España renuncia a las carreras de tres años sin evaluar si funcionan bien

A los seis años de la puesta en marcha de un título universitario, una agencia de evaluación —del Ministerio de Universidades o autonómica— tiene que verificar que los objetivos de estas enseñanzas se están cumpliendo y, si no es así, cuenta con potestad para anularlo. Pero sin conocer el grado de satisfacción de los alumnos, su empleabilidad o la calidad de la docencia recibida, el Gobierno español ha optado por renunciar a los grados de tres años (180 créditos) cuando apenas se han graduado una o dos promociones y los títulos no han tenido aún que someterse a esa auditoría.

En España, el 18% de las universidades (15 de 81) ofertan grados de tres años. Estos copan una veintena de las 360 carreras diferentes que se imparten en el país, aunque proporcionalmente son un porcentaje muy residual del total de títulos expedidos (no llegan a 30 de un total de 3.008). Pero indudablemente es una vía que un puñado de universidades estaban explorando. En países como el Reino Unido, Alemania o Portugal estos grados de tres años son mayoritarios y esta decisión aleja a España de la senda europea.

Josep Maria Garrell, rector de la Universidad Ramón Llull —privada y con cuatro grados cortos, el 10% de su oferta total—, echa en falta un “debate reposado” y que no haya continuidad. “En otros países los consensos educativos duran décadas”, subraya. Los socialistas apostaron en 2008 por los grados de cuatro años en el marco de Bolonia —los nuevos planes de estudios se implantaron entre 2010 y 2015—; ese año el Partido Popular sumó los títulos de tres años y ahora el Ministerio de Universidades quiere anular en el nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español el modelo.

¿Por qué el ministerio renuncia a estos grados cortos? “Muchos de estos títulos no tienen nada que ver con los clásicos, que prevén una formación suficientemente amplia como para adquirir una serie de capacidades”, señaló este lunes José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, en rueda de presa. Y este hecho, explicó, crea “problemas fundamentalmente académicos”. “Cuando un título se presentaba al Consejo de Universidades [formado por representantes del ministerio y las universidades], se veía si con esos 180 créditos se adquirían los conocimientos generalistas que un estudiante tiene que tener antes de acceder a la especialización a través de un máster y en muchos no era así”. Algunas universidades han optado por ofertar estos títulos denegados como propios (sin carácter oficial). Ramón Caballero Klink, de CSIF, cita entre los problemas, por ejemplo, que dos títulos con el mismo nombre (Protocolo y Organización de Actos o Videojuegos) tengan una duración distinta según el campus (tres o cuatro años).

Garrell, que es ingeniero informático, reconoce que sus títulos están a medio camino entre la universidad y la Formación Profesional Superior y que no tienen un espíritu generalista, pero recuerda que responden a una necesidad muy específica en el campo de las nuevas tecnologías y la empresa. Por ejemplo, el grado en Diseño e Innovación de Negocios Digitales o en Técnicas de Aplicaciones de Software. “Se cruza la demanda de un sector ocupacional y el interés de los estudiantes”, explica.

“Es incomprensible que se tome esta decisión que nos aleja de los parámetros europeos sin poner sobre la mesa un motivo claro; lo único que sabemos es que los grados de cuatro años no están dando buenos resultados desde el punto de vista de la empleabilidad”, expone Marcel Jansen, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. La tasa de paro juvenil en España es del 40,9%.

La Universidad Oberta de Catalunya — a distancia y semiprivada— apenas oferta un grado corto: Diseño y Creación Digitales, con 1.600 estudiantes. “Ahora cómo les explicas que su título vale menos. Es un lío monumental”, se lamenta Carles Sigalés, su vicerrector de Docencia y Aprendizaje. La UOC tenía en marcha otros dos grados informáticos ya aprobados por la agencia de calidad catalana.

