Nadie pone coto a la opacidad en los concursos a profesor: no solo Pablo Iglesias se queda sin plaza en la universidad

El Gobierno no ha lanzado el portal que iba a centralizar las convocatorias y se incumplen con frecuencia las normas que garantizarían una evaluación justa

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, donde quería volver a dar clase Pablo Iglesias, el martes.
La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, donde quería volver a dar clase Pablo Iglesias, el martes.Santi Burgos

En 2018 el Ministerio de Universidades anunció que lanzaría un portal que concentrase todas las convocatorias de plazas de universidad, para terminar con la endogamia y con el caos actual. Pero han pasado cuatro años y esta ventanilla única ideada en tiempos del ministro Pedro Duque ha caído en saco roto. Un portavoz del ministerio explica que el proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, que se está tramitando en el Congreso) contempla que en las plazas de contratos laborales (no de funcionarios) “se dará la necesaria publicidad y la convocatoria será comunicada con la suficiente antelación al registro público de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades”. El registro será Euraxess, un portal de búsqueda de empleo científico de la Comisión Europea, que ya existe.

Actualmente, todas las plazas se publican en los boletines oficiales y las webs de las universidades sin demasiada difusión y con plazos cortos. Todo suele cocerse en casa. El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, probablemente no tuvo problemas en enterarse de que la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, en la que impartió clase nueve años, convocaba una plaza de profesor asociado sobre análisis político a la que se ha presentado sin éxito. ¿Proceso poco transparente? El fundador de Podemos calificó la pasada semana de “extrañísimo” y “del todo infrecuente” en Twitter que el tribunal dejase vacía la plaza tras rechazar a los seis candidatos: dos por no pagar las tasas y cuatro ―entre ellos él― por no acreditar “experiencia profesional ni en la materia relacionada con el perfil de la plaza, ni de otro tipo”. El rector, en declaraciones a Efe, no compartió la perplejidad de Iglesias. Joaquín Goyache defendió que el tribunal es “absolutamente soberano” para establecer sus baremos de selección, aunque reconoció que no es muy común que “queden vacantes porque las personas que han concurrido no tienen el perfil adecuado”.

La Comisión Europea pide que las convocatorias “no presenten un perfil tan especializado”

En el concurso de la plaza a la que optaba Iglesias no había en apariencia lo que coloquialmente se conoce como bicho, término que se utiliza cuando hay un candidato de la casa para el que se ajusta un perfil. Exactamente, lo que desaconseja el Código de Conducta de Contratación de Investigadores de la Comisión Europea. Esta pide que las convocatorias “no presenten un perfil tan especializado que desanime a posibles candidatos”.

El 72,9% de los profesores universitarios de los campus públicos imparten clase en la universidad en la que defendieron la tesis ―como el caso de Iglesias―, un porcentaje que se mantiene inamovible (73,09% en 2015). Los detractores de la endogamia alegan que esta frena el conocimiento ―se replican los saberes del maestro― y conlleva a una relación de lealtad extrema del contratado a su jefe. Pero hay quien defiende que es necesario retener el talento que has formado bien y que continúa en el departamento trabajando en condiciones penosas.

Las plazas perfiladas a medida de alguien ya son objeto de enormes críticas en las redes sociales. Ha dejado de ser un cotilleo interno. Por ejemplo, ha resultado polémico que el departamento de Educación Física e Informática de la Universidad Pablo Olavide requiera un profesor ayudante con un perfil investigador ―experto en satisfacción, intenciones futuras y motivos de abandono de clientes de organizaciones deportivas― que se ajusta a la perfección al de una investigadora que defendió allí su tesis con un título casi idéntico. Preguntado el departamento, remite al Vicerrectorado de Profesorado. “La especialización requerida en el área de conocimiento ha exigido justificadamente que exista un perfil específico, sin que conozcamos a priori el número de candidatos, ni que efectivamente se cubra la plaza”, explica a este diario el rectorado, que recuerda que el porcentaje de endogamia en la UPO es bajísimo (solo el 30% de los profesores han leído allí su tesis).

“El rectorado no saca la plaza si no está seguro que alguien la va a ganar”, explica un investigador emigrado

Mario Garrido y Zaida Ortega, de 40 años, llevan trayectorias paralelas. Estudiaron Biología Animal en la Universidad de Salamanca, se doctoraron allí y decidieron buscarse la vida en el extranjero para enriquecer su currículum. Sin padrinos ―al no haber salido durante la tesis―, Garrido consiguió tres contratos posdoctorales competitivos en Israel, donde ha vivido siete años, y Ortega en Brasil, donde estuvo cuatro. Tras lograr muchos méritos científicos, decidieron volver a casa. Sin embargo, han perdido las plazas de ayudante doctor a las que se han presentado en su exdepartamento, ganadas por candidatas internas. Ambos están acreditados para puestos superiores y están a la espera del certificado de excelencia i3. A su juicio, se penaliza la internacionalización, pues no les han valorado irse fuera.

