales y extranjeros, y basado exclusivamente en la calidad de los proyectos de investigación y los solicitantes. Este proceso de evaluación por los pares (el peer review de los anglosajones) se coordinó desde la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), institución que muy pronto alcanzó un prestigio excepcionalmente alto en la comunidad científica de nuestro país.

Afortunadamente, el actual Plan Estatal (continuador del PN) ha mantenido la meritocracia intelectual y del esfuerzo como uno de sus pilares básicos

La acertada política científica que impulsó la creación del PN fructificó en pocos años en un sistema español de ciencia y tecnología estructurado, distribuido en todo el territorio del Estado, y formado por numerosos grupos e infraestructuras de investigación modernos y competitivos internacionalmente. Durante las décadas que siguieron a este impulso inicial se han producido otros avances relevantes; no obstante, creo que ha faltado ambición, un apoyo decidido a la ciencia y una reforma universitaria de calado, para alcanzar el nivel de desarrollo científico que la España del siglo XXI necesita y debería tener. Una buena noticia ha sido la continuidad del PN hasta la actualidad, con administraciones centrales de diferente signo político, y su fortalecimiento con algunas reformas posteriores, como fue la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Afortunadamente, el actual Plan Estatal (continuador del PN) ha mantenido la meritocracia intelectual y del esfuerzo como uno de sus pilares básicos, evitando la distribución “igualitarista” de los escasos recursos existentes.

En paralelo a las políticas impulsadas por el Gobierno central, casi todos los gobiernos autonómicos han llevaron a cabo, en mayor o menor medida, acciones de estímulo al desarrollo científico en sus territorios. Es precisamente el análisis comparativo del comportamiento de los gobiernos autonómicos lo que muestra de forma más clara el efecto transformador que pueden tener las decisiones acertadas de los gobernantes. En este contexto, las acciones promovidas por Andreu Mas Colell, quien en varios periodos distribuidos entre los años 2000 y 2016 fue consejero de Universidades y de Economía del Gobierno de Cataluña, proporcionan un ejemplo inmejorable.

La política científica impulsada por Mas Colell tuvo varios frentes, pero el hecho que más ha influido en su entorno fue la creación de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), organismo dedicado a la captación y contratación de investigadores del primer nivel de dentro y fuera de España ―con condiciones laborales y profesionales negociadas individualmente― que se han ido incorporando a universidades y centros de investigación catalanes. EI programa ICREA se diseñó e implementó en paralelo al sistema de plazas de funcionarios de las universidades españolas y algunos centros estatales de investigación, evitando de esa forma la colisión con una estructura degradada con los años y en la que, generalmente, los intereses individuales priman sobre los institucionales.

El éxito de Cataluña es todavía más visible si se considera el programa ERC en su totalidad y no solo la convocatoria 2022

El programa ICREA ha superado la delicada situación política vivida en Cataluña durante los últimos 20 años, fiel a su cometido fundacional, cuyos objetivos eran la selección de los mejores candidatos, basándose exclusivamente en la calidad profesional y la rendición de cuentas mediante la evaluación periódica. Los investigadores ICREA han sido esenciales en la captación de recursos externos ―ingresan cantidades varias veces superiores a las que se invierten en ellos― y en la generación de la red de centros catalanes de investigación de excelencia CERCA (Centres de Recerca de Catalunya), que cuenta con financiación especial del gobierno autonómico también sujeta a una evaluación muy exigente por expertos internacionales.

Por lo tanto, no es casualidad que Cataluña reciba la mayoría (nueve de 16) de las ayudas ERC advanced grants recientemente concedidas a instituciones españolas y que al menos seis de los nueve adjudicatarios sean investigadores ICREA. icrea

Cataluña ha recibido aproximadamente el 55% de todas las ayudas ERC (advanced grants, consolidator grants y starting grants) otorgadas a investigadores de centros españoles entre 2007 y 2022. Cataluña recibió en este periodo 62 ayudas ERC por millón de habitantes, mientras que el resto de España (sin Cataluña) obtuvo solo 19. De hecho, el sistema de ciencia y tecnología de Cataluña se ha situado en pocas décadas a la cabeza de Europa, pues en cuanto a ayudas ERC/habitante está por delante de Suecia, Reino Unido o Alemania, y solo por detrás de países como Suiza, Holanda o Israel, con sistemas de investigación y desarrollo muy avanzados.

El objetivo primario de estas reflexiones no es hacer una merecida alabanza de las políticas impulsadas por Juan Rojo y Andreu Mas Colell, que, naturalmente, no pueden considerarse aisladamente. El desarrollo científico español reciente ha tenido numerosos protagonistas y ha sido influido por factores políticos, pero también culturales y económicos. En mi área de trabajo ―la investigación biomédica experimental― se han producido avances importantes en toda España ―algunos pioneros en Cataluña― que no tienen una relación directa con lo indicado en los párrafos anteriores. Sin embargo, creo que los hechos que he destacado y sus consecuencias son ejemplarizantes e ilustran el concepto básico que siempre he defendido y que ha inspirado este artículo: con frecuencia los cambios sociales no son el resultado de fenómenos multicausales complejos, sino que se deben a acciones específicas trazables promovidas por personas fácilmente identificables. A veces el individuo y no el grupo marca la diferencia. Por ello, es imperdonable que gestores o políticos que alcanzan puestos de responsabilidad desde los que podrían impulsar acciones transformadoras no lo hagan por desconocimiento y/o egoísmo, o simplemente porque es más cómodo y seguro disfrutar del cargo sin molestar.

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