WhatsApp envía al Supremo dos carpetas con información del teléfono del fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la investigación abierta por revelación de secretos al fiscal general del Estado, ya ha recibido respuesta tanto de Google como de WhatsApp sobre la petición que les hizo para que intentaran recuperar el contenido del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz, borrado por este tras ser encausado. La intención de Hurtado al solicitar la colaboración de ambas empresas es recuperar la información enviada y recibida por los teléfonos del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas en las que se filtró el correo del abogado de González Amador en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. Fuentes jurídicas señalan que el magistrado no ha accedido todavía a las carpetas con la información remitida por las dos empresas, pero el mero hecho de que hayan dado respuesta a su petición y hayan remitido documentación ya lo considera un éxito, dada las dudas que había en que Google y WhatsApp fueran a atender su petición.

La información aportada por las dos empresas se estudiará en dos piezas separadas, que se han declarado secretas. El miércoles el juez abrió la primera causa y encargó a la Guardia Civil que analizara la documentación remitida por las autoridades irlandesas. En un principio solicitó información tanto de Google como de Whatsapp a la justicia irlandesa, pero le advirtieron de que debía derivar la petición sobre la plataforma de mensajería a Estados Unidos.

La respuesta de Estados Unidos, a la que se reclamó los datos de WhatsApp, se recibió ayer a través del Ministerio de Justicia y consiste en dos carpetas zip, a la que acompañan dos escritos, uno de ellos en inglés. El juez ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice la información, como ya había establecido que debía hacerse en “caso de que fuera exitosa, como parece haber sido, la comisión rogatoria librada”, señala el instructor. También ha instado a la UCO a informarle de los avances con una periodicidad mínima de cinco días.