La comisión de reconstrucción mantiene su rechazo a que la escuela concertada reciba inversión extra

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso se ha ratificado este viernes en su decisión de que la enseñanza concertada ―de gestión privada, pero sufragada con fondos públicos― no reciba los fondos extra que esta reclama para afrontar la vuelta a clase tras la pandemia de coronavirus. Así, el dictamen de la comisión, en su apartado dedicado a la enseñanza, reclama un “incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas”, pero poco después, añade en el punto 18.1 del documento: “La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”. Esta decisión ya provocó esta semana una gran polémica cuando salió, promovida por PSOE y Podemos, del grupo de trabajo de la comisión encargado de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, en el que están presentes todos los grupos políticos salvo Vox. La exclusión de la concertada supone una “línea roja” para el PP, que el pasado miércoles presentó, al igual que Ciudadanos y JxCat, enmiendas que fueron rechazadas en las que se pedía que se incluyese a la educación subvencionada en las partidas económicas extraordinarias. El PNV, firme defensor de la concertada, se opuso también, alegando una intromisión en sus competencias. El texto del dictamen de la comisión, aunque ya se haya aprobado, “sigue vivo” y podría aún cambiar, pero es “muy complicado” que lo haga, según explican fuentes socialistas, antes del pleno en el que se votará la versión definitiva, previsiblemente el próximo 22 de julio. Uno de cada cuatro escolares en España está matriculado en un centro concertado.

La posición de los partidos de Gobierno en el Parlamento, según el Ministerio de Educación, no afecta a los 2.000 millones de euros que el Ejecutivo va a repartir entre las autonomías para que dediquen a sanar las consecuencias de la pandemia en el sector educativo (400 millones de la partida se destinarán a universidades). Este viernes, por ejemplo, Castilla-La Mancha (PSOE) ha comunicado que sí se destinarán fondos para la escuela concertada. “Habrá donde haya un alumno que necesita atención”, ha explicado su consejera Rosa Ana Rodríguez, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Esta aportación de 2.000 millones ―dentro de una partida global de 16.000 millones que incluye otros ámbitos como sanidad o servicios sociales― ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y solo falta que se convalide en el Congreso. La ministra del ramo, Isabel Celaá, lo dejó claro en una entrevista emitida ayer en la web de EL PAÍS: “El fin ha de ser compensar las desigualdades y satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Porque si queremos que el sistema educativo avance, de nada sirve dar más a quien ya tiene más. Por lo tanto, nosotros no hablamos de titularidad sino de los más vulnerables”. En un primer momento el presidente Pedro Sánchez anunció que los 2.000 millones serían por entero para la escuela pública, pero luego el ministerio rectificó: irían a los más desaventajados. Siete de cada 10 alumnos sin recursos va a centros públicos y el 79% de los alumnos de origen inmigrante. La ONG Save the Chidren calcula que los ingresos de las familias más pobres han caído hasta un 31% con la pandemia y se sitúan en 6.942 euros.

Ningún avance

En el Congreso, las posturas no han avanzado un milímetro respecto a lo escuchado el pasado miércoles. “No podemos apoyar su propuesta, que deja fuera a dos millones de alumnos que estudian en la educación concertada. Es un atentado a la libertad de elegir centro que tienen los padres”, ha subrayado la portavoz del Partido Popular, Rosa Romero. “No podemos entender que se les llene la boca diciendo que quieren pactar, llegar a un consenso, y planteen algo que vuelve a las viejas recetas de la izquierda de lo público y lo privado. Ni podemos entender que dejen fuera a los centros de educación especial que necesitan apoyo”.

Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha sido el más expresivo. Se ha mostrado “muy orgulloso” de la posición de ambos partidos: “Los mayores recortes en la última década fueron a la educación pública de gestión directa y, sin embargo, en la privada concertada prácticamente no hubo recortes. Y en algunas comunidades, incluso, se aumentó la financiación”. Según datos de Comisiones Obreras, el Estado y las autonomías redujeron el gasto público en educación ―destinado a ambas titularidades― de 53.400 millones de euros en 2009 a 47.200 millones en 2016.

