Ocho millones de alumnos atrapados en la falta de consenso político
La Lomloe nace también sin un acuerdo que dé estabilidad a la escuela. Las autonomías del PP estudian vías para no aplicarla
La octava ley de educativa de la democracia, la Lomloe, más conocida como ley Celaá, fue aprobada este jueves por el Congreso (todavía debe serlo por el Senado) sin consenso, como todas las anteriores. “No es exclusivo de nuestro país, pero sí es un síndrome bastante español”, afirma Juan Manuel Moreno, especialista en Educación del Banco Mundial. “Y tiene un coste muy importante para el sector educativo. No le ayuda a progresar ni a resolver los problemas endémicos que tiene desde hace décadas este ciclo en el que las leyes se aprueban sin acuerdo y con la coletilla de la oposición advirtiendo en el Congreso: ‘Lo primero que haremos cuando lleguemos al Gobierno será derogar...’ en este caso la Lomloe”.
La nueva ley, que se aplicará a la enseñanza de 8,2 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias, inicia su camino con el mismo lastre frente a un sector de la comunidad educativa con el que lo empezaron la ley Wert (PP, 2013), la LOE (PSOE, 2006) y las otras seis: “Nace limitada en su impacto, ya que llegará con contestación a los centros educativos. Los cambios legislativos tardan en llegar a la realidad de los centros, pero tardan mucho más si el ruido mediático ensordece su lectura y aplicación”, dice Lucas Gortázar, autor de un análisis de la ley para el think tank EsadeEcPol.
Las resistencias a aplicar la ley no procederán solo de los centros educativos, especialmente los concertados, que se han movilizado hasta el último momento para intentar frenar el texto. El PP adelantó este jueves que va a movilizar a sus Gobiernos autonómicos y locales para intentar “limitar el efecto” de la norma, señalaron a EL PAÍS fuentes de la dirección del partido, a través de “órdenes y decretos”: las normas de desarrollo autonómico que deben ir desplegando la eficacia de la Lomloe. La dirección del PP reunirá en los próximos días a todos los consejeros de educación de sus Gobiernos para coordinar las acciones y estudiar “el margen” que les deja la ley para actuar. Por ejemplo, trasladan en el PP, si la ley Celaá impide a los Ayuntamientos ceder suelo para colegios concertados, los Consistorios gobernados por el partido tratarán de sacar concesiones de suelo igualmente para estos colegios, aunque sea a través del pago de un canon.
Los Ejecutivos regionales de Madrid, Castilla y León, Andalucía anunciaron que están estudiando la respuesta. El de Murcia precisó que examina “todas las opciones jurídicas para aplicar contrarreformas específicas con el objetivo de evitar la aplicación de la ley Celaá”. Galicia, la única autonomía gobernada por el PP con lengua cooficial —la supresión de la referencia al castellano como lengua vehicular ha generado la mayor polémica de la reforma educativa—, optó, en cambio, por la cautela.
Mucho ruido
Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, opina que tanto en este caso como en los anteriores cambios legislativos “hay más ruido que nueces”. “Aunque se han sucedido muchas leyes, las diferencias son en general menos grandes de lo que pueden parecer por el lío generado a su alrededor. Muchos aspectos esenciales se han mantenido, y los cambios han sido más de énfasis que de otra cosa. Esta ley, por ejemplo, pretende flexibilizar el currículum, que es una buena idea. O hacer la repetición más difícil, que también es muy buena idea. Son innovaciones, pero cautelosas. La reforma curricular se deja para futuros desarrollos, en la repetición se da el poder a los centros... Tampoco la Lomce era una revolución. Los cambios son más gradualistas de lo que parece significar la aprobación de una nueva ley”.
Las cuestiones que encienden el debate y generan grandes dosis de polarización no son “puramente pedagógicas o de aprendizaje”, prosigue Cabrales. “Son los temas de identidad: lingüística, religiosa y casi de ideología política, como es decidir quién gestiona las escuelas, si es el sector privado o el público. Cuando en realidad, una vez descontado el nivel socioeconómico, no se ve ninguna diferencia real entre los resultados de los alumnos de ambas redes educativas”. Uno de los elementos que Cabrales ve positivos en la nueva ley es la introducción de mecanismos para evitar la segregación socioeconómica de los alumnos, ya que hoy la concertada matricula una proporción inferior de alumnos desfavorecidos e inmigrantes que la pública, a pesar de que ambas están financiadas por la Administración.
La Lomloe estrecha los controles sobre la concertada y hace una defensa de la escuela pública, pero como en muchas otras partes de la ley, tras señalar un camino deja gran parte de las decisiones en manos de las comunidades autónomas. Gortázar, cree que la gran movilización de la escuela concertada —en la que estudian un 25% de los alumnos españoles— no puede entenderse sin tener en cuenta “el contexto de caída demográfica que va a afectar al sistema educativo, y, por tanto, la consiguiente caída de plazas que va a suponer”. “En un contexto donde el sistema pierde, se recrudece la guerra escolar por salvar plazas, líneas, centros escolares y puestos de trabajo. Esa es quizás la cuestión relevante de fondo y no tanto la polarización ideológica con la que está transcurriendo el debate público de las últimas semanas”, dice.
¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo? “En los asuntos sobre educación entran en cuestión diversas formas de concebir la sociedad y la vida. Y se ponen en acción las convicciones y los valores, en un debate no exento de un conflicto de intereses. Hace falta generosidad y mucho diálogo para sobreponerse a la mirada de la propia posición. Pero ese es el camino de acuerdo”, afirma el exministro de Educación Ángel Gabilondo, que fue el que más cerca estuvo de lograrlo en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ismael Sanz, que ocupó el cargo de director general de Educación de la Comunidad de Madrid con el PP y es ahora profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, añade: “Entre 2009 y 2010, con Gabilondo de ministro, no estuvimos lejos de lograrlo. La disposición al entendimiento es quizá más fácil cuando un Gobierno no tiene la perspectiva de ir a durar mucho tiempo, creo que eso es un incentivo para el pacto. Pero yo lo veo factible. Cuando vas a los aspectos concretos, no hay tantas diferencias”.
Siga EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook
Apúntese a la Newsletter de Educación de EL PAÍS
Más información
