La evaluación de las medidas públicas

La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España ha llegado tarde, pero está cobrando una relevancia crucial. La aprobación de la ley para la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, junto con la necesidad de medir el resultado e impacto de los Fondos Europeos en todas sus versiones (especialmente los Next Generation), ha situado esta práctica en la órbita de la agenda política y administrativa.

En un país tan descentralizado como el nuestro, uno de los desafíos es la distribución de las competencias evaluativas entre los distintos actores implicados. Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la futura Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y los departamentos y organismos regionales y locales deberán coordinarse de manera eficaz. Sin esta coordinación, existe el riesgo de duplicidades y solapamientos. Es necesario establecer mecanismos de colaboración que generen análisis complementarios y, sobre todo, que faciliten la creación de un repositorio común de evidencias accesible a todos.

Un repositorio centralizado no solo simplificaría el acceso a la información, sino que también impulsaría un debate político más informado y fundamentado en evidencia contrastada. Ejemplos como el repositorio de evaluaciones de AIReF, el Science4Policy del CSIC o los esfuerzos liderados por instituciones como Ivalùa en Cataluña y el Instituto Andaluz de Administración Pública en Andalucía demuestran el potencial de estas herramientas. Desde el ámbito académico, iniciativas como la revista Journal of Policy Evaluation, de acceso libre y promovida por la Sociedad Española de Evaluación, Ksnet y Afi, constituyen un valioso espacio para compartir evidencia científica y enriquecer la toma de decisiones.

Otro desafío igualmente importante es garantizar que este esfuerzo evaluador no se limite al plano técnico. Evaluar no es solo una herramienta técnica que muchos disfrutamos utilizando; es (o debería ser) un imperativo para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados efectivos para la ciudadanía. Especialmente en un contexto marcado por fuertes presiones sobre el gasto social y la necesidad de aumentar la inversión para evitar que Europa caiga en la irrelevancia geoestratégica y económica. Su éxito radica en que las evaluaciones sean entendidas y utilizadas como herramientas esenciales por los responsables políticos y la sociedad en su conjunto. Una evaluación efectiva no busca únicamente identificar errores o aciertos, sino aprender de ellos para diseñar mejores políticas en el futuro.

En un contexto de creciente demanda de transparencia y eficiencia, España debe mejorar en la planificación, ejecución y uso de la evaluación de políticas públicas. Apostar por este enfoque no solo fortalecerá la confianza en las instituciones, sino que también contribuirá a un uso más responsable y efectivo de los recursos públicos.