Los inmensos costes de las políticas antiinmigración

La inmigración se ha convertido en la principal línea de fractura de la política contemporánea. Resulta particularmente evidente en Estados Unidos y el Reino Unido, donde la retórica se está volviendo cada vez más absurda.

Pero desde el punto de vista económico, la cuestión es muy sencilla. En la mayoría de las economías avanzadas se está dando un veloz envejecimiento poblacional, y con el declive demográfico, se reduce la oferta de mano de obra. Aunque la automatización y la inteligencia artificial sean capaces de aliviar algunas de estas presiones, no pueden satisfacer la creciente necesidad de trabajadores en las áreas de la salud y la atención a la vejez, ni reemplazar a educadores, fontaneros y muchas otras profesiones que todavía dependen del insustituible toque humano.

A la inversa, los países en desarrollo tienen una enorme oferta de mano de obra, sin suficientes buenos empleos para absorberla. Solo en el continente africano se prevé que en el próximo cuarto de siglo se sumarán a la población en edad de trabajar más de 600 millones de personas. En todo el mundo la cifra se acerca a 1.000 millones.

El resultado es desempleo juvenil crónico, un factor que contribuirá a provocar inestabilidad política y conflictos civiles en muchos países de bajos ingresos. Tensiones a las que se suma el cambio climático, que según las previsiones de consenso afectará sobre todo a las economías en desarrollo y acelerará los flujos migratorios hacia los países más ricos.

Los economistas llevan tiempo diciendo que flexibilizar las restricciones a la movilidad transfronteriza es muy beneficioso tanto para los países de destino como para los de origen. Pero parecería que nadie los escucha, a juzgar por la intensa reacción antiinmigración que se extiende por el mundo desarrollado. En Alemania, la decisión de Angela Merkel de admitir a un millón de refugiados sirios en 2015 puede ser la más impopular que haya tomado en sus 16 años como canciller —aunque en aquel momento se viese como una prueba de coraje moral—. El malestar por el aumento de la población migrante fue una de las principales fuerzas detrás de la decisión del Reino Unido en 2016 de abandonar la Unión Europea en el proceso conocido como Brexit. Y en Hungría, el primer ministro, Viktor Orbán, construyó su identidad política en torno a una plataforma intransigente contra la inmigración, que lo convierte en punto de referencia para provocadores de extrema derecha como Tucker Carlson.

El recorrido de Estados Unidos en el último decenio resulta particularmente preocupante. La capacidad del país para atraer a personas ambiciosas de todo el mundo fue siempre una de sus mayores fortalezas, y motor de crecimiento económico, innovación y dinamismo cultural. Las universidades estadounidenses, en particular, han sido imanes para estudiantes brillantes de todo el mundo que vienen no solo a recibir educación de alta calidad (aunque muy cara), sino también a hacer su vida y su carrera en Estados Unidos. El sistema fue muy rentable, ya que casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Pero hoy ese pilar del dinamismo estadounidense corre riesgo de derrumbe. El Gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump puso en práctica el equivalente a un cierre de fronteras, al tiempo que convirtió en espectáculo público las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con la intención manifiesta de revertir la política de “fronteras abiertas” desarrollada por el expresidente demócrata Joe Biden.

Es posible que las impactantes imágenes de inmigrantes venezolanos acusados de vínculos con pandillas violentas y deportados al infame Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador —donde hay informes que denuncian un trato brutal e inhumano— hayan contribuido a una caída de los cruces de frontera ilegales. Pero este teatro de crueldad también desalentó la inmigración legal por parte de muchas personas cualificadas y ambiciosas, como las que durante tiempo sostuvieron la innovación y el crecimiento de Estados Unidos.

También ha sido muy destructiva la campaña represiva del Gobierno de Trump contra los estudiantes internacionales. Un caso notorio es el de una estudiante de 19 años del Babson College que había llegado a Estados Unidos desde Honduras a los siete años, a quien interceptaron mientras hacía fila para abordar un avión en el aeropuerto de Boston. En vez de volar a casa en Texas como tenía previsto, la detuvieron, la enviaron a un centro del ICE y, a pesar de que un tribunal federal prohibió que la sacaran de Massachusetts, la deportaron a Honduras —separándola de sus padres, que siguen en Estados Unidos—.

Es verdad que las políticas de la era Biden generaron un aumento de los ingresos ilegales, al tiempo que reducían las vías legales para la inmigración económicamente útil. Entre 2020 y 2024, entraron en Estados Unidos unos 11 millones de inmigrantes —y es posible que la cifra sea mucho mayor, si se suman los numerosos ingresos por tramos no controlados de la frontera sur—. Por cierto, la postura de Biden fue una reacción a las restricciones de la primera presidencia de Trump; esto es ejemplo de cómo la política migratoria estadounidense ha oscilado entre extremos, en vez de converger hacia una estrategia coherente.

Dadas las divisiones y disfunciones que imperan en Washington, las opciones de que el Congreso apruebe un proyecto de reforma migratoria con apoyo de ambos partidos son exiguas. Y una dinámica similar tiene lugar en gran parte del mundo desarrollado; Alemania, Francia y Reino Unido tienen dificultades para integrar poblaciones de inmigrantes mucho más reducidas, con tradiciones culturales muy diferentes de las de la mayoría nativa.

En este preocupante contexto, los argumentos económicos a favor de la inmigración son tan convincentes como siempre. De hecho, una investigación reciente señala que, con el tiempo, la pérdida de crecimiento derivada de las políticas antiinmigración de Trump será mucho mayor que el coste de sus aranceles y otras barreras comerciales. Si las tendencias políticas actuales se mantienen, es probable que la divergencia entre los fundamentos económicos y las medidas de los gobiernos siga ensanchándose, lo que dejará a los países desarrollados muy mal preparados para los desafíos que se avecinan.