Un último empujón a la evaluación de políticas públicas

Para el correcto uso de los fondos públicos que mejoren la vida de los ciudadanos, no solo es necesario un buen diagnóstico y formulación de las políticas públicas. También es esencial tener un sistema de evaluación que nos permita analizar cómo se han diseñado e implementado los programas y cuál ha sido su impacto real.

No es ningún secreto que en España no hemos sido los alumnos más aventajados en materia de evaluación de políticas. Ninguno de los intentos de institucionalizar la evaluación ha contado con los suficientes recursos humanos y financieros, así como el poder, capacidades e independencia como para elaborar evaluaciones capaces de apoyar la toma de decisiones informadas en la evidencia. Sin embargo, la evaluación de políticas recibió un fuerte espaldarazo cuando el Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un compromiso para expandir el uso de la evaluación, por medio de una ley de institucionalización que crea los mecanismos para convertirlo en una práctica asentada en toda la Administración General del Estado. La ley se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

Esto es un gran hito en nuestro sistema político. En la propuesta original, la ley incluye muchos elementos positivos que merecen ser destacados. Uno de los más importantes es que elabora un plan para asegurar evaluaciones regulares cada año, tanto a nivel político como ministerial; crea las bases para el uso de indicadores y transforma el Instituto para la Evaluación en una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas que actúe de forma autónoma y con más poder, aunque sin ser totalmente independiente como lo es la Airef.

Sin embargo, si algo nos enseña la evaluación de políticas es que por muy bienintencionada que esté escrita una norma, esta no siempre consigue el impacto deseado. Y el proyecto de ley corre el riesgo de ser víctima de su propio influjo en varios frentes. En general, la ley está escrita con un enfoque obsoleto, confundiendo el concepto de evaluación con el de monitoreo y confiando en exceso en la capacidad de la Administración para ejecutar y usar las evaluaciones por sí sola. Además, disocia artificialmente las evaluaciones ex ante y las ex post y se centra en exceso en un tipo de evaluaciones que, en la práctica, solo puedan ser llevadas a cabo sin introducir análisis cuantitativos rigurosos.

Los países de nuestro entorno, así como la Comisión Europea y la OCDE, están reclamando desde hace tiempo un aumento en el uso de la experimentación y evaluaciones contrafactuales, es decir evaluaciones que nos permitan recolectar evidencia empírica sobre el impacto de un programa. Esta ley se aleja de ese objetivo. Sin embargo, hace tan solo unas semanas, el presidente Pedro Sánchez y varios de sus ministros recibieron la visita de Abhijit Banerjee, uno de los premio Nobel de Economía de 2019 que recibió el galardón precisamente por introducir la metodología experimental en la lucha contra la pobreza. En su charla a principios de julio, frente un gran número de miembros del Gobierno y organizaciones del tercer sector, Banerjee insistió en la importancia de institucionalizar el proceso experimental en España. Algo que hoy tenemos la oportunidad de hacer.

Consideramos que es necesario mejorar la ley en al menos tres ámbitos: aumentar el rigor de las evaluaciones, asegurar recursos humanos y financieros para evaluar y, por último, crear mecanismos e incentivos para mejorar el aprendizaje que venga de las evaluaciones. Esto se puede conseguir mediante la creación de una Unidad de Experimentación de Políticas que, como parte de la Agencia Estatal de Evaluación, se encargue de fomentar y desarrollar proyectos piloto experimentales que puedan ser evaluados de forma rigurosa antes de su lanzamiento a nivel nacional. También es esencial evitar que aumente exponencialmente la carga de trabajo para los empleados públicos, asegurando suficiente tiempo y recursos para ejecutar las evaluaciones. Además, la creación de un Plan de Uso de Resultados público y transparente ayudaría a asegurar que las evaluaciones no se guardan en un cajón ni sus resultados caigan en saco roto.

También sería necesario revisar otros elementos de la ley, como el rol, influencia y supervisión de la nueva Agencia Estatal, el acceso a datos abiertos para los investigadores, la coordinación con otras unidades gubernamentales o el papel del Parlamento en todo este proceso.

Esta ley es un gran paso adelante y los partidos políticos no deberían desaprovechar la oportunidad de mejorarla. Las experiencias pasadas nos deberían recordar que la voluntad de crear una nueva estructura institucional no siempre es suficiente para que la evaluación de políticas se lleve a cabo. Para evitar caer en los mismos errores, los partidos políticos deben llegar a acuerdos que permitan mejorar esta ley. No hay razón para que no haya consenso a lo largo del espectro político, ya que tanto el Gobierno como la oposición se beneficiarían de tener un sistema de evaluación real y eficiente: unos para mejorar el impacto de sus programas y otros para tener información más rigurosa y mejorar la rendición de cuentas con el ejecutivo. A finales de año la ley deberá estar aprobada y sería un grave desperdicio no usarla para adaptar las políticas españolas al siglo XXI.