La comisión de reconstrucción rechaza incluir a la escuela concertada en el reparto de fondos extra para educación

Los primeros textos de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica incluyen, en su parte educativa, que los esfuerzos de inversión extra que se reclaman en este ámbito se destinen únicamente a la escuela pública. “Incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas [...]. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”, dice el punto 18.1 del documento aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados por el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, que ahora servirá de base para la propuesta definitiva de la comisión que trata de fijar una hoja de ruta común para la recuperación tras los peores momentos de la pandemia de covid-19. Así, la redacción de ese apartado dejaría fuera, según han protestado tanto PP como Ciudadanos —PNV y JxCat también han presentado mociones en contra—, a las escuelas de gestión indirecta, es decir las concertadas, privadas subvencionadas donde estudia un 25% de los estudiantes de enseñanzas no universitarias de todo el país, dos millones de alumnos.

Todavía quedan varios pasos en los que el texto podría modificarse: la comisión tiene que reunir el próximo viernes las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo en un solo texto de propuestas definitivas que se elevará al pleno para su votación final. “Se han rechazado todas las enmiendas pero están pendientes para el viernes”, afirma el diputado socialista Pau Marí-Klose, que preside la comisión de políticas sociales. Además, está por ver si las propuestas finales de la comisión podrían afectar al fondo especial para la reconstrucción aprobado a mediados de junio por el Gobierno -Pedro Sánchez anunció 2.000 para educación- o solo se refiere a aportaciones que se aprueben a partir de ahora, ya que, aunque el PSOE asegura que no influirán, el decreto que lo regula todavía tiene que ser convalidado por el Congreso.

En todo caso, el hecho es que este miércoles ha vuelto a la Cámara la eterna disputa entre ambas redes. Una pelea histórica entre la escuela pública y la concertada que tiene como principal componente la defensa de la libre elección de centros, que garantizaría la escuela privada subvencionada, pero cuya existencia como derecho de los padres a elegir (o al menos a que se lo pague en parte la Administración) niegan los defensores de la pública. Estos, además, se quejan permanentemente de que gran parte de la concertada elige a su alumnado, fomentando la segregación de los estudiantes con más necesidades especiales. Por eso, reclaman que el dinero público vaya solo a las escuelas de gestión directa.

El debate entre pública y concertada afloró antes. Fue cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el fondo de 2.000 millones de euros, que el Estado repartirá entre las autonomías para facilitar la complicadísima vuelta a las aulas que se prevé en septiembre, iría íntegramente a la pública. Luego, cuando se publicó la norma que lo regulaba se vio que finalmente no sería así, sino que las comunidades podrán decidir cómo reparten el dinero entre las dos redes. La cuantía finalmente será de 1.600 millones, pues los otros 400 se destinarán a las universidades públicas.

El Ministerio de Educación asegura que, con independencia de lo que está debatiendo la comisión de reconstrucción, ese fondo extraordinario va a cubrir necesidades especiales educativas en su conjunto, lo que incluye no solo a la escuela pública sino a la subvencionada, si tiene que hacer frente a los problemas derivados de la pandemia, explica una portavoz. Aunque esta añade que las mayores problemáticas se concentran en la pública, adonde suelen acudir los alumnos con menos recursos. Aún, detalla la portavoz, no se sabe qué partida recibirá cada ejecutivo autonómico pero cada región repartirá la cuantía según sus necesidades. El dinero llegará a las autonomías en septiembre.

Las cifras muestran que el alumnado desaventajado se concentra en mayor medida la escuela pública. Si los centros subvencionados acogen al 25% del alumnado, deberían teóricamente tener escolarizado a un porcentaje similar de estudiantes en desventaja. Sin embargo, en el caso por ejemplo de los estudiantes de origen inmigrante, matriculan al 14,1% del total frente al 79% de la pública, según los datos del ministerio. Además, mientras el 2,3% de los alumnos de la escuela concertada tiene necesidades especiales de aprendizaje en primaria, en la pública son el 3,7%. En secundaria la diferencia se acorta: representan un 2,7% en la subvencionada y un 2,8% en la pública.

Falta de consenso

“La propuesta que se nos hace es un ataque a la libertad de enseñanza y la libertad de elección de centro de los padres recogidas en la Constitución española. No entendemos que los que dicen que quieren tender la mano hagan estas propuestas”, se ha quejado en su intervención en la comisión la portavoz del PP, Rosa Romero. “Uno de cuatro alumnos estudia en un centro concertado. ¿Por qué quieren dejarlos atrás en este momento cuando se necesita el pleno apoyo al sistema educativo?”, se ha preguntado.

María Luisa Carcedo, portavoz socialista, ha mantenido que en España no se acosa a la enseñanza concertada: “Es el país con más centros concertados de Europa”. Y ha defendido que sea una apuesta ideológica: “La ideología la llevo con muchísimo orgullo”. Carcedo cree que hay que diferenciar lo que es “responsabilidad de las Administraciones públicas y lo que se destina al alumno que es un derecho universal”. Sostiene que se está “embarullando” todo cuando son medidas “para fomentar la igualdad de oportunidades y acabar así con la segregación”.

“El consenso no está impregnando el documento educativo. Lamento que lo que nos traigan sea una postura basada en sectarismo. Me parece grave”, se ha quejado en la misma línea que el PP Sara Giménez, portavoz de Ciudadanos. En el borrador “se establece si se debe proteger más o menos a un niño de un colegio concertado o público, cuando lo que debe de haber es una igualdad de oportunidades. Hago una llamada a la rectificación”, ha insistido Giménez. Íñigo Barandiaran, del PNV, no ha incidido en los motivos para enmendar este punto. El País Vasco tiene el mayor porcentaje de concertada de España: el 48,3% en el curso 2017-2018.

Ahora, habrá que ver si finalmente la propuesta de borrador se queda como está, si se incluye ese punto en la redacción final del documento de propuestas que la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica elevará al pleno y, una vez aprobado, qué consecuencias prácticas tiene sobre las políticas e inversiones educativas para superar uno de los momentos más difíciles que se recuerdan en el sector educativo.

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