El Gobierno descarta reducir el número de alumnos por aula pese a la presión de docentes y familias

La disminución generalizada no convence a numerosos especialistas, que consideran más eficiente concentrar la medida en centros con alumnado desfavorecido

Una clase en un colegio público valenciano, el 26 de mayo.
Una clase en un colegio público valenciano, el 26 de mayo.KIKE TABERNER

El Ministerio de Educación ha descartado reducir el número máximo de alumnos por aula en las clases del segundo ciclo de infantil, primaria, ESO, Bachillerato ni Formación Profesional en el nuevo decreto de condiciones mínimas de los centros educativos, cuya aprobación aplazó a principios de verano y tiene previsto aprobar a principio de curso, según han confirmado a EL PAÍS fuentes oficiales. La bajada de ratio es una de las grandes demandas de la comunidad educativa para incrementar la calidad de la enseñanza, y los sindicatos docentes y las confederaciones de familias de alumnos la han vuelto a reivindicar en las últimas semanas después de que el Gobierno retirase la primera versión del nuevo decreto. Pero las comunidades autónomas, que son las que tendrían que aplicar y financiar la rebaja, no la quieren, y el ministerio cree que la mejora educativa pasa por fórmulas de refuerzo que se concentren en el alumnado que más lo necesita.

La opinión del ministerio es compartida por la mayoría de expertos en política educativa, que advierten de que una bajada general de las ratios es cara y tiene poco efecto en el aprendizaje de los estudiantes de entornos socioculturales medios y altos (salvo que el descenso sea muy pronunciado, lo que resultaría todavía más caro). Es mejor, sostienen, centrar la reducción de las ratios en los centros con alumnado más desfavorecido, donde las investigaciones sí reflejan un efecto claramente positivo de la medida, y destinar fondos a otras cuestiones, como los programas de apoyo (que pueden ser con grupos de alumnos muy pequeños), la tutorización y la orientación.

La ratio de estudiantes por profesor en España es similar, e incluso inferior en secundaria, a la media de la OCDE, aunque presenta importantes diferencias territoriales (tanto entre autonomías como en función de si el centro está situado en un entorno urbano o rural). Pero su progresividad, es decir, el hecho de que las ratios sean más bajas a medida que desciende la extracción sociocultural del alumnado, como recomienda la evidencia científica, no es muy intensa. En Madrid resulta incluso regresiva: las ratios son más bajas en las aulas de los alumnos más ricos que en las de los más pobres, un caso único entre las comunidades autónomas, según concluyeron Lucas Gortazar y Ángel Martínez, de Esade EcPol, en una investigación publicada el año pasado.

Anxelles Millado, docente y directora de un colegio público en Galicia, afirma que bajar la ratio dos alumnos, “de 25 a 23, por ejemplo, apenas se nota”; si se baja a 20, la costa empieza a ser distinta, y cuando desciende a 17, “el cambio es abismal”. “No solo porque puedes dedicar más tiempo a los alumnos, sino también a las familias, ayudándoles a marcar pautas de actuación”, comenta la profesora, cuya experiencia personal coincide con las investigaciones realizadas.

Ese gran salto en términos de ratio lo ha vivido la maestra valenciana Ana Català. De tener clases con hasta 28 alumnos en el colegio público Port de Xàbia, ha pasado a tener 15. “Con 28 niños, por muy dedicada y eficiente que quieras ser, es imposible que reciban la misma atención que con 15. Ahora es como si tuviera para ellos el doble de presencia. Si alguno no entiende algo, acudo enseguida, porque es mucho más fácil detectarlo. Y la convivencia es mucho más tranquila y pacífica”.

Una clase de primaria en un centro valenciano.
Una clase de primaria en un centro valenciano. Monica Torres

La bajada tan fuerte de la ratio en su colegio ha sido posible gracias a la conjunción de varios factores que no son fáciles de replicar. Por una parte, la Generalitat valenciana ha adoptado una política de bajada de ratios en los municipios con baja natalidad (como alternativa a la supresión de unidades) y en aquellos centros que matriculan a un porcentaje significativo de alumnos con necesidades de apoyo, y el colegio de Català se beneficia de ambas medidas. El centro ha creado, además, aulas multinivel (que mezclan a chavales de edades distintas en una misma clase (en el caso de la maestra, primero y segundo de primaria), lo que le permite compensar las diferencias de matrículas que hay entre unos cursos y otros. Y ha decidido reconvertir a los docentes de refuerzo en tutores, lo que le ha permitido subdividir los grupos: en infantil, por ejemplo, ha creado cuatro en lugar de los tres que solía tener.

Los sindicatos docentes CC OO y UGT reclaman bajar de forma general las ratios de infantil y primaria de 25 a 20 alumnos; la de la ESO, de 30 a 20; y la de Bachillerato, de 35 a 25. CSIF defiende lo mismo, salvo en la ESO, en la que se conforma con dejarla en 25. Junto a la disminución general, los sindicatos piden que cada estudiante con necesidades educativas especiales (desde desconocimiento grave de la lengua a altas capacidades intelectuales), cuente por dos a efectos de la ratio. Y también ven necesario que el ministerio concrete en el decreto la referencia que incluyó en el primer borrador del texto, que señala que los centros educativos “tendrán por cada unidad escolar un número de alumnos acorde con sus necesidades educativas”, para que no quede como una simple declaración que las comunidades autónomas puedan ignorar.

Las principales confederaciones de familias de alumnos de la escuela pública y de la concertada firmaron en julio, por su parte, un manifiesto, con otras organizaciones educativas, exigiendo una serie de “medidas para mejorar el bienestar de la comunidad educativa”, entre las que figuraba la bajada de ratio. Y en Andalucía, asociaciones de padres y sindicatos docentes han presentado una iniciativa legislativa popular con 52.000 firmas en el Parlamento andaluz para que la Cámara debata la reducción de las ratios.

José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, afirma que el ministerio es favorable a la bajada de las ratios por su potencial para mejorar tanto el aprendizaje como las condiciones laborales del profesorado. Pero considera que una reducción general tendría un coste demasiado elevado para las comunidades autónomas, que son las que tendrán que asumirlo a medio y largo plazo, aunque el Gobierno aprobase inicialmente una partida para financiarlo. Lo que los informes internacionales reflejan sobre España, añade el secretario de Estado, no es un problema de ratios, sino una falta de profesorado de apoyo que dificulta la cooperación y el trabajo en equipo de los docentes, y potenciar esta vía, asegura, sí está en la agenda del ministerio.

Un peso muerto

Miquel Àngel Alegre, director de proyectos de la Fundació Bofill, una entidad con sede en Barcelona dedicada a analizar y proponer políticas educativas desde la óptica de la igualdad, es uno de los muchos expertos a los que la bajada general de alumnos por clase no les convence: “Una política indiscriminada de bajada de ratios no es mala desde el punto de vista de la efectividad, pero desde el punto de vista de la eficiencia y, por tanto, de pensar en su comparación con otras políticas educativas, no ofrece un buen balance”. “La sobredotación de docentes debe producirse sobre todo en aquellos centros que tienen más necesidad. Pero hay otros entornos escolares donde, en cambio, la bajada de ratio, sin ser perjudicial, no añade mucho. Es lo que se llama un peso muerto en la financiación de la educación”.

El aumento de los recursos docentes y no docentes es, por otra parte, necesario, sigue Alegre, pero “no es suficiente” para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo: “Deben ir acompañados de una mayor tutorización, de la aplicación de otras metodologías y pedagogías, y de un trabajo dentro y fuera de los centros educativos, basado en lo que la investigación demuestra que funciona”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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