Las universidades piden retrasar los primeros cambios en la EBAU a 2025 y que los exámenes duren 90 minutos

Si se cumple el plan marcado por el Gobierno, los estudiantes que este año cursan primero de bachillerato serán los primeros en someterse a parte de los cambios en la selectividad ―que será menos memorística, con la aplicación de lo aprendido como eje― en junio de 2024; sin embargo, las universidades piden a los ministerios de Educación y Universidades que retrasen a 2025 la remodelación. Lo han hecho a través de una valoración por escrito, a la que ha accedido este diario, que han presentado en la permanente del Consejo Universitario este lunes. Además, el deseo de los rectores es que los exámenes duren 15 minutos menos. La EBAU definitiva, ya con todos los cambios ―se incorporan progresivamente para que el cambio no sea traumático para los escolares―, está previsto que entre en vigor en 2028.

En la valoración, las universidades sostienen que “no es realista afirmar que existe tiempo bastante para implementar dicho modelo en 2024 y se perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté matriculado en primero de bachillerato”. En 2028 se implantará la prueba de madurez, pero hasta entonces los exámenes seguirán organizados por materias y cada año se irán incluyendo más ejercicios competenciales. Está previsto que en 2024 cada examen incorpore una pregunta de este tipo y en 2025, dos.

Un portavoz del Ministerio de Educación afirma que este no tiene intención de atrasar las fechas, pues “tras decenas de reuniones con los representantes de las universidades, las autonomías y los evaluadores de la EBAU ya se acordó [en diciembre de 2022] prorrogar el cambio a 2028″. Este miércoles, en una sectorial de Educación, de nuevo las comunidades gobernadas por el PP volvieron a reclamar parar el calendario de reforma para implantar una selectividad única, pero el portavoz relata que no pidieron una demora.

El borrador del nuevo decreto de selectividad, que se conoció el pasado febrero, prevé que las pruebas duren 105 minutos, no los 90 minutos de la idea inicial del Ministerio de Educación. Este, tras escuchar a los expertos, considera que se necesita más tiempo para razonar con el nuevo modelo, que cuando se trata de trasladar lo memorizado. Por ejemplo, una parte del examen no va a partir de una pregunta, sino de una fotografía, un cuadro, una infografía o un gráfico sobre el que el candidato hará una serie de razonamientos y extraerá conclusiones. Esta duración de los exámenes preocupa a las universidades, que abogan porque los estudiantes cuenten con una hora y media como máximo. En la actualidad, las pruebas duran 90 minutos y entre ellas hay un descanso de al menos 30 minutos.

Las universidades enumeran en su escrito cinco motivos para no alargar las pruebas hasta los 105 minutos. La primera causa es que, en su opinión, “las pruebas competenciales no requieren necesariamente un aumento de tiempo para su realización” ―su experiencia evaluando destrezas, dicen, lo acredita― y se ahorra una fatiga innecesaria al estudiantado.

Más días de pruebas

La segunda razón es que dilatar el horario, aseguran los campus ―que acogen y diseñan las pruebas―, “supondrá inevitablemente ampliar los días dedicados a las pruebas y, como consecuencia, habrá un retraso en los procedimientos de preinscripción, admisión y matrícula”. A su juicio, unos exámenes más largos pasarán también factura en el rendimiento a los bachilleres con necesidades educativas especiales (NEE) ―con retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje o de atención en el aprendizaje―, “lo que supone un retroceso en las políticas de inclusión desarrolladas en los últimos años por las universidades”. Estos aspirantes con necesidades educativas cuentan con un tiempo extra para contestar.

Las universidades incluso creen que con la extensión del horario habrá que aumentar los días de pruebas ―suelen ser en tres días, salvo en comunidades con lengua cooficial― para dejar tiempo de descanso y eso podría “implicar la vuelta a la realización de la fase extraordinaria en septiembre”. Tradicionalmente, los exámenes de repesca se celebraban tras el verano, pero poco a poco las comunidades fueron cambiando la fecha a julio ―la convocatoria ordinaria es en junio― para organizar mejor el acceso de los nuevos alumnos. Como suma de todo ello, los rectorados argumentan que “el estudiantado sufrirá, en general, un mayor estrés y prolongará su incertidumbre en el resultado de su proceso de admisión a la universidad”.

El borrador del decreto prevé también que si el alumno no está conforme con la nota de una materia, pueda pedir otra corrección y si la diferencia de puntuación supera los dos puntos, haya una tercera y sea esta última la calificación la que prevalezca. Actualmente, existe esta triple corrección, pero se hace una media de las tres notas, lo que los alumnos denuncian cada convocatoria que les perjudica. Las universidades, sin embargo, quieren que se mantenga la media: “El procedimiento actual, implementado desde hace años, no solo ofrece al estudiantado una mayor agilidad en los procesos administrativos y acorta los tiempos para que el estudiante conozca los resultados finales de su admisión, sino que también ha demostrado que garantiza perfectamente los derechos de estudiantes”.

La intención del Gobierno es que el decreto de selectividad se apruebe antes de que los alumnos de segundo de bachillerato empiecen el curso en septiembre, de forma que sepan a qué pruebas se enfrentarán y que sus profesores cuenten con modelos de examen para practicar.

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