Jorge Sainz, secretario general de Universidades con el PP (2015-2018), es un firme defensor de los grados de tres años. En Italia, recuerda, han logrado que ingresen en la universidad chicos pobres cuyas familias no concebían que estudiasen un grado de cinco años, pero sí tres. Pero lanza una crítica a las privadas. Cree que se han “saltado pasos”, que tenían que haber ido poco a poco viendo si los grados funcionaban bien antes de lanzar otros. Sigalés, de la UOC, discrepa. La eficiencia de los títulos cortos la demuestra el éxito en Europa.

El problema de la financiación

Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la Universidad Carlos III y experto en el marco de Bolonia, cree que España se precipita en la anulación del grado corto —”no hay evidencias de que funcione mal”— porque los gobiernos no piensan en el largo plazo. Antes de descartar estos grados cortos, Cabrales cree que el ministerio debería tener clara su política de financiación de las universidades. “En otros países europeos no causaba inquietud, miedo, pasar a los grados de tres años porque sus universidades estaban suficientemente bien financiadas para asumir el coste económico de los másteres de dos años”. Aunque en el Reino Unido, recuerda, el máster más extendido es el de un año.

Eduard Vallory, presidente de Catesco —antiguo centro Unesco de Cataluña— ahonda en las cuentas: “A las universidades no les interesa recortar los grados de cuatro a tres años porque para ellas supone una pérdida de ingresos; su financiación la determinan las horas de clase y los alumnos”, apunta. “Y a eso se suma la reticencia de las universidades a cambiar la experiencia de aprendizaje y rediseñar las carreras, es puro corporativismo”, lamenta.

Encina González, responsable de Universidad de Comisiones Obreras, niega el corporativismo y aunque cree que no es momento de cambios en el sistema se alegra de que se consoliden los cuatro años. Cree que el ministerio así posa los ojos en el “mercado natural” que es Latinoamérica. “En los países avanzados —Estados Unidos, Japón o Corea del Sur— los grados son de cuatro años, esa es la lógica”, remacha Félix García Lausin, director del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. “Un grado de 180 créditos en Latinoamérica no tiene valor. No puedes hacer un máster”.

“Al ser tres años, el grado atrae a muchos extranjeros”

La decisión del Ministerio de Universidades de poner fin a los grados de tres años corrió ayer como la pólvora entre profesores y estudiantes de estas carreras cortas en Cataluña, la comunidad que más ha implementado la fórmula de los tres años de grado y dos de máster. En el grado de Global Studies, de la Universitat Pompeu Fabra, que empezó en 2016, el 50% de los estudiantes son de fuera de la Unión Europea. “Es un grado generalista, y al ser de tres años atrae a muchos extranjeros”, señala el profesor Antoni Luna, quien considera que “no hace falta un año más, porque todos los alumnos que se han graduado están haciendo maestrías en las mejores universidades europeas, y han demostrado que están preparados”.

Olivia Frías terminó esta titulación y considera que un año más hubiese sido positivo para hacer más prácticas. “Pero no me siento en desventaja por tener un año menos”, añade. Otro estudiante de este grado, Mallol Codony, sí que cree que “el 3+2 fue un error” y que un año más será positivo para ampliar conocimientos y dar seguridad para afrontar el mundo laboral.

El rector de la Autónoma de Barcelona, donde hay solo dos grados de este tipo, señala que todavía es una propuesta: “Tenemos un mes para presentar alegaciones”. La principal crítica que lanza al plan es que “iría en contra de la autonomía universitaria y la flexibilización”. “Se han diseñado para que duren tres años, y han sido validados, ¿mejorarán mucho con un año más?”, pregunta.

Otros lo consideran directamente un error, como Quim Bosch, gerente de un centro de investigación público en el campus de la UAB. “Creo que es surrealista integrarse en el espacio europeo de enseñanza dando la espalda a este tema”, señala. Bosch además apunta que esta reforma se llevó a cabo en plena crisis económica, con lo que el debate sobre el fomento de la movilidad entre estudiantes europeos fue fagocitado por el debate sobre el coste de los dos años de máster que implicaba esa fórmula. Cataluña aprobó una norma para garantizar que el primer año de máster costase igual que el grado, informa Josep Catà.

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