Echenique incluso ha reprochado a su socio de Gobierno su postura estos años: “La privada concertada ha sido bastante protegida por los diferentes Gobiernos [PP y PSOE] durante la última década”. Los socialistas comenzaron a subvencionar colegios privados en los años ochenta, cuando el objetivo era ampliar la escolarización de los jóvenes y no había suficientes centros públicos para asumirlos, situación que se agravó en los años noventa, cuando la edad de educación obligatoria se aumentó de 14 a 16 años. La ministra Celaá, a la que se acusa de querer terminar con la educación subvencionada, aseguró el jueves en la entrevista en EL PAÍS que nada cambiará si se aprueba su propuesta de ley que se va a debatir en el Congreso después del verano: “La escuela concertada está perfectamente contemplada, respetada y acreditada en la ley”.

María Luisa Carcedo, portavoz socialista, tampoco ha cambiado un ápice su discurso: “Hay que seguir en la lucha contra la segregación y contra la pobreza, a favor de la inclusión social. No puede haber eslóganes genéricos, hay que hablar de lo concreto”.

En paralelo, en un comunicado la patronal Escuelas Católicas, mayoritaria en la enseñanza concertada, ha mostrado su descontento esta semana: “El borrador de la comisión de reconstrucción trata de hundir a todo un sector, el de la escuela concertada, aprovechando la debilidad provocada por la pandemia y consolida el tono absolutista de Podemos frente a la pluralidad educativa que corresponde a una sociedad democrática y prevalece en toda Europa”. Celaá tuvo una buena relación con las patronales como consejera de Educación en el País Vasco, pero la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno ha encendido los ánimos del sector privado subvencionado.

Una red mayoritariamente religiosa

Las escuelas concertadas en España son mayoritariamente religiosas; los centros confesionales acogen a dos tercios de los alumnos de la red privada subvencionada, según la última estadística del INE sobre financiación de la educación privada, publicada en 2017. Por comunidades, la implantación de la enseñanza concertada varía mucho, con algunas en las que atienden a menos de un quinto de los estudiantes de infantil a bachillerato y FP —Castilla-La Mancha (15%), Canarias (16,2%) y Extremadura (17,6%)— y otras que escolarizan a muchos más: Madrid (30,1%), Navarra (33,8%) y País Vasco (48,4%), según datos del año 2018-2019 del Ministerio de Educación.

Este mapa es resultado de un proceso que comenzó con la ley que creó los conciertos educativos en 1985, firmada por un Gobierno del PSOE. Se trataba entonces de normalizar una situación heredada del franquismo, en la que numerosos colegios privados, sobre todo religiosos, recibían subvenciones públicas sin tener que dar cuenta de ellas. La norma estableció controles a cambio de las ayudas, pero además se justificaba porque en aquel momento el país, que todavía tenía mucho camino por delante en la extensión del Estado del bienestar, no tenía suficientes escuelas públicas para atender a todos los alumnos y estas tampoco podían levantarse de un día para otro.

Así se fue creando el conflictivo pero robusto equilibrio que se ha extendido hasta hoy. Y lo ha hecho a pesar de que nunca se cerró el debate de si la concertada es una consecuencia lógica del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos; si es una red subsidiaria que solo debe llegar donde la pública no puede; o si, directamente, no debería existir porque el Estado solo debería sostener la escuela pública.

En función de qué posturas han ido dominando en cada territorio, se ha ido configurando el desarrollo de la red privada subvencionada. Pero también de las necesidades de extensión rápida de la oferta pública, como el aumento de la educación obligatoria a los 16 años en los noventa y la generalización de la escuela infantil. Y, por supuesto, influyen las particularidades históricas de cada territorio. Por ejemplo, en el País Vasco la cifra se debe a la gran extensión de las órdenes religiosas, pero también al histórico movimiento de ikastolas, las escuelas que nacieron durante el franquismo como alternativa para aprender en euskera, dando origen a un movimiento de cooperativas escolares que hoy se mantiene.

Siga EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook

Apúntese a la Newsletter de Educación de EL PAÍS