Los 900.000 alumnos de Formación Profesional cotizarán a la Seguridad Social por sus prácticas en empresas

Su extensión será progresiva, a medida que las estancias laborales se generalicen como prevé la ley

Alumnos de un centro de Formación Profesional de Bilbao.
Alumnos de un centro de Formación Profesional de Bilbao.IREKIA

Todo el alumnado de Formación Profesional de grado medio (desde los 16 años) y superior (18 o más) que realice prácticas en empresas cotizará por ellas a la Seguridad Social. El cambio, anunciado este lunes por la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sido pactado por su departamento con los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el de Trabajo. Este curso hay unos 936.000 estudiantes matriculados en la etapa. No todos empezarán, sin embargo, a cotizar en septiembre; la nueva ley de FP aprobada este año contempla que todo el alumnado debe hacer prácticas laborales, pero una vez aprobado el marco legal, es necesario que las comunidades autónomas y los centros educativos lleguen a acuerdos con suficientes empresas y entidades empleadoras para cubrir todas las horas, lo que llevará tiempo. El Gobierno subvencionará en un 90% el coste de dichas cotizaciones.

Para evitar sobrecargar a las empresas con trámites burocráticos, la normativa establecerá una fórmula para simplificar las altas y las bajas de los estudiantes en la Seguridad Social, de forma que puedan agruparse por trimestres o cursos, al margen de que una vez concluido el periodo, el empresario concrete los días que el estudiante ha ido al centro de trabajo. La cotización permitirá que el alumnado de FP empiece a acumular tiempo cotizado con vistas, por ejemplo, a cobrar el paro.

Uno de los grandes cambios que introduce la nueva ley de FP consiste en ampliar el número de horas que los alumnos deben pasar formándose en centros de trabajo. Hasta ahora, con la normativa anterior, el alumnado debía pasar al menos un 11% de las horas que duran los ciclos en empresas (el promedio, en la práctica, estaba en el 15%). La excepción era la llamada FP Dual, que elevaba el porcentaje mínimo de prácticas laborales a un 30% de las horas que dura el ciclo formativo, pero que solo ha llegado a alcanzar a un 3% del total de estudiantes.

La nueva ley de Formación Profesional aumenta los porcentajes y establece que los alumnos que estudien la FP “ordinaria” deberán pasar en las empresas entre un 25% y un 35% de su periodo formativo. Y crea una nueva modalidad llamada “intensiva” (que en cierta forma sustituye a la dual), en la que dicho porcentaje deberá ser superior al 35%. Este esquema se superpone a la división, que seguirá existiendo, entre FP de grado medio y de grado superior: tanto una como otra podrán tener la modalidad de tiempo en empresas ordinaria o intensiva.

Ya se sabía que los estudiantes de la modalidad intensiva tendrán un contrato de prácticas y por tanto cotizarán a la Seguridad Social. La novedad conocida este lunes es los de la FP ordinaria, que no tendrán un contrato laboral, sino otra cobertura todavía por acabar de concretar, como una beca, también cotizarán por sus prácticas.

Dificultad para encontrar centros de trabajo

Fuentes del Ministerio de Educación admiten que hará falta un tiempo para que el cambio se generalice, porque es necesario encontrar suficientes empresas que acojan a los estudiantes, algo que será más sencillo, por ejemplo, en entornos urbanos que en rurales.

La secretaria general de FP, Clara Sanz, confía, sin embargo, en que dicho proceso sea relativamente rápido porque ya ahora todos los alumnos de Formación Profesional realizan estancias en empresas, y se trata únicamente de aumentar el número de horas. Sanz también es optimista con la rapidez a la que se extenderá la nueva FP intensiva, ya que espera que en un plazo de cuatro años más de uno de cada cinco alumnos esté cursando esta modalidad. La secretaria general basa sus esperanzas en la buena acogida que la nueva ley ha tenido entre las empresas y en los cambios introducidos en la legislación para facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan acoger a alumnos, descargando por ejemplo parte de los trámites burocráticos en “organismos intermedios” como cámaras de comercio, oficinas municipales y fundaciones que hayan venido trabajando en el ámbito de la Formación Profesional.

Los únicos alumnos de Formación Profesional que no cotizarán a la Seguridad Social por sus prácticas son los 77.000 que pertenecen a la FP Básica, un itinerario educativo con rasgos diferenciales, pensado para que el alumnado que va mal en los estudios acabe la Educación Secundaria Obligatoria. Sanz afirma que el al tener buena parte de estos alumnos menos de 16 años y formar parte de la etapa educativa obligatoria, el alta en la Seguridad Social resulta incompatible.

Alegría, que ha hecho el anuncio en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, ha pronosticado que la nueva normativa de Formación Profesional “producirá efectos significativos en la estructura del sistema educativo, ayudará a reducir el paro juvenil y contribuirá a la modernización del tejido productivo”, mejorando “las oportunidades de los jóvenes y del conjunto de los trabajadores”. El Gobierno prevé una inversión total de 7.700 millones en la FP hasta el año 2025, de los que 2.200 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS