Tribuna
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1,8 billones de horas de aprendizaje perdidas: lo que la covid nos dejó

Los efectos inmediatos de la pandemia son demoledores en el ámbito educativo, pero las consecuencias futuras para Iberoamérica pueden ser aún peores si no se pone remedio cuanto antes

Un estudiante se apresura a entrar a clase en una escuela rural de San Jose, Colombia.
Un estudiante se apresura a entrar a clase en una escuela rural de San Jose, Colombia. Charlotte Kesl

Más allá del titular, la cifra proporcionada por Unicef de clases presenciales perdidas por causa de la pandemia, 1,8 billones de horas, da la medida real del impacto de la crisis en la educación. La Unesco informa que en todo el mundo las escuelas han estado cerradas entre 3,5 y 5,5 meses, cierres que han penalizado con especial saña a los sistemas educativos de países con mayores riesgos de exclusión. Es el caso de algunas naciones de Iberoamérica, hoy, 20 meses después del inicio de la pandemia, aún no ha retornado la actividad presencial. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tres de cada cinco escolares que ya han perdido un curso completo viven en América Latina.

170 millones de niños, niñas y jóvenes quedaron confinados en sus hogares en nuestra región: todos han sufrido una forzada e indeseable desescolarización. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, además de los normales periodos vacacionales, las escuelas y universidades de la región han estado cerradas durante 158 días.

Pudimos pensar que la educación virtual iba a ser una alternativa a este confinamiento masivo, creencia que no pasó de ser una mera ilusión en la mayor parte de los casos, ya que casi el 50% de esos estudiantes no tienen en sus hogares ni conectividad ni tecnología.

Los efectos son demoledores. Se ha producido lo que ya se califica como “pobreza de aprendizajes”. A título de ejemplo, dos de cada tres estudiantes de educación secundaria tendrán rendimientos mínimos por debajo de lo esperado, la probabilidad de completar la educación secundaria caerá del 56% al 42% y la incapacidad para leer o comprender un relato en menores de 10 años pasará del alarmante 51% actual al 62,5 %: escolares que parecen condenados a ser analfabetos funcionales. En fin, a las graves tasas de desescolarización ya existentes, se sumarán otros 3,1 millones de estudiantes que, según la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal), quedarán excluidos de la educación; en su mayoría de la educación infantil y de la educación terciaria. A lo descrito hay que añadir los trastornos socioemocionales que el confinamiento y la ausencia de educación presencial han producido en las familias y en sus hijos: en muchos casos se han visto obligados a convivir en espacios reducidos o sufrir de cerca enfermedades y fallecimientos, circunstancias que en muchas ocasiones han venido acompañadas de situaciones de malos tratos, matrimonios tempranos e incremento de trabajo infantil.

Catástrofe generacional

Los datos son muy preocupantes, pero las consecuencias pueden ser aún peores. Según un reciente informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la estimación global del impacto económico con origen educativo en la pandemia (la referida pobreza de aprendizajes) puede suponer a medio y largo plazo una caída entre el 12% y 18% en los niveles de rentas nacionales de los países más pobres, es decir, aquellos a los que la educación puede beneficiar más. Y que hará falta una media de 11 años para recuperar el aprendizaje perdido.

Una catástrofe generacional, en palabras de António Guterres, secretario general de la ONU, frente a la que el incremento de apoyo financiero está siendo hasta ahora irrelevante: según Unesco, solo el 0,78% de los paquetes de ayuda financiera poscovid se están destinando a la educación.

No sirve pasar página ante la magnitud de una crisis. No es un incidente coyuntural que con el tiempo se convertirá en un mal recuerdo. Los graves efectos negativos tienen impactos estructurales y estratégicos, y no solo en la educación, también en la política y en el desarrollo social. Es evidente que las prioridades han sido la salud y asegurar ingresos familiares, pero, a continuación, el siguiente apremio es la educación, área en la que existe un amplio consenso en cuanto a cuáles son las prioridades en la inversión.

En primer lugar, es preciso garantizar el regreso a la presencialidad para asegurar una atención educativa que favorezca el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. Que haga efectiva además su socialización y madurez socioemocional.

En segundo lugar, resulta imperativo evaluar el impacto que la pandemia ha tenido en cada estudiante y programar su recuperación de la manera más rápida, eficaz y eficiente. Una tarea ya iniciada por algunas —pocas— administraciones educativas que debería universalizarse cuanto antes. El regreso a la escuela no va a compensar por sí mismo los graves déficit y efectos negativos generados por la crisis. La inacción y la ausencia de diagnóstico, de producirse, solo servirá para consolidar indeseables abandonos y rezagos.

En tercer lugar, hay que adoptar cuanto antes medidas pedagógicas, metodológicas y tecnológicas para supera los efectos de la crisis, a través de un nuevo modelo de educación híbrido o combinado, que garantice educación presencial y virtual para todos y todas y, no solo, como ha ocurrido hasta la fecha, para una minoría. Medidas que darían cumplimiento al Objetivo de Desarollo Sostenible nº 4, de la Agenda 2030 de la ONU, es decir, universalizar la educación de calidad, equitativa e inclusiva.

Tres medidas que servirán para superar la tentación de caer en la inercia de regreso a la situación previa a la pandemia, caracterizada por su inequidad y carencia de calidad y, frente a ello, apostar por un futuro de transformación educativa digital. ¡Ahora o nunca!

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