Dos magistrados conservadores del Constitucional llevarán los recursos del PP y Vox contra la ‘Ley Celaá’

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite los recursos presentados por el PP y por Vox contra la nueva ley de educación (Lomloe), conocida como Ley Celaá. Ambos implican una impugnación a los puntos fundamentales de la ley. El líder del PP, Pablo Casado, dijo al presentar el recurso el pasado 29 de marzo que si llega a la Moncloa, la derogará. Su recurso hace especial hincapié en tres áreas: la cuestión lingüística, el respeto a la libertad religiosa y la escuela concertada, y el PP considera que la ley vulnera derechos fundamentales en los tres ámbitos.

Tras esta primera decisión, el tribunal de garantías abrirá ahora un plazo para que las partes formulen alegaciones, en el caso del Ministerio de Educación por medio de la Abogacía del Estado. Cada uno de los recursos va a tener un ponente que seguirá la tramitación y elaborará el proyecto de sentencia. La ponencia sobre la impugnación de Vox ha correspondido al magistrado Ricardo Enríquez, y la del PP al también magistrado Antonio Narváez, ambos del sector conservador del Constitucional.

La presentación de ambos recursos se produjo con poco tiempo de diferencia, en la última semana de marzo. Primero se registró el de Vox, y a los tres días el del PP. Aunque ambos se seguirán separadamente, habrá coordinación interna en el tribunal a la hora de analizarlos y dictar sentencia, puesto que tienen muchos puntos comunes. En el caso del PP fue Casado quien dio cuenta de la presentación del recurso de inconstitucionalidad de su grupo parlamentario, en un acto en un centro concertado de Madrid.

Como principal idea de la estrategia del PP frente a la nueva ley educativa, el líder del PP dijo entonces que su partido defiende una escuela de calidad “en la que prime la libertad”, palabra clave de la campaña electoral ahora en curso y que entonces estaba a punto de iniciarse en Madrid. “No vamos a permitir —añadió— que se utilice a nuestros hijos como herramientas de un proyecto de ingeniería social o de transformación nacionalista de algunas comunidades”.

Como puntos fundamentales del recurso, Casado añadió que la ley conculca la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, ataca a la educación especial y al castellano, porque deja de figurar en el texto como lengua vehicular de la enseñanza, función que se sustituye por una expresión más genérica.