Las autonomías decidirán si dan fondos extra a la escuela concertada

El 7 de junio el presidente Pedro Sánchez desconcertó a los centros de enseñanza concertada. Tras anunciar un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros para que las autonomías puedan hacer frente a la reapertura de los colegios en septiembre con las adaptaciones de seguridad que requiere la pandemia, algunos presidentes —como el de Castilla-La Mancha— mostraron su preocupación porque ese dinero acabase en los centros concertados y perjudicase así a las regiones con una “consolidada red pública”. Sánchez aclaró que todo ese dinero sería para la pública. Pero en el borrador del real decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros no figura así. No se especifica la red de destino, de modo que serán las comunidades las que decidan entre qué centros repartirán los fondos. Nueve han asegurado que serán de ambas titularidades.

“El esfuerzo que está mostrando el Gobierno, sobre todo, para defender la sanidad y la educación públicas cuando en septiembre ya tengamos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio me parece definitivo”, señaló Sánchez. Desde entonces, las patronales de la escuela concertada iniciaron su lucha para negociar con las autonomías que las incluyan en el reparto; incluso el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, consideró “inconcebible” que se las excluyera. Según fuentes del Ministerio de Hacienda —encargado de hacer el reparto de los 2.000 millones entre las regiones— será competencia autonómica decidir cómo lo gestionan, con independencia de la titularidad.

En una entrevista el pasado viernes en la cadena SER, la ministra de Educación, Isabel Celaá, no quiso aclarar si los fondos irían también a la concertada. “Irán a aquellos centros donde estén los alumnos más necesitados”, apuntó. Aunque todavía no está claro el protocolo de seguridad, todo apunta a que los alumnos deberán mantener una distancia de, al menos, un metro. Eso podría conllevar una bajada del número de escolares por aula, lo cual exigiría la contratación de más profesores y la búsqueda de nuevos espacios.

“A diferencia de la pública, no podemos usar instalaciones municipales, tendremos que alquilar espacios y eso tiene un coste, al que se sumará comprar geles o mascarillas”, explica Daniel Alba, presidente de la Fundación Educación Católica, vinculada a la FERE, la patronal de las escuelas católicas, mayoritaria en la enseñanza concertada.

En el curso 2018-2019, 5,5 millones de alumnos estudiaron en centros públicos (el 67,2%), 2 millones en concertados (el 25,6%) y unos 700.000 en privados. Si se mira qué centros albergan a los alumnos con más necesidades, a la concertada le correspondería el 25,6%, pero ese curso acudieron el 26,71% de los alumnos con necesidades de aprendizaje. En cambio, al analizar el número de alumnos de origen inmigrante, en lugar de concentrar el 25,6% que les correspondería, solo matricularon al 14,1%; mientras a la pública acudieron el 79%, según datos del ministerio.

“Por principios de equidad, los fondos adicionales se tienen que distribuir atendiendo a las necesidades reales que tienen los centros, y los públicos albergan a más alumnos desfavorecidos y el profesorado tiene que hacer frente a esas situaciones de desigualdad”, considera Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de la Universidad de Murcia y experto en exclusión educativa. “La concertada no debiera quedarse fuera, pero debe recibir un trato equitativo, y ello significa dar más a quienes más lo necesitan”, añade. Según datos de la ONG Save The Children, el 88,9% de los centros gueto en España —aquellos en los que más del 50% de los alumnos tienen pocos recursos— son públicos.

Pagos de las familias

“La Administración tiene que asumir el coste adicional que pueda haber en septiembre, porque todos somos centros sostenidos con fondos públicos”, argumenta José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, que representa al 60% de los colegios concertados. Alvira señala que la ley establece que las administraciones deben garantizar que la enseñanza sea gratuita sin distinción entre públicos y concertados. Aunque admite que en la gran mayoría de sus centros las familias pagan “aportaciones voluntarias”, como mucho de 50 euros al mes, aclara que no son obligatorias. “Los centros no deben pedir dinero para afrontar la situación, pero la pregunta está en el aire: ¿si no lo sufraga la Administración, cómo se financiará?”, lanza.

Nueve comunidades aseguran que distribuirán entre la escuela pública y la concertada la parte de los 2.000 millones: Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Baleares, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Canarias, Extremadura y Galicia todavía no han decidido cómo harán el reparto. Y otros cuatro territorios —Asturias, Cantabria, La Rioja y País Vasco— no contestaron este lunes a este periódico.

En esta recta final del curso ya ha habido un trato desigual hacia la concertada con independencia del color del Gobierno. Murcia (PP y Ciudadanos), por ejemplo, no entregó mascarillas, geles, ni pantallas a los centros concertados con el argumento de que aunque las nóminas de los docentes las paga de Administración, dichas medidas de seguridad se encuadran dentro de los “planes de protección de riesgos laborales” de los colegios e institutos, que cuentan “con sus propias mutuas”, indica una portavoz. En cambio, en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan los socialistas, Compromís y Podemos, la distribución del material se ha realizado por igual. En el País Vasco, con un Ejecutivo del PNV y los socialistas, el responsable de Kristau Eskola (enmarcada en Escuelas Católicas) asegura que los centros concertados no han recibido ningún apoyo para la reapertura de estas últimas semanas.