El Gobierno presiona a las autonomías para reducir los precios de los másteres que habilitan para trabajar

Cursar una carrera cuesta este año entre 518 y 1.660 euros y un máster entre 590 y 2.800 euros. Por eso una de las principales y tradicionales demandas de los estudiantes es la reducción de los precios de los posgrados, fundamentales si uno quiere especializarse antes de salir al mercado laboral. Pero el Ministerio de Universidades no tiene en su mano la potestad de bajar las tarifas, sino las autonomías; y por eso, este departamento propondrá a los gobiernos regionales el próximo lunes un recorte de las matrículas de los másteres habilitantes —aquellos que son obligatorios para ejercer como abogado, profesor de secundaria o psicólogo, por ejemplo— hasta equipararlas con las tasas que tendrán las carreras en 2022-2023.

Ese curso los grados serán más baratos que ahora en 10 autonomías, porque el ministerio acordó el pasado mayo su recorte a lo largo de tres años en una Conferencia General de Política Universitaria que resultó bronca. Los másteres no habilitantes, mayoritarios y costosos (1.920 euros de media frente a los 1.440 de los profesionalizantes), no se tocan.

Las universidades son muy partidarias de que los estudiantes paguen menos tasas —España se encuentra entre los países con las tasas más altas de Europa—, pero siempre y cuando la reducción no afecte a sus arcas, muy mermadas —han perdido el 21% de su financiación en una década—. De forma que si los alumnos sufragan menos porcentaje del coste total, creen que las autonomías deben compensar esa partida. Si la Conferencia General de Política Universitaria aprueba el tijeretazo, en Madrid los inscritos en un posgrado habilitante pasarán de pagar de media casi 1.800 euros a 1.100 por año. Mismas cifras en Cataluña, donde la matrícula viene condicionada por la renta familiar (muchos alumnos pagan menos). Los recortes se apreciarían menos en posgrados de regiones con cuantías más bajas —en Andalucía se pasa de 821 a 754 euros— y no afecta a los másteres impartidos en Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias, que cuentan con unas tasas bajas como los grados.

Fondos adicionales

En mayo, en la conferencia en la que aparentemente se pactó la bajada de precios en grados, se posicionaron en contra (no se vota) el País Vasco ―donde gobierna el PNV con el PSOE, por una cuestión competencial― y las autonomías gestionadas por el PP salvo Galicia, que no se ve afectada por el modelo. Es decir, Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía se mostraron contrarias, indignadas ante la falta de financiación extra.

El departamento de Manuel Castells ha calculado lo que supondría a sus bolsillos regionales y la suma que los 17 gobiernos autonómicos tendrían que aportar, con grandes diferencias entre territorios, asciende a 10,57 millones de euros por curso. La comunidad que tendría que desembolsar más es Madrid ―necesitaría una partida extra de casi cuatro millones de euros―, seguida de Cataluña (2,5 millones) y Castilla y León (1,2 millones). El ministerio cree que es asumible. Con la pandemia los campus han recibido fondos adicionales del Gobierno, gracias a la partida llegada de Bruselas ―400 millones para hacer frente a los cambios imprevistos o 124 millones para mejoras informáticas― y el Gobierno asegura que va a menguar la infrafinanciación de los campus durante la legislatura.

En el curso 2018-2019 un máster habilitante, concebido para ejercer en profesiones regladas, costaba de media 1.440 euros y el resto 1.920, una diferencia que el Observatorio del Sistema Universitario no comprende. “No parece justificado ―ni tampoco acorde con la ley― que los precios de los másteres dependan de si habilitan o no para el ejercicio de una profesión regulada en España, pues ello no tiene que ver con el coste del servicio”, planteaban el pasado septiembre en el documento ¿Qué efecto ha tenido el decreto sobre los precios públicos de matrícula? El próximo lunes, el siguiente acto.

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