Ambos están ahora de forma eventual en la Universidad de Granada con un contrato logrado en un concurso competitivo. Ortega ganó un concurso de excelencia de la Junta de Andalucía y Garrido una ayuda María Zambrano ―convocada por el ministerio para reclutar talento en el extranjero―. Garrido recurrió el primero de los dos concursos a los que se ha presentado en la USAL y el rectorado no modificó la puntuación de la ganadora ―otros tres concursantes no adscritos al departamento denunciaron irregularidades―, sino que bajó la de Garrido, sin que ninguno de los otros candidatos hubiese reclamado. Lo que, según Garrido, lo deja “en total indefensión”, ya que tras eso la USAL cerró el proceso.

“Creo conveniente que se vuelvan a evaluar dichos méritos a todos por una comisión de evaluación no vinculada profesionalmente con ninguno de los candidatos”, afirmó el perito judicial en sus conclusiones y posicionó primero en la competición a Garrido. Pero las cosas se torcieron luego. “El juzgado de lo contencioso-administrativo ha dado la razón a la universidad por no apreciar ninguna irregularidad. El perito que intervino fue nombrado por Mario Garrido y el juzgado no lo consideró relevante. No obstante, es un asunto complicado y no cerrado, no hay una sentencia firme”, contesta la USAL. Garrido, que está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, explica que él contrató al perito que normalmente trabaja con ese juzgado y que designó la jueza. En el informe aparece escrito que es “realizado a petición del juzgado contencioso-administrativo”.

Cuando en su departamento le animaron a pagar las tasas de un concurso pero no presentarse, se fue

Carlos, ingeniero e investigador en una universidad europea, es sumamente crítico con el “corrupto” sistema de adjudicación de plazas en España, pero prefiere no dar su verdadero nombre porque aspira a volver. Se presentó una docena de veces a una plaza de profesor ayudante mientras hacía la tesis y en todas, asegura, había bicho. “El rectorado no saca la plaza si no está seguro que alguien la va a ganar, todo lo demás es postureo”. Para ello, se priman los baremos en lo que destaca el enchufado: la formación complementaria, la media de la carrera, se puntúan mejor sus papers... “Otra cosa que se suele hacer es no publicar los criterios de evaluación antes de que se entreguen los currículums. Hasta los vicerrectores, que saben que eso no se puede, lo hacen”, sostiene. Ortega y Garrido denuncian que a ellos también les ocurrió y que lleva “meses” descifrar unas baremaciones que no se corresponden con las generales de la universidad y cambian en cada convocatoria.

Cuando en su departamento lo animaron a pagar las tasas de un concurso, pero solo presentarse si el elegido no lo hacía, Carlos agarró la maleta y se fue al extranjero. Aunque sigue en contacto con sus excompañeros, coescriben papers y los doctorandos le preguntan dudas porque era él quien usaba ciertas técnicas. “En mi universidad los grupos de investigación que se han hecho muy grandes, normalmente, es porque han tenido mucha fuerza para sacar muchísimas plazas y meter a mucha gente. Y si un grupo pequeño intenta sacar una, lo impiden; ponen en el tribunal a gente de su grupo y no sale”.

La LOSU propone en su proyecto que en los concursos para convertirse en funcionario sean mayoría los miembros externos, elegidos en su mayor parte en sorteo público, a diferencia de ahora que los departamentos operan como quieren.

Histórica falta de transparencia

El oscurantismo viene de lejos. Hasta 1983 había unas únicas oposiciones a funcionario y quien sacaba mejor puntuación elegía destino. Pero ese año se descentralizó al modelo ―cada universidad convocaría puestos según sus necesidades― y la RLU (Ley Orgánica de reforma Universitaria) dictaminó que las instituciones informarían de las plazas al Consejo de Universidades; pero las universidades desobedecieron.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, insistió en la comunicación al Consejo de Universidades, y de nuevo los rectores miraron para otro lado. La LOU, que contempla por primera vez la figura del profesor asociado, trató de reunificar las oposiciones, pero el boicot de los campus fue tal ―consideraban que atentaba contra su autonomía― que en 2007, cuando se reformó la LOU, la medida se desechó.

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Elisa Silió

Es redactora especializada en educación desde 2013, y en los últimos tiempos se ha centrado en temas universitarios. Antes dedicó su tiempo a la información cultural en Babelia, con foco especial en la literatura infantil